El plan para prohibir el ingreso forzoso de pacientes con trastorno mental genera controversia en la Región de Murcia

La medida va en línea con los avances en la promoción de la autonomía en todas las esferas de la discapacidad que siguen las administraciones y que cuenta con el apoyo del tercer sector, pero genera dudas en algunos profesionales de la Psiquiatría, entre los que hay opiniones discordantes.

El jefe de la Unidad de Hospitalización de Agudos adultos de La Arrixaca y presidente de la Sociedad Murciana de Psiquiatría, Francisco Toledo, considera que el texto carece de visión técnica. «No se puede hacer un cambio legal desde la política sin contar con la sociedad científica, porque va a ser difícilmente aplicable e, incluso, diría que es posible que ofrezca resultados contrarios a los que se espera», subraya el responsable de esta unidad, la única de carácter abierto de la Región, que registra cerca de 550 ingresos al año, de los que entre el 15% y el 20% son involuntarios. «Hay que entender que cuando se ingresa a Psiquiatría es porque hay una falla absoluta del sistema familiar y social», destaca.

Para el psiquiatra del Servicio Murciano de Salud (SMS) Félix Crespo, el hecho de que se plantee la reforma legal «señala que hay vulneraciones de derechos que se podrían estar dando». Para el profesional, el texto «viene a posibilitar alternativas» al internamiento forzoso. En este sentido, apuesta por la creación de casas de crisis y el desarrollo de una red comunitaria «que ahora no tenemos». «Seguirá habiendo unidades de agudos y pacientes que tengan que tener un internamiento involuntario, pero con más garantías y más control. Creo que, dentro de unos años, lo veremos como algo de sentido común».

Todos los ingresos de este tipo en un hospital o centro residencial están ya sujetos a autorización judicial. Desde la Consejería de Política Social recuerdan que estos son «una medida excepcional que solo se aplica cuando una persona presenta un trastorno mental grave con un riesgo significativo e inminente para su propia vida o integridad o la de las personas de su entorno, y que se realiza siempre bajo la supervisión de facultativos de la Salud Mental y la autoridad judicial». En la Región, solo el 3% de los ingresos por emergencia social requieren de autorización judicial, indica la Comunidad.

La Consejería subraya el papel de la Fundación para la Defensa Judicial y Curatela para proteger a personas con demencia, problemas de salud mental y discapacidad intelectual, que requieren de apoyo para hacer uso de su capacidad jurídica y contar con mayor autonomía. De hecho, el 25% de las personas sujetas a curatela en la Región viven de manera independiente y el 10%, en viviendas tuteladas. La Consejería recalca que, además, está desarrollando un Comité de Ética con personal especializado y representantes del tercer sector «para hacer respetar los derechos del colectivo».

A expensas del Congreso

«En teoría, legalmente ya no se debería ingresar a alguien sin la autorización del juez, pero es cierto que no toda la legislación está clara», defiende la presidenta de la Federación de Salud Mental de la Región, Pilar Morales, que trabaja con la Dirección General de Salud Mental y el SMS para expandir el uso del documento de instrucciones previas a la salud mental, «para que puedan expresar su voluntad y señalar quién toma decisiones si ellos no pueden».

Para el presidente de Plena Inclusión, Joaquín Barberá, es un paso «positivo». «La Administración debe prestar los apoyos necesarios para que una persona no tenga que ser internada contra su voluntad», señala. El presidente del Cermi a nivel estatal, Luis Cayo, considera que «la regulación mejora la que hay ahora» e «intenta reformular los internamientos forzosos de acuerdo a un esquema más consistente y alineado con los derechos humanos», aunque recuerda que el proyecto de ley todavía debe salir adelante en el Congreso, «y es un tema con cierta polémica».