Villas Caravaning concluye su primer verano cerrado con división entre vecinos y empresa

Si bien tanto los propietarios de viviendas dentro del camping como la empresa explotadora del recinto, Capfun, empezaron la lucha unidos, lo cierto es que ahora, entre ellos, cunde la desconfianza. Así lo afirma a este periódico el presidente de una de las dos asociaciones vecinales del complejo situado en La Manga, Juan García. «Nos sentimos estafados y ninguneados».

Según García, desde que la mercantil francesa se hizo con la propiedad mayoritaria del complejo, no se han estado ejecutando todas las obras para la adecuación del complejo a la normativa eléctrica y contra incendios. Algo que, señala, está afectando se forma especial a los propietarios, es decir, a los vecinos residentes.

Señala el representante vecinal que, fruto del cierre y de las cancelaciones de reservas que han afectado a Capfun, la comunidad de propietarios de Villas, donde están representadas empresa y vecinos según los metros cuadrados que cada uno posee, ha decidido prescindir de parte del personal de mantenimiento. «Apenas se les ve en nuestras parcelas, la mayor parte del tiempo están en las de Capfun. En nuestro lado hay plantas sin podar y falta de limpieza con el riesgo que eso implica», denuncia García, quien asegura que, hasta ahora, toda la justificación que han recibido al respecto es económica. «Nos dicen que no hay dinero, pero todavía no sabemos cómo están las cuentas de la comunidad y el nivel morosidad. Los últimos datos que tenemos son de final del año pasado. Pedimos que se reclame a los morosos».

Para los vecinos, tanto la empresa como el Ayuntamiento están actuando con opacidad frente a los vecinos. «Sabemos que de las inspecciones se derivaron unas órdenes de ejecución que no han llevado a cabo». En este sentido, pide al concejal de Urbanismo, Diego Ortega, que se les facilite el documentación y les atienda en una reunión. «Tan solo pedimos que nos digan qué obras concretas tenemos que hacer. Nosotros estamos dispuestos a hacerlas. Esta situación no beneficia nadie. Ni a nosotros, ni a la Región de Murcia, que pierde un importante centro turístico, ni tampoco a Capfun».

En estos momentos, García señala que, hoy tanto tiempo después, continúan sin poder disfrutar de las pistas deportivas, zona de juegos infantiles, piscina o el supermercado. «Solo esta la iglesia abierta y una única persona en la recepción. Nada más».

55 subsanaciones

LA VERDAD intentó sin éxito recabar la versión de Capfun a través de la directora del camping, Ana Pérez. En recientes declaraciones a la Cadena SER, la responsable del recinto rogó al Ayuntamiento una reapertura parcial que les permita volver a generar ingresos. «Nos han marcado 55 puntos a subsanar y vamos a cumplirlos todos», prometió.

Pérez lamentó asimismo la cascada de cancelaciones. «Este verano lo teníamos todo vendido. Hemos tenido que llamar uno por uno a todos los clientes. Ha sido durísimo, porque la mayoría son fieles», señaló. Una situación que, avanzó, se extenderá durante este invierno dejando a muchos visitantes, en su mayoría jubilados europeos, en la estocada.

Asimismo, resaltó que, en verano, el camping empleaba a unas 120 personas, de las que solo quedan 15. El resto, dijo, están en ERTE. «Hay matrimonios que se han quedado los dos sin trabajo y padres de familia con tres hijos sin ingresos», alertó.

Desde el equipo de gobierno municipales, portavoces autorizados señalaron a preguntas de LA VERDAD que la voluntad del Ayuntamiento es facilitar la información sobre medidas a corregir para que se apliquen en el conjunto del camping. Tanto las zonas ocupadas por instalaciones como las disponibles para camping conforman una única unidad que debe ajustarse a las normas. «Lo deseable es que, con toda la información de que disponen, elaboren un plan concreto, que establezcan con precisión las medidas que van a desarrollar, empezando por las imprescindibles para garantizar la seguridad de las personas y que, en su caso, señalen fases de ejecución con fechas seguras y verificables», reseñan fuentes del Consistorio cartagenero.

En este sentido, medios municipales ratifican que la comunicación no está rota, sino que continúan los contactos entre empresa y el Ayuntamiento. Recuerdan así que, durante el mes de junio, los servicios técnicos municipales realizaron la mencionada inspección en profundidad y que, en el mes de julio, se mandó a la empresa un requerimiento pidiendo certificaciones de los sistemas eléctrico, con incendio y de seguridad de la edificación.

«Desde el 10 al 27 de junio, en trabajo de mañana y tarde se desplazó un equipo de arquitecto, arquitecto técnico y dos ingenieros técnicos industriales, además de inspectores y policía y repasaron pormenorizadamente el estado seguridad de los alojamientos, ‘mobile home’ y parcelas», señalaron portavoces del ejecutivo local.

Si bien el problema con Villas Caravaning viene de largo -desde los incendios de 2021 y 2022-, la cosa no empezó a torcerse hasta que el Ayuntamiento paralizó en abril la instalación de entre 80 y 90 prefabricadas sin licencia. A partir de ahí, vino el cierre de las viviendas de alquiler y zonas comunes, que realizó el Ayuntamiento con amparo judicial y siempre alegando que está velando por la seguridad de los vecinos.