La investigación que dirige el juez Rubén Rus Vela, el titular del Juzgado de Instrucción 2 de Tarragona, ha constatado que la supuesta trama de ‘leyes a la carta’ o ‘normativa por encargo’ … que ha valido la imputación al exministro de Hacienda del PP Cristóbal Montoro se activó en dos ocasiones muy concretas en 2013 y en 2018, usando la dos veces un modus operandi casi idéntico y sin precedentes conocidos en la larga trayectoria de corrupción en España: permitir que los técnicos de las empresas llegaran a «redactar» las leyes y reglamentos que le interesaban, a cambio de importantes pagos al despacho que había fundado Montoro o la consultora vinculada a este bufete.
Los documentos que obran ya en las diligencias previas 1810/2018, y a los que ha tenido acceso este periódico, certifican que todo este presunto y novedoso entramado corrupto pivotaba en la mercantil Equipo Económico (EE, antes denominado Montoro y Asociados y actualmente Global Afteli), el despacho de asesoría y lobby que fundó el exministro del PP 2006, dos años después de abandonar por primera vez el Ministerio de Hacienda –que había pasado a dirigir en 2020 de la mano de José María Aznar- y antes de volver a ese mismo cargo en 2011 ya con Mariano Rajoy.
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Fue en esta segunda etapa en la que, sostiene el magistrado, Equipo Económico comenzó a operar con un sistema inédito: una suerte de ventanilla externa de peticiones al Ministerio de Hacienda -previo pago, eso sí- para las empresas gasísticas bajo sospecha. Air Liquide, Abelló, Messer, Praxair y Carburos Metálicos se unieron para un fin común: que Rajoy les bajara los impuestos.
El primer supuesto gran amaño legislativo fue en 2013 y fue para que a esas compañías energéticas se les incluyera en la rebaja en el Impuesto Especial sobre la Electricidad. Hasta recurrir al despacho de Montoro estas empresas fracasaron en sus intentos de hacer cambiar de opinión al Gobierno de Rajoy. Llegaron a presentar enmiendas al Grupo Popular y dirigieron cartas a Hacienda, pero nada. Todo cambió cuando las empresas contrataron a EE y a su asesoría vinculada, EY (Ernest&Young). «En menos de un mes», relata el instructor, y sin que nada hubiera cambiado, el Ejecutivo modificó tanto la Ley 28/2024 como el Real Decreto 1074/2014 sobre Impuestos Especiales para beneficiar al conglomerado de las seis gasísticas denominado AFGIM.
Rubén Rus asegura que sus «investigaciones» han «puesto de manifiesto» que AFGIM llegó a «redactar el texto propuesto para la elaboración de la norma» que daría beneficios fiscales a las empresas sospechosas. O sea, Montoro y los nueve exaltos cargos de Hacienda imputados –afirma el juez- dejaron a cambio de dinero que se hiciera una «sustitución o externalización indebida de potestades normativas» a favor de lobby empresarial.
Una década
El segundo presunto gran amaño legislativo por el que ha acabado encausado el exministro de Aznar y Rajoy siguió prácticamente la misma fórmula y tuvo los mismos protagonistas. AFGIM llevaba desde inicio del siglo XXI tratando que los ayuntamientos en los que estaban ubicadas sus plantas de producción y envasado les aplicaran tarifas «notablemente inferiores» para la tributación en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE). Entre 2003 y 2013 habían emprendido sin ningún éxito una cruzada en los tribunales para conseguir esa rebaja. Pero todo había varapalos en forma de sentencias. Llegaron a formular consultas a la Dirección General de Tributos con resultados nulos.
Y entonces en abril de 2015 volvieron a mirar a la supuesta trama de Montoro como única solución para conseguir que les bajaran la tributación. AFGIM, tras las negativas de Hacienda, creó un grupo de trabajo que acabó contactando con EE y EY. «Solo con la intervención de EE, mediante pago, culminaron con éxito las reclamaciones gasísticas», relata el juez. En febrero de 2017 entró en juego el despacho que había creado Montoro y poco después se cambio el IAE a gusto de AFGIM a través de una enmienda a los Presupuestos Generales de 2018, aprobados solo días antes de que Rajoy perdiera el Gobierno en junio de 2018 tras la moción de censura de Pedro Sánchez.
La investigación ha constatado que entre 2011 y 2019 el despacho bajo sospecha se embolsó 779.705 euros de las empresas de gas por su trabajos, aunque –apunta el juez- podría haber mucho más dinero en los supuestos trabajos de asesoramiento que se encargaron a asesoría implicada.
El exministro niega que haya base probatoria
Cristóbal Montero ha salido al paso de la imputación en su contra asegurando en un comunicado que la misma carece de base probatoria y subrayando que coincide «con el actual contexto de verdaderos escándalos del Gobierno» de Pedro Sánchez. Para el exministro, es «anómalo» que se haya leventado ahora un secreto sumarial de siete años en una causa que se le abrió justo al salir de Hacienda en 2018.
«En lo que se refiere a mi inclusión como investigado, se realiza sin ningún elemento probatorio y sin otra motivación, a la postre, que haber ocupado el cargo de Ministro», ha señalado el ex ‘popular’ en un comunicado.
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Enlace de origen : Así funcionaba la inédita trama de amaño de leyes que salpica a Cristóbal Montoro
