Las causas judiciales por construcciones ilegales se doblan en un año en la Región

La ‘Operación Microcemento’ que la Guardia Civil desplegó hace unos meses en Águilas puso al descubierto dos viviendas unifamiliares que un vecino supuestamente pretendía levantar en una superficie de unos 390 metros cuadrados de este municipio catalogada como no urbanizable. En este caso fueron los especialistas del servicio de protección a la naturaleza (Seprona) los que alertaron al fiscal de esa supuesta vulneración de las normas urbanísticas, pero lo habitual, explica el Ministerio Público, es que sean los propios ayuntamientos los que remitan los expedientes de disciplina urbanística en los que se ha constatado la realización de obras en suelos no urbanizables sin que quepa posibilidad de legalización. Actualmente, según precisa el organismo, se reciben denuncias en Fiscalía de los ayuntamientos de Murcia, Santomera, Molina de Segura, Lorca, Águilas, Las Torres de Cotillas, Ceutí y Lorquí. El Consistorio que más expedientes remite, según se hace constar en la memoria anual del Ministerio Público, es el de la capital.

Las 116 denuncias por construcciones ilegales que recayeron el año pasado en Fiscalía se transformaron en 93 querellas que deberán ser dirimidas en los próximos meses en los juzgados de la Región. Unos números que revelan, remarca el fiscal De Mata, un «importante aumento de este tipo de criminalidad, que sigue siendo cometida principalmente por particulares y, residualmente, por personas jurÍdicas».

Sobre todo por particulares

El repunte, de hasta un 123% en los delitos contra la ordenación del territorio, explica en gran parte la tendencia creciente que dibujó el pasado año la actividad de la Fiscalía especializada en Medio Ambiente. Este departamento llegó a incoar hasta 217 diligencias de investigación penal, un 63,1% más que en el ejercicio anterior. La actividad se tradujo el pasado año en hasta 42 sentencias, 35 de ellas condenatorias. Los delitos contra la ordenación del territorio y aquellos por malos tratos a animales domésticos copan el grueso de esas resoluciones.

El fiscal de Medio Ambiente explica que, en el caso de las construcciones ilegales, la mayor parte de los escritos de acusación se dirigen contra los dueños de la obra que son quienes la financian, «no existiendo supuestos de acusación contra arquitectos o técnicos que dirigen o proyectan las obras al no revelarse ese dato en la fase instructora». Normalmente en aquellos casos en los que los procesados son condenados a penas de cárcel esta suele quedar en suspenso con el requisito de que el responsable tire abajo la construcción.

El fiscal advierte, no obstante, de numerosos incumplimientos de las órdenes de derribo y que en algunos casos ha solicitado incluso la anulación de la suspensión de la pena al no haber cumplido el condenado con la obligada demolición. En este punto advierte de importantes retrasos en los derribos en el término municipal de Murcia. Ello se deriva, explica, de que el Ayuntamiento, cuando el juzgado le requiere para que tire abajo una construcción, suele reclamar el pago por adelantado del importe total de la demolición y que el magistrado dicte un auto de entrada a domicilio, lo que demora bastante el procedimiento.

Más allá de los delitos de índole medioambiental, este organismo recoge en su memoria una radiografía de la delincuencia regional. La Fiscalía Superior de la Comunidad registró el pasado año 62.695 diligencias penales previas, un 4,2% más que el año anterior. El grueso de la criminalidad ha dibujado una tendencia creciente en la Comunidad, a excepción de los delitos de violencia doméstica y los delitos contra la Administración Pública.

Otros titulares de la memoria de la Fiscalía

La Fiscalía, en su última memoria, lamenta los retrasos que sufren los juzgados de Familia de la Comunidad, especialmente las incidencias en la ejecución de sentencias y en la modificación de medidas. El Ministerio Público advierte de que los órganos de esta jurisdicción, atenazados por la elevada litigiosidad y los escasos medios personales, tardan tanto en señalar las vistas que, en ocasiones, cuando estas se producen (en ocasiones tras más de dos años de espera) «no tiene ya ningún sentido». En este punto, el organismo recuerda que aún están pendientes de ejecuciones en estos órganos por incumplimientos del régimen de visitas durante la covid.

La fiscal antidrogas, Verónica Celdrán, aborda en la memoria el problema existente actualmente en la Región con el depósito de las drogas incautadas. Tras el cierre del edificio del área de Sanidad Exterior, los alijos de estupefacientes se custodian en dependencias policiales o de Guardia Civil. La especialista sostiene que el espacio reservado para las drogas no es el adecuado y advierte de que la conservación de estas sustancias «constituye un riesgo para la salud y la seguridad, especialmente cuando se custodian grandes alijos o se trata de sustancias inflamables o tóxicas». Lamenta la persistencia de incidencias por la falta de un espacio adecuado.

Cortes de luz, averías sin arreglar… Esos son algunos de los ejemplos de ‘mobbing’ inmobiliario con los que la Fiscalía tropezó el pasado año. Un tipo de acoso, ejercido normalmente por los dueños de una casa sobre sus inquilinos, que llevó en 2024 a iniciar doce diligencias.

La Fiscalía también hace mención en su memoria a la sentencia por la que el pasado año siete empresarios y promotores de renombre quedaron en libertad tras reconocer ante la Audiencia que hace una década pagaron a menores de edad, de entre 15 y 17 años, por tener sexo. La fiscal especialista, que asegura no haber secundado ese acuerdo, alude al «importante movimiento de rechazo social justificable» y advierte de que «penas como las impuestas pueden quebrantar la confianza en la Administración de Justicia». Lamenta, asimismo, que «las mujeres víctimas de estos delitos no fueran escuchadas hasta la fase final del procedimiento cuando ya todo estaba decidido».

La Fiscalía reitera sus quejas por la falta de medios. En la actualidad, cuenta con 70 fiscales y son necesarios, al menos, diez profesionales más. La Fiscalía Superior de la Región se ha convertido en los últimos años en la primera del país en carga de trabajo.

El Ministerio Público también aborda en su memoria el problema surgido el pasado año con la elevada cifra de conductores que fueron detectados circulando en sentido contrario en la Región. El fiscal delegado de Seguridad Vial, Pablo Lanzarote, ha encargado un informe a la Guardia Civil de Tráfico sobre el estado de la señalización vial de determinados puntos de acceso a las autovías de la Región en los que se detectó con mayor frecuencia este tipo de comportamiento. Hasta 14 atestados se instruyeron el pasado año por casos de automovilistas sorprendidos circulando en sentido opuesto. En algunos de esos siniestros hubo que lamentar víctimas mortales.