El 30% de las pedanías de Lorca ya tienen menos de cien habitantes

Son enclaves que hoy apenas conservan unos pocos hogares: Garrobillo (81 habitantes), Zarzalico (69), Hinojar (59), Nogalte (63), Ortillo (37), Barranco Hondo (27), Puntarrón (9), Humbrías (14), Carrasquilla (39), o Jarales (42). La más deshabitada, Puntarrón, tiene únicamente nueve habitantes censados.

En Humbrías no hay escuela ni consultorio. Tampoco farmacia o cajero del banco. Por no tener, sus habitantes ni siquiera disfrutan de fiestas propias. Y no hay menores –como también ocurre en Nogalte–, lo que augura una situación complicada para el futuro del pueblo por falta de relevo generacional.

El contraste con las pedanías más pobladas es radical. Mientras algunos caseríos sobreviven con una decena de vecinos, otras concentran miles. Es el caso de Campillo (4.150 habitantes), La Hoya (4.112), Purias (3.381), Tercia (3.111) y Cazalla (2.920). Cinco pedanías que suman la mitad de la población que, en Lorca, vive en zonas rurales, que asciende a 35.219 personas.

El análisis de los datos deja varias lecturas. La primera revela la brecha entre unas pocas concentraciones urbanizadas y un mosaico de núcleos rurales dispersos. La segunda muestra dos realidades opuestas: Barranco Hondo, con 0,18 habitantes por kilómetro cuadrado, se sitúa en la categoría de «desierto demográfico», mientras que Pulgara alcanza los 334 habitantes por kilómetro cuadrado, una cifra comparable a zonas periurbanas. En general, las sierras y bordes del término municipal acumulan la mayor parte de los micronúcleos de población, con distancias largas y vías estrechas que dificultan la comunicación. Mientras, los ejes de paso y del regadío articulan la centralidad comarcal y atraen servicios y población.

Gestionar un municipio con 39 pedanías –cifra actual tras la reciente segregación de Las Terreras de La Paca– entraña verdaderas dificultades, como garantizar buenas comunicaciones, servicios esenciales o conectividad digital. Inversiones públicas que, frecuentemente, la administración local y regional consideran «insostenibles» cuando se plantean desde un punto de vista estrictamente económico.

Un reto para la Administración

La reducción progresiva de servicios básicos –como transporte público, consultas médicas itinerantes o falta de mantenimiento de infraestructuras– obliga a los vecinos a desplazarse a decenas de kilómetros para cubrir necesidades elementales, lo que incrementa el sentimiento de aislamiento y empuja a las familias más jóvenes a marcharse. Por eso, la ausencia de planes estratégicos a largo plazo y de incentivos reales para fijar población en estas áreas refuerza un círculo vicioso: menos habitantes significan menos servicios, y menos servicios implican aún menos habitantes.

Javier Esparcia Pérez, doctor en Geografía y en Sociología y catedrático de Análisis Geográfico Regional de la Universidad de Valencia, advierte de que el costo de no actuar tiene un impacto negativo en el gasto futuro, ya que la despoblación extrema aumenta los costes por habitante en servicios básicos. Es decir, mantener infraestructuras para pocos usuarios es menos eficiente que estabilizar población antes de que se vacíen. Esparcia Pérez, que participó en Lorca en unas jornadas sobre despoblación el pasado enero, pone ejemplos: «Invertir hoy en transporte a demanda cuesta menos que tener que asumir mañana un plan de emergencia por aislamiento o abandono de infraestructuras».

Entre barrios densamente poblados y otros más deshabitados, el casco urbano de Lorca también refleja una ciudad dispar. Las últimas cifras oficiales del Ayuntamiento de Lorca, publicadas también en el portal de Datos Abiertos de la Región, muestran una variabilidad de densidad entre los barrios urbanos llamativa.

Mientras el barrio de Santiago supera los 20.000 habitantes por kilómetro cuadrado, otros –como Corazón de María– se mantienen por debajo de los 1.000, lo que abre las puertas a distintos estilos de vida, pero también a ciertas desigualdades estructurales dentro de la misma ciudad, lo que influye en el acceso a recursos, servicios y oportunidades. Esta diversidad de contextos dentro del casco urbano puede convertirse en una fortaleza si se trabaja desde la planificación para que todos los barrios cuenten con infraestructuras, transporte y una calidad ambiental adecuada. O lo que es lo mismo, para lograr un equilibrio entre la ciudadanía.

En los barrios más poblados, como Los Ángeles-Apolonia o San José, con densidades superiores a los 15.000 habitantes por kilómetro cuadrado, la presión sobre el espacio público y los servicios se traduce en escasez de zonas verdes, saturación en la atención sanitaria y dificultades de movilidad. En los barrios con menor densidad de población los problemas son otros, como falta de transporte público, menor oferta comercial y escasa inversión en equipamientos. Estos últimos podrían beneficiarse de políticas de vivienda que atraigan a familias jóvenes, evitando su despoblamiento futuro.