Una jueza bloquea las expulsiones rápidas de migrantes impulsadas por Trump

La decisión de Jia M. Cobb, jueza de Washington DC nombrada por el expresidente demócrata Joe Biden, supone un nuevo varapalo para la campaña antiinmigración que lidera Trump, quien ganó las elecciones del año pasado con la promesa de expulsar al menos a 11 millones de indocumentados y que desde que recuperó el poder en enero ha promovido todo tipo de iniciativas –algunas con enorme polémica– en ese sentido. Los republicanos habían utilizado las denominadas «expulsiones aceleradas» para devolver a migrantes detenidos a menos de 160 kilómetros de la frontera con México que hubieran entrado en EE UU en las dos semanas anteriores a su arresto. Sin embargo, como ya hizo en su primer mandato, el magnate decidió generalizar esta práctica al resto del país así como aplicarla a extranjeros que llevaran hasta dos años en suelo estadounidense.

El fallo judicial, publicado el viernes por la noche, advierte de que esta versión ampliada de las expulsiones rápidas implica la salida forzada de migrantes sin pasar antes por un procedimiento legal y sin la opción, además, de demostrar que llevan más de dos años en EE UU en los casos que así sea. «Prioriza la rapidez», denuncia el dictamen. Y con este sistema, insiste Cobb, se corre el riesgo de que se deporte «erróneamente» a algunas personas. «El Gobierno esgrime un argumento realmente sorprendente: quienes entraron ilegalmente en el país no tienen derecho a ningún proceso en virtud de la Quinta Enmienda (de la Constitución), y sólo podrían contar con una posible medida de gracia del Congreso», explica la jueza federal. «Si esto fuera cierto, no sólo los extranjeros, sino todo el mundo estaría en peligro», avisa.

Una ley de 1996

La magistrada no apela solamente a la Quinta Enmienda, que pretende proteger a los ciudadanos de posibles abusos de autoridad por parte de la Administración en un proceso judicial, sino también al artículo de la Carta Magna que señala que «nadie será expulsado de EE UU sin la posibilidad, en algún momento, de ser oído». Cobb, eso sí, no cuestiona la constitucionalidad de la ley original de expulsiones rápidas, creada en 1996, ni su uso en la frontera, como se lleva a cabo desde hace tiempo. Los grupos de derechos civiles –uno de ellos, ACLU, había llevado este asunto a los tribunales– celebraron la resolución al considerar que supone un freno a la política de deportaciones masivas impulsada por Trump.

El líder republicano ya se encontró con problemas en su primer paso por la Casa Blanca para ampliar el uso de las expulsiones exprés. Un juez federal impidió inicialmente la iniciativa y no fue hasta octubre de 2020, apenas unas semanas antes de la victoria de Biden en las urnas, cuando logró ponerla en marcha.