Lunes, 11 de agosto 2025, 10:18
El Gobierno central ha presentado un requerimiento al Ayuntamiento de Jumilla en el que impugna el acuerdo que se alcanzó en el Pleno del pasado mes de julio por el cual se vetaría el uso de las instalaciones deportivas para las actividades religiosas, medida que afecta a dos rezos musulmanes que se venían celebrando en uno de los polideportivos municipales. El Ejecutivo ve que esta medida «vulnera los principios constitucionales de libertad religiosa, igualdad y neutralidad administrativa, y constituye una clara desviación de poder».
La Delegación del Gobierno, en coordinación con los ministerios de Política Territorial y Justicia, ya ha solicitado al Consistorio que anule dicha moción, aprobada por el PP tras enmendar una iniciativa de Vox, quien finalmente se abstuvo. En ella, se instaba a la modificación del reglamento sobre edificios deportivos para que se destinen «exclusivamente para el ámbito deportivo o actos y actividades organizadas por el Ayuntamiento de Jumilla, y en ningún caso para actividades culturales, sociales o religiosas ajenas al Ayuntamiento».
El Ejecutivo central entiende que las actividades socioculturales están permitidas en este tipo de espacios públicos y que no existen inconvenientes para poner restricciones de uso. «Las razones objetivas esgrimidas no se sustentan», argumentan desde Madrid, aunque el Ayuntamiento ha defendido estos días que la medida venía siendo estudiada desde hace tiempo por «diferentes problemas». Las dos celebraciones que se verían afectadas serían el final del Ramadán y la Fiesta del Cordero.
La delegada del Gobierno, Mariola Guevara, ha confirmado a este periódico que, de no atender el Ayuntamiento el requerimiento del Gobierno de España, el siguiente paso sería que la Abogacía del Estado llevara dicho acuerdo al Contencioso-Administrativo, aunque también se están estudiando otras vías para conseguir la anulación de la moción aprobada. La representante del Ejecutivo en la Región añade que los servicios jurídicos ya trabajan para frenar dicha iniciativa si no hay respuesta desde el Gobierno de Severa González.
El requerimiento, al que ha tenido acceso LA VERDAD, remarca que ese acuerdo supone «una infracción de los principios que han de regir la gestión y administración» de los bienes públicos locales, «sin que dicha limitación esté debidamente motivada y justificada en razones orientadas a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal». El Gobierno considera que se vulnera, por tanto, varios artículos de la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas, al no existir argumentos de peso que excepcionen determinados usos de estas instalaciones.
«Una restricción indebida»
La medida aprobada supone, a ojos del Gobierno, «una restricción indebida del derecho a la libertad religiosa, carente de toda motivación». La exclusión de actos religiosos que no están organizados por el Ayuntamiento, «sin acreditar perturbación del orden público ni conflicto de usos, constituye una restricción injustificada de este derecho fundamental», alegan, «es indudable» que esta exclusión «afecta directamente a la comunidad musulmana de Jumilla, impidiendo el ejercicio colectivo del culto sin una justificación objetiva». Por tanto, también se vulneraría la Ley de Libertad Religiosa y el artículo 16 de la Constitución española, que «garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades, sin más limitación que la necesaria para el mantenimiento del orden público».
A lo anterior cabría añadir que la decisión del Gobierno local también infringiría el «principio de reserva de ley» que fija la Carta Magna, ya que no existe norma legal en la que el Consistorio pueda basarse «para limitar ejercicio de la libertad religiosa en lo relativo al uso de las instalaciones municipales». El Ejecutivo nacional justifica que la medida adoptada «excluye de facto a una confesión religiosa minoritaria (la musulmana), sin ofrecer alternativas razonables ni acreditar incompatibilidad funcional».
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Los ministros se pronuncian
Ángel Víctor Torres: “Ante la intolerancia no hay medias tintas”
El requerimiento enviado este lunes al Ayuntamiento, con informe jurídico incluido del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, defiende el “derecho constitucional” sobre el uso por parte de la comunidad musulmana de estas instalaciones deportivas. “Ante la intolerancia no hay medias tintas. PP y Vox no pueden decidir para quién sí hay libertad de culto y para quién no”, explicaba esta mañana el ministro Ángel Víctor Torres.
Su compañero en el Consejo de Ministros, Félix Bolaños, titular de Justicia, justifica la medida adoptada por el Ejecutivo “frente a la deriva extremista” de PP y Vox: “Defendemos la Constitución, los derechos y la libertad religiosa”. Añade que el Ejecutivo frenará las “medidas ultras” de ambos partidos, “como hicimos ante las trabas al aborto en Castilla y León o la censura en Murcia”.
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Enlace de origen : El Gobierno impugna el veto a los rezos musulmanes en instalaciones deportivas de Jumilla
