Conocido como ‘Cometa’, el sistema de protección de mujeres maltratadas que hace seguimiento y control de los hombres denunciados, con un sistema de pulseras telemáticas … que informa de su ubicación a los agentes policiales, perdió todos los datos anteriores al 20 de marzo de 2024. Ante los requerimientos de los juzgados que llevaban estos casos, el «propio centro de control» respondía que no podía facilitarle ninguna información previa a esa fecha, lo que llevó a los fiscales a reportar la anomalía que se producía «reiteradamente». Esa denuncia aparece en la más reciente Memoria de la Fiscalía General del Estado, presentada a principios de este mes. «Esta anomalía produce sus consecuencias tanto en la fase de instrucción ante el Juzgado de Violencia Machista como en la fase de enjuiciamiento, provocando una gran cantidad de sobreseimientos provisionales o fallos absolutorios», indica el documento.
La información crucial para las condenas no llegaba debido a errores en «la migración a los nuevos dispositivos», sucedida cuando el contrato, gestionado por el Ministerio de Igualdad, pasó de la empresa que lo llevaba (Telefónica) a la nueva (Vodafone). Durante «el cambio de prestatario y de la nueva adjudicación del servicio» se produjeron «por problemas de descarga» que impidieron que esté disponible «la información del anterior proveedor de servicios y de la información relativa al uso de los dispositivos por parte de investigados y penados o la ubicación de estos».
Aunque este traspaso de datos comenzaba en 2023, en la Memoria conocida en septiembre de este año se indica que «se tiene constancia que (el problema) no ha sido resuelto y ante la petición de una previsión de tiempo su respuesta es: ‘este centro de control desconoce cuándo pueda quedar solventada la situación mencionada’». «La imposibilidad de que el centro Cometa facilite la información, ha impedido saber la ubicación o actuación de los investigados cuando el hecho es anterior al 20 de marzo de 2024, lo que supone, de facto, la pérdida de un elemento probatorio en ocasiones imprescindible para poder formular acusación», aseguran fiscales de Madrid, Girona, Granada o Tenerife, entre otras.
El Ministerio de Igualdad responde a este periódico que «el año pasado hubo un traspaso de empresas por un cambio de contrato y se hizo un proceso de transición y una UTE (unión temporal de empresas) específica para ello. Se instaló una nueva plataforma. Se hizo un equipo específico para ello, con personal técnico informático de Telefónica, de Vodafone y de Securitas, que permitió hacerlo de una manera óptima, antes de que terminara el año. En la actualidad tenemos todos los datos integrados en nuestro sistema, tenemos todos y cada uno de los datos».
Por su parte, una fuente de la Fiscalía aclara que fueron «casos puntales» que se notificaron a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género y que esta dependencia del Ministerio de Igualdad les informó que «los casos se habían revisado uno por uno, una vez solventado el problema informático». Este año 2025 no se ha producido ninguna incidencia.
La Fiscalía no tiene los datos de cuántos sobreseimientos y absoluciones hubo antes de solucionar la incidencia, como indicaba su memoria, pero asegura que fueron «muy pocos» casos.
Renuncia a dispositivos
Basados en «informes y datos» que se enviaron también a la Delegación del Gobierno de Violencia de Género «para que se procediera a su solución, ante la potencial desprotección de las víctimas». Las consecuencias son que en el Juzgado de lo Penal «se impide que el legal representante del centro de control pueda responder a las preguntas relativas a cualquier incidencia anterior a la fecha indicada, al no tener tampoco, acceso a la información; lo que, en muchos casos, aboca a una sentencia absolutoria».
«Es recurrente la información facilitada por los responsables del centro Cometa a los juzgados que ‘tan pronto se disponga de la información solicitada será remitida’, prosigue la denuncia de la Memoria. «Por último, señalan varias fiscalías lo gravoso que es para las víctimas la comunicación de incidencias reiteradas, con la consiguiente inseguridad y trastorno en su vida diaria, llegando a comparecer en sede judicial para solicitar la retirada de los dispositivos».
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