Nueve malíenses y un senegalés de entre 16 y 18 años son los primeros menores solicitantes de asilo trasladados desde Canarias hasta la península este … lunes por el Gobierno para cumplir, con más de cuatro meses de retraso, la orden del Tribunal Supremo que ordenó al Ejecutivo que se hiciera cargo de la situación de los refugiados. Los diez adolescentes de hoy, dos más de los previstos al principio, abren las derivaciones que ha comprometido el Gobierno con Canarias: dos viajes por semana con entre 15 o 20 migrantes en cada uno de ellos para completar en entre siete y diez meses el traslado de los mil menores que se encuentran en esta situación.
En marzo, el Supremo exigió a que los ministerios de Interior y de Migraciones que se responsabilizaran de la acogida del millar de menores cuyas peticiones de asilo no habían podido ser tramitadas en Canarias por el colapso del sistema migratorio de acogida en las islas. Los jueces dieron un ultimátum y amenazaron incluso con sanciones a los funcionarios que no cumplieran con sus órdenes.
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha criticado la «improvisación» del Gobierno ante estos traslados y ha recordado que existen unos «protocolos y unas garantías» porque «no son mercancías, sino seres humanos». En concreto, Clavijo ha explicado que su comunidad, que aún mantiene la tutela de los menores, debe contactar con las autonomías que acojan a los migrantes para compartir sus datos personales. Además, ha señalado que el Gobierno central todavía no ha informado a Canarias de dónde estarán las 1.200 plazas de acogida que deben abrirse en centros de la península. «Se está utilizando políticamente a los más vulnerables entre los vulnerables’, ha afirmado en una entrevista en RNE.
El destino de los menores, que no se conoce, ha generado controversia después de que varias comunidades autónomas, las gobernadas por el PP y Castilla-La Mancha, del PSOE, hayan mostrado públicamente sus recelos ante los planes del Gobierno para las derivaciones desde Canarias. Madrid ha sido la que ha expresado un rechazo más notorio después de que el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, gobernado por los populares y con el aval de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, decidiera cerrar el gran centro de migrantes de la localidad con el argumento de que no tenía licencia.
En este sentido, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha asegurado que su Gobierno «no tiene capacidad para acoger más menores migrantes sin una planificación temporal y sin los recursos económicos suficientes».
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