La abogada Maite García Castillo, que trabaja vinculada al sindicato Comisiones Obreras, recuerda con pesar la alarma que utilizaba hace años en su despacho … para advertir cuando un despido se enconaba en el juzgado más de seis meses. Una medida de alerta que el paso del tiempo pulverizó y que a día de hoy no tendría ningún sentido. El tiempo medio que los órganos de lo Social de la Región emplean para tramitar un despido se ha quintuplicado en las últimas dos décadas y ya supera el año, de acuerdo al balance que ha puesto encima de la mesa el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La espera ronda concretamente los 12,3 meses frente a los 2,8 que se manejaban en 2004. El retraso de estos procedimientos en la Administración regional, atenazada por la elevada litigiosidad, la falta de medios y los efectos de las sucesivas huelgas que se libraron en 2023, supera en cuatro meses a la media nacional y es el más acentuado de todo el país.
La demora que lastra este tipo de procedimientos se repite en prácticamente todas las jurisdicciones. Los juzgados de la Región llevan muchos años incrementando paulatinamente sus retrasos y, según los datos desgranados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la Comunidad batió este año un nuevo récord traspasando por primera vez la barrera de los 200.000 asuntos pendientes de respuesta. El Poder Judicial ha emitido recientemente un análisis que permite comparar los tiempos que han manejado los tribunales en las dos últimas décadas. En los asuntos sociales, por ejemplo, la espera media en la Región ronda ya los 14,8 meses frente a los 3,8 de 2004. La situación es especialmente grave en materias como las reclamaciones de cantidad, que han pasado de 4,2 meses de tramitación a 16,8; o los procedimientos por accidentes laborales y enfermedades profesionales, que se hacen esperar ahora 17,6 meses de media frente a los 3,2 meses de hace veinte años.
El principal lastre
La tardanza, el principal lastre de la Justicia regional, va directamente ligada a la elevada litigiosidad y a la falta de medios que sufre la Administración regional. En estas dos décadas, según datos ofrecidos por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), el número de asuntos ingresados en los tribunales de la Región aumentó un 32,6%, pasando de 165.338 asuntos en 2001 a 219.180 en 2023. La jurisdicción civil es la gran protagonista de este cambio. Los órganos de esta materia –entre los que se encuentran los de Familia– han vivido un aumento de asuntos sin parangón. Los 15.607 casos que tramitaron en 2001 se dispararon hasta 91.067 en 2023, un crecimiento de casi un 500%. Los asuntos civiles, cuyo tiempo de tramitación se ha multiplicado por seis, suponen ya el 40% del total. Para hacer frente a esta avalancha, remarcan las fuentes, los juzgados de la Región han contado prácticamente con las mismas armas, porque en la última década el número de jueces y magistrados apenas se ha reforzado. «En 2024 cada juez de esta jurisdicción en la Región gestionaba una media de un 64% más de asuntos que en 2016», subrayan las fuentes.
La tramitación de un divorcio sin consenso conlleva ahora más del doble de tiempo: una media de 14,1 meses
Con estos mimbres, los murcianos que batallan su divorcio en los tribunales deben ahora armarse de mucha más paciencia que hace dos décadas y la demora, advierten los profesionales, acaba repercutiendo en muchas ocasiones en el propio núcleo familiar. La tramitación de un divorcio sin consenso conlleva ahora más del doble de tiempo: concretamente una media de 14,1 meses frente a los 6,6 en los que se gestionaba en 2004. Solo Castilla La Mancha, con 15,6 meses, arrastra unos tiempos de respuesta más dilatados que la Región, conforme a los datos facilitados por el Poder Judicial.
En materia civil son otros muchos los procedimientos que arrastran una importante demora. Es el caso, por ejemplo, de los conocidos como verbales arrendaticios, destinados a dirimir disputas relacionadas con el alquiler de viviendas, como un desahucio. En este caso la espera media a día de hoy ronda los 13,9 meses. En 2004 no llegaba a alcanzar los cinco meses. Algo similar ocurre con los cambiarios, procedimientos dirigidos a reclamar una deuda derivada de una letra de cambio, pagaré o cheque. Los órganos de Primera Instancia o Primera Instancia y Instrucción de la Comunidad tardan de media la friolera de 25,1 meses en dar respuesta en estos casos, una espera que ha aumentado más de un 50% en estos años.
En los órganos penales los tiempos de respuesta también se han disparado. Una vista de faltas se hace esperar ahora de media un año y medio. Echando la vista atrás, hace dos décadas la demora apenas superaba los cuatro meses.
Aunque son los menos, también hay áreas de los juzgados de la Región que han conseguido mejorar sus tiempos en este periodo. Es el caso, por ejemplo, de la Sala de lo Social, que el pasado año registró una demora de 9,6 meses, casi cuatro meses menos que solo un año antes.
Luna: «Llevamos años instando a buscar una solución»
«Las causas de los retrasos judiciales están perfectamente identificadas», remarca el magistrado Manuel Luna, presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región. «Llevamos años instando, de manera reiterada, a la Administración competente y a los responsables públicos a darles solución». La situación actual que atraviesa la Administración, subraya, es consecuencia de la confluencia de dos factores: una elevada litigiosidad y un déficit histórico de planta judicial.
«A pesar del enorme esfuerzo que desarrollan nuestros juzgados, y de las elevadas tasas de resolución alcanzadas, el aumento constante en el volumen de ingreso de demandas, unido a la falta de creación de nuevas plazas judiciales, hace muy difícil ofrecer en determinados procedimientos unos tiempos de respuesta adecuados», asume. Confía en que el nuevo modelo de organización, que introduce los tribunales de instancia, «aporte la flexibilidad, la especialización y los recursos necesarios para aliviar esa presión, agilizar los tiempos de respuesta y, en definitiva, prestar un mejor servicio a la ciudadanía».
El secretario de Gobierno del TSJ, Javier Parra, hace hincapié, por su parte, en que la experiencia de estos veinte años «demuestra que la implantación de la nueva Oficina Judicial -pionera en Murcia- no fue en vano, sino todo lo contrario». Pese a los tiempos de respuesta que se manejan, subraya, «ha contribuido de manera decisiva a atenuar un impacto que, de no haberse adoptado estas medidas, habría resultado mucho más difícil de absorber».
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