El alcohol, la marihuana y la cocaína siguen colándose cada día en las carreteras de la Región. Pese al control y vigilancia de la Guardia … Civil y las múltiples campañas realizadas por la Dirección General de Tráfico (DGT) no se ha conseguido evitar aún que miles de conductores sean condenados cada año por colocarse al volante bajo los efectos de bebidas alcohólicas o de sustancias estupefacientes. Según datos de la Fiscalía de Seguridad Vial, plasmados en la memoria que el organismo hizo pública esta semana, más de 1.200 automovilistas -concretamente, 1.272- se enfrentaron el pasado año en la Región a una pena por circular tras haber bebido alcohol o tomado drogas.
La cifra supone un descenso de un 31,9% en las condenas por circular bajo los efectos de estas sustancias. El fiscal delegado de Seguridad Vial, Pablo Lanzarote, advierte, no obstante, en su informe de que el pasado año se registró un incremento en el número de diligencias urgentes incoadas por delitos de conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas, pasando de 1.905 en 2023 a 2.026 el pasado año, un 5,98% más.
El Ministerio Público enfatiza además en su informe que, en coherencia, el número de positivos en las pruebas de alcoholemia desplegadas por la Guardia Civil de Tráfico en la Comunidad también fue mayor el pasado año. Concretamente se dieron 2.604 positivos -un 4,9% más- en un año en el que también aumentaron los controles desplegados por los agentes en la carretera: 205.232 frente a los 169.902 del ejercicio anterior. En el ámbito de Murcia, los atestados instruidos por la Policía Local en esta materia disminuyeron levemente.
Como en años anteriores la Fiscalía deja constancia en su memoria de la escasa derivación a la vía penal de los casos de aquellos automovilistas que circulan tras tomar drogas. El pasado año 1.571 conductores dieron positivo en diversas sustancias estupefacientes en los controles de la Guardia Civil de Tráfico. De ellos, solo 8 acabaron viéndoselas con la justicia. El resto se resolvieron por la vía administrativa.
Actualmente, el artículo 379.2 del Código Penal castiga con penas de prisión de hasta seis meses y con la retirada del permiso de conducir durante un tiempo máximo de cuatro años la conducción bajo los efectos de las drogas. Para considerar la existencia de este delito, sin embargo, no basta solo con el positivo del automovilista en la prueba de drogas, sino que se debe acreditar que presenta síntomas de estar influenciado por estas sustancias y que estas afectan a su conducción. Este es un requisito que no se tiene en cuenta en el caso del alcohol, en el que inmediatamente un positivo por encima de 0,60 miligramos de alcohol por litro de aire espirado se traduce en un delito y su consiguiente condena.
La conducta de ponerse al volante tras tomar alcohol o drogas motivó el 42,2% de las 3.009 penas que los jueces murcianos impusieron en 2024 por delitos de tráfico. La cifra supone también un pequeño descenso, de un 9,3%, respecto a las condenas por delitos viales dictadas en el ejercicio anterior. En toda España, fueron 95.302 los automovilistas que salieron malparados del banquillo. La cifra supone un pequeño descenso respecto a los datos registrados en los últimos años, cuando el volumen de condenas alcanzó la mayor cifra de la serie histórica, superando el «listón» de las 100.000.
Más allá de las penas por circular bajo la influencia del alcohol o las drogas, otro de los grandes problemas en las carreteras murcianas es la circulación sin permiso. Hasta 1.590 automovilistas fueron condenados el pasado año por ponerse al volante sin tener el carné -bien por no haberlo tenido nunca o por tenerlo retirado-. La cifra, aunque supone una leve rebaja respecto al año anterior, sigue siendo aún muy elevada. El resto del grueso de las condenas por delitos viales lo conforman, además, otras 40 penas por circular de forma temeraria; y otras 94 por negarse a someterse a las pruebas de alcoholemia y los test de drogas, entre otras.
La batalla que se libra en los juzgados contra las imprudencias al volante llevó a que el pasado año hasta 62 personas en la Región cumplieran penas de prisión o de responsabilidad personal subsidiaria por impago de multas por delitos viales, según se desprende de la memoria. Además, se impusieron hasta 731 penas de trabajos en beneficio de la Comunidad.

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