La Asamblea no quiere que vuelvan a repetirse los retrasos por parte del Gobierno regional a la hora de presentar los resultados económicos de … su gestión anual en esta Cámara. Así ha ocurrido durante el pasado curso legislativo, cuando se remitió de una tacada la Cuenta General de los años 2013 a 2021, un trámite con el que aún no había cumplido el Ejecutivo y que es una de las cuestiones pendientes de llevar a término en el nuevo periodo de sesiones, una vez que arranque ya en octubre.
Lo normal hubiera sido que se diera traslado para su debate a la Asamblea año a año. Por eso, un primer borrador de la ponencia de la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuestos sobre esa documentación pide que se modifique el reglamento del parlamento autonómico para «establecer el límite máximo de seis meses en el proceso de tramitación y aprobación o rechazo de la Cuenta General».
En la exposición del borrador, se señala que «la labor de fiscalización sobre el ejecutivo en esta materia queda totalmente desvirtuada» ya que «no es posible hacer un análisis sosegado y temporal cuando se pretende analizar conjuntamente la Cuenta General de nueve años». El retraso, consideran, «anula dicha labor de fiscalización y reduce la capacidad de control», que queda así reducida a una labor «casi simbólica y testimonial».
Pero no es la única conclusión de ese borrador que, de entrada, cuenta con el visto bueno de PSOE y Vox. El documento también pide rechazar la Cuenta General de cada uno de los ejercicios en cuestión. En todo caso, se trata de un texto que aún se tiene que llevar a la Comisión y allí ser votado por los diputados que la integran. Sin embargo, ya hay una voluntad de exponer las críticas al resultado económico de la Administración autonómica esos años.
Porque, además de eso, menciona otra serie de cuestiones que, de forma reiterada, ha venido señalando año a año el Tribunal de Cuentas en sus informes sobre la situación económica de la Comunidad, apuntando que «la mayoría de deficiencias salvedades y recomendaciones se repiten en todos los informes». Eso «evidencia no solo la desatención sistemática de la Administración Regional a dichas observaciones, sino una actitud de desprecio a los órganos de control y hacia la transparencia de los recursos públicos».
Por ejemplo, se insta al Ejecutivo a «proceder a la inmediata disolución de la empresa pública Desaladora de Escombreras». El documento recuerda que «viene registrando desde su creación unas pérdidas que han alcanzado en el ejercicio 2021 la cifra de 26.783 millones de euros». Y añade también que «no se están cumpliendo las medidas previstas en el Plan de Ajuste presentado por la Comunidad Autónoma respecto al carácter limitativo del Servicio Murciano de Salud, integrándolo dentro del presupuesto consolidado presentado por la Comunidad».
En uno de los puntos con los que concluye el borrador se exige al Ejecutivo autonómico que elabore en un plazo de tres meses «un informe sobre las acciones para corregir la totalidad de las salvedades establecidas en los informes del Tribunal de Cuentas».
Para dar cumplimiento a los acuerdos de la Comisión sobre la Cuenta General de los ejercicios atrasados entre 2013 y 2021, en el último periodo de sesiones se ordenaron las comparecencias del interventor general de la Comunidad, David Rodríguez, y del consejero de Economía, Luis Alberto Marín. Sin embargo, para agilizar esta tramitación, las comparecencias se circunscribieron a los ejercicios que van de 2018 a 2021. Ante ese órgano, en su primer intervención, Rodríguez aseguró que «la situación financiera de la Comunidad reflejada por el Tribunal de Cuentas es muy delicada».
Este borrador, sin embargo, tendrá que esperar a que la Comisión retome sus trabajos en el nuevo periodo de sesiones, para lo cual tiene concluirse antes la tramitación de la nueva ley de simplificación administrativa y la de vehículos VTC.
Primeras audiencias por la ley de simplificación y la de vehículos VTC
Son varias las tareas pendientes en la Asamblea que no podrán llevarse a cabo hasta que no se concluya la tramitación del proyecto de ley de simplificación administrativa y el de los vehículos VTC, prevista para el 8 de octubre. Uno de los últimos acuerdos que se adoptó en la Cámara antes del parón veraniego fue la creación de una comisión de investigación que estudie las implicaciones de la presunta trama corrupta de Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García en las obras del soterramiento de la alta velocidad en la ciudad de Murcia. Será la tercera de esta legislatura junto a la de la liquidación del Aeropuerto Internacional de la Región y las presuntas irregularidades del SMS en derivaciones a la sanidad privada.
Octubre es la fecha que se dieron, por otra parte, PP y Vox para llevar una reforma de la ley del Mar Menor incluida en su pacto presupuestario. «Si hay acuerdo para poder modificarla, se llevará a la Cámara. Pero si no lo hay, no se llevará», respondió esta semana preguntado por este tema el portavoz parlamentario del PP en la Asamblea, Joaquín Segado.
Lo normal también es que el tercer trimestre se dedique a elaborar el Presupuesto del siguiente ejercicio. Por ahora, la prioridad de la Consejería de Hacienda está en poner en marcha la ejecución de las cuentas de 2025, aprobadas el mes de julio pasado.
Para la tramitación de los dos proyectos legislativos, el de simplificación administrativa y el de VTC, esta semana arrancarán las audiencias legislativas. En el caso de la primera, tendrán lugar los días 9 y 10 de septiembre y, para la segunda, el 11 y el 12 de septiembre.
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