Lunes, 25 de agosto 2025, 14:17
La Comunidad conocerá esta semana el número exacto de menores extranjeros no acompañados procedentes de la situación de hacinamiento en Canarias y Ceuta por la crisis migratoria. La cifra preliminar que el Ministerio de Juventud e Infancia dio a conocer para la Región de Murcia el pasado mes de julio fue de 133, aunque el reparto final será probablemente inferior, ya que el cálculo deberá hacerse descontando de la cifra total el número de niños y adolescentes que han solicitado asilo y de los que se tiene que hacer cargo el Gobierno central. Los criterios serán los ya anunciados, donde el factor de mayor peso es la población de las autonomías, junto a otras variables como la renta per cápita, la tasa de paro o el esfuerzo previo en la acogida de menores.
Se espera que el Gobierno lleve al Consejo de Ministros de este martes el decreto que definirá finalmente la capacidad ordinaria y determinará el número de traslados a cada territorio después de meses de tensiones con las comunidades autónomas Gobernadas por el Partido Popular y el Ejecutivo socialista de Castilla-La Mancha, que han recurrido la decisión ante el Tribunal Constitucional. A esto se sumó la intención anunciada por Baleares de elevar un recurso al Supremo.
Mientras tanto, el Gobierno regional sigue sin desvelar cuál será destino de estos niños en la Región ni cuál es el plan para habilitar las plazas necesarias para cumplir con su deber legal de acogerlos, después de firmar el acuerdo con Vox para cerrar antes del inicio del próximo curso escolar el mayor centro de menores de la Región en la pedanía murciana de Santa Cruz, donde residen cerca de 60 menores, y dar marcha atrás en la adquisición de viviendas para menores migrantes tras las amenazas de romper el acuerdo de Presupuestos del partido que preside José Ángel Antelo en la Región a la Comunidad.
La Comunidad ha señalado que cumplirá con la lo que dicta la legalidad vigente, como reclamó el viernes el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, que recordó que la ley establece un sistema de «solidaridad» entre territorios a través de «criterios objetivos» y que las comunidades deben acatarla.
Los traslados, en cualquier caso, se harán de forma gradual. Una vez que esté aprobada la cifra definitiva, el protocolo de actuación determina que, en el momento en que un menor migrante no acompañado llegue a un territorio declarado en contingencia migratoria extraordinaria, es decir, con una ocupación que sobrepase tres veces sus recursos, tendrá que ser reubicado en otro en un plazo máximo de 15 días naturales desde su inscripción en el Registro de Menores, aunque los que ya se encuentran acogidos en estas zonas podrán ser trasladados dentro del primer trimestre de 2026.
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