El traslado a la Península de los diez primeros menores migrantes solicitantes de asilo procedentes de Canarias, dentro de la reubicación de los más de 800 de los que se hará cargo el Gobierno central atendiendo al mandato del Tribunal Supremo, no tendrá como destino la Región.
La Comunidad no recibirá a ninguno de estos diez primeros niños que parten de las islas esta semana, según confirmaron fuentes de la Delegación del Gobierno a LA VERDAD, aunque no se descarta que puedan llegar otros peticionarios de asilo en los futuros traslados previstos.
Cabe recordar que en el archipiélago, el Gobierno de España ya facilitó plazas el pasado 23 de julio a medio centenar de estos niños extranjeros que han pedido protección, y que se encuentran en el centro de acogida ‘Canarias 50’ de Las Palmas.
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones prevé impulsar dos traslados semanales de entre 15 y 20 de estos peticionarios de asilo a la Península, que se repartirán entre varias comunidades autónomas. Así, antes de que acabe la semana está prevista la puesta en marcha del dispositivo para mover a otros 15 o 20 desde las islas.
Hasta ahora, el departamento que dirige Elma Saiz no ha revelado el destino final de estos menores, lo que ha despertado críticas desde las comunidades gobernadas por el PP.
A la espera de otros 133
El Gobierno de la Región de Murcia señala no tener ninguna información respecto a estos traslados por parte del Ministerio a día de hoy. Del mismo modo, la Comunidad de Madrid ha acusado de deslealtadad institucional al Ejecutivo central por no especificar dónde van a ir ni cuántos se trasladarán a cada lugar.
La mayoría de estos niños llegan en una situación de alta vulnerabilidad, al proceder en muchos casos de territorios en guerra. Según el Ministerio, casi el 90 % proceden de Mali.
El reparto de los peticionarios de asilo es independiente del proceso que arrancará en septiembre para la reubicación de 3.975 menores, que gestiona el Ministerio de Juventud e Infancia, de los que según el último cálculo del Gobierno central, la Región tendrá que asumir la acogida de 133, para lo que contará con cerca de 1,7 millones de financiación estatal.
La Comunidad ha recurrido esta decisión al Constitucional junto a otras comunidades gobernadas por el PP, al considerar que invade las competencias autonómicas.

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