El Tribunal de Cuentas apunta otra vez al agujero «financieramente insostenible» del SMS

El informe -concluido a finales de diciembre de 2024-, llegó tanto a la Asamblea Regional como a la Comisión Mixta para las relaciones con el Tribunal de Cuentas del Congreso de los Diputados. Esta comisión insta a la Comunidad, entre otras cuestiones, a «diseñar un nuevo marco legal para el sistema sanitario regional, definiendo, entre otros aspectos, la naturaleza jurídica del Servicio Murciano de Salud y su tipología». Aquí apunta que hay que «adecuar las dotaciones presupuestarias del SMS a las necesidades reales de gasto de cada ejercicio, atendiendo a las observaciones del Tribunal de Cuentas que advierten de su insuficiencia para garantizar una prestación satisfactoria de los servicios sanitarios públicos».

Así, en su informe, el Tribunal advierte de que «las obligaciones pendientes de pago de la Administración regional se encuentran infravaloradas en 3.405 millones de euros, fundamentalmente por no haberse registrado las obligaciones por transferencias correspondientes al déficit acumulado del SMS».

Infrafinanciación estructural

Ese déficit se deriva de la infrafinanciación estructural del SMS. Así, esta situación a la que se refiere el Tribunal de Cuentas en 2022 fue a más en 2023: el SMS acumulaba un déficit contable de 3.621 millones de euros, según recoge la Cuenta General de la entidad a cierre de ese ejercicio.

Sin embargo, el órgano fiscal hace hincapié también en cómo afecta al apartado contable del conjunto de la Administración regional. Evidencia que el remanente de tesorería (que indica la liquidez de una entidad al cierre de un ejercicio y su disponibilidad para gastos) «no refleja la verdadera situación financiera a corto plazo». Esto se debe a que, lejos del saldo positivo de 1.828 millones de euros que dice tener la Administración regional, está sobrevalorado en 4.622 millones por la falta de registro de las transferencias al SMS para cubrir su déficit. «Eliminando la sobrevaloración citada, el remanente de tesorería resultante se sitúa en 2.793 millones de euros en negativo», apunta el Tribunal de Cuentas.

De igual forma que en otros ejercicios anteriores, también señala la administración de la empresa Desaladora de Escombreras. «Existen dudas significativas sobre la viabilidad de la empresa y la capacidad de esta para generar beneficios mientras que no se alteren las condiciones» sobre las que se desarrolla el actual modelo de gestión de la planta desaladora. La Comisión Mixta del Congreso insta en este punto a aprobar de una vez «el proyecto de cesión global de activos y pasivos de la sociedad» a favor del ente público Esamur.

Incumplimiento del déficit

En otros resultados de esta fiscalización, expone el Tribunal sus dudas sobre la capacidad de la Comunidad de afrontar los objetivos de gasto público cuando se flexibilicen los criterios en vigor. Sobre todo, teniendo en cuenta que lleva «incumpliendo de forma recurrente el objetivo de déficit cada año y que haya superado las tasas referenciales de 2020». De hecho, en 2022, «se ha situado en el 3%, siendo superior al déficit de referencia establecido del 0,6% paras las Comunidades Autónomas». También advierte de que se superaron las previsiones de deuda financiera establecidas por el Plan de Ajuste presentado para la adhesión al Fondo de Liquidez Autonómico.

«De conformidad con el marco normativo»

En todo caso, «excepto por las irregularidades» que enumera, considera este órgano que la Cuenta General y la gestión presupuestaria «se ha ajustado, en términos generales, a la normativa de aplicación».

Desde la Consejería de Hacienda, consultada por LA VERDAD, se remiten a la conclusión del informe donde se señala que «la Cuenta General de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia de 2022 presenta fielmente, en todos sus aspectos significativos, la situación económica, financiera y patrimonial, los cambios en el patrimonio neto, los flujos de efectivo, los resultados del ejercicio y la ejecución y liquidación del presupuesto de las entidades que han de integrarse en ella, de conformidad con el marco normativo contable aplicable».

En cuanto a las propuestas y recomendaciones de mejora, el departamento de Luis Alberto Marín considera que «son atendidas por la administración regional de forma gradual conforme la disponibilidad de medios materiales y humanos permiten adoptarlas».

El Gobierno regional no se mueve de su postura sobre la quita de la deuda: «Es parcial y arbitraria»

También la llegada del mes de septiembre puede traer consigo la aprobación por parte del Ejecutivo central del proyecto para la quita de la deuda autonómica que se acordó entre PSOE y ERC hace un año para hacer posible la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat.

En el caso de la Región de Murcia, donde la condonación supondría 3.318 millones de euros, el Gobierno autonómico no se mueve de la postura que ya escenificó en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera de febrero. Entonces, junto al resto de autonomías del PP, el consejero murciano de Hacienda, Luis Alberto Marín, abandonó ese encuentro. «La única solución real es una reforma del sistema de financiación autonómica, no una condonación parcial y arbitraria», sostienen a día de hoy desde la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital, después de conocerse por ERC, y posteriormente confirmado por el Ministerio de Hacienda, que el anteproyecto de ley que hará posible esta condonación llegará al Consejo de Ministros en los primeros días de septiembre. La quita, según adelantó el departamento de María Jesús Montero, ascendería en el conjunto de las comunidades autónomas a unos 83.000 millones de euros y su votación y aprobación definitiva dependerá del Congreso de los Diputados, un trámite que el Gobierno de Sánchez pretende que se lleve a cabo antes de final de año.

Para el Ejecutivo murciano del PP, «la condonación de la deuda está hecha a medida de los intereses de Cataluña y del independentismo, no es una decisión tomada pensando en el interés general sino en unas exigencias [de ERC] que Sánchez tiene que cumplir para seguir siendo presidente». Cargan de nuevo en la necesidad de reformar el sistema de financiación, al que atribuyen el 95,5% de la deuda actual de la Comunidad.

Hablan de «parche» para referirse a la quita. Sin la reforma que piden, considera la Consejería que el importe condonado se transformará en deuda de nuevo en un plazo de tres o cuatro años. También apuntan que el ahorro en intereses no se podrá destinar a gasto social, como matizó la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), ni podrán salir a los mercados a financiarse.