El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona, Rubén Rus, ha imputado al exministro de Hacienda popular Cristóbal Montoro y a nueve exaltos … cargos de su departamento por presuntamente haber amañado leyes con el fin de supuestamente beneficiar en la etapa inicial de su mandato a empresas gasísticas que eran clientes de un despacho que el propio Montoro había creado antes de incorporarse al Gobierno de Mariano Rajoy. El juez sostiene que, a cambio de importantes cantidades, el equipo del exministro del PP redactó normativas «a demanda» para contentar a empresas del bufete.
Según el auto de doce páginas fechado el pasado 19 de junio y al que ha tenido acceso este periódico, en total en esta supuesta «red de influencias» están involucradas 28 personas físicas y seis entidades jurídicas. Los delitos de los que se acusa al exministro y a sus más cercanos colaboradores son siete: cohecho, fraude contra la administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental.
El juez recuerda que Montoro, que fue ministro de Hacienda entre 2011 y 2018, fue «socio fundador, presidente y consejero de EE (siglas del despacho Equipo Económico) hasta abril de 2008». Después, sigue rememorando el instructor, «ocupó el cargo de Ministro de Hacienda en los años en los que se tramitaron las normas de referencia, ejerciendo las más altas funciones y competencias decisivas en dicha tramitación», apunta Rus en referencia a las supuestas normativas que se aprobaron para beneficiar a los clientes de su bufete.
«Beneficiar intereses»
«Presuntamente (Montoro) hace uso de las potestades que le corresponden en la iniciativa legislativa de su ministerio, lo que presuntamente aseguraría una ganancia al despacho EE», apunta la resolución judicial. El instructor tarraconense afirma que «el uso de tales potestades habría permitido a EE poder ofrecer a sociedades de distintos sectores reformas que beneficiasen sus intereses económicos, en menoscabo del sector público».
«Se ha constatado –prosigue el auto que el investigado (Cristóbal Montoro) ha nombrado entre sus altos cargos a personas estrechamente vinculadas al despacho EE». Una estrategia de copar puestos claves que, según el juez habría «asegurado» al exministro la «elaboración y tramitación de los textos de los anteproyectos de Ley y proyecto de reglamentos se redactasen ‘a demanda’ de las mercantiles investigadas, tras aceptar aquellas pagar por ello».
«La investigación pone de manifiesto la existencia de una organización en la que muchos de los intervinientes habrían desempañado altos cargos en el Gobierno y la Administración Central, desde donde habrían ido creando una red de influencias cuyo fin último sería la obtención de un lucro económico», zanja el instructor catalán.
En esencia –y siempre según el relato del instructor, la trampa era siempre la misma: las empresas que buscaban una reforma normativa de su interés debía recurrir al despacho EE, quien a «importantes pagos», y con un «presunto abuso del ejercicio de la función pública» lograban esas modificaciones legales.
Según los cálculos de Rus, el despacho eentre 2011 y 2019 habría recibido al menos 779.705 euros, al margen de estos gastos a consultoras cercanas. «Los informes técnicos encargados con la finalidad de argumentar sus pretensiones ante el poder público son elaborados por terceras instancias y en el mejor de los casos retocados por EE. A pesar de ello, las minutas del despacho investigado pueden multiplicar por diez lo cobrado por las consultoras que confeccionan los informes», denuncia el instructor.
En el auto conocido este miércoles y en el que también se alza el secreto de actuaciones, además de Montoro son imputados: quien fuera su secretario de Estado, Miguel Ferré; Pilar Platero, exsubsecretaria de Estado de Presupuestos; Diego Martín-Abril, exdirector general de Tributos; su sucesor en el cargo José Alberto García; Oscar del Amo, quien fue subdirector general de Tributos Locales; Rogelio Menéndez, exasesor del gabinete de Montor; José María Buenaventura, exdirector de gabinete del secretario de Estado de Hacienda; y Santiago Menéndez, exdirector general de la Agencia Tributaria.
En la otra parte, en la del despacho EE –que ahora se llama Global Afteli- son imputados los principales responsables de su departamento económico: Ricardo Martínez Rico, Manuel de Vicente Tutor, Salvador Mariano Ruiz Gallud y Francisco de Asís Piedras.
Las empresas gasísticas investigadas son: Air Liquide, Abelló, Messer, Praxair, Sociedad Española de Carburos Metálicos y la asociación de gasistas AFGIM.
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