Los empresarios de la Región se han echado las manos a la cabeza ante la posibilidad de que se obligue a las compañías de más … de 250 trabajadores, una facturación superior de 50 millones de euros o que presten servicios de interés general de toda España de atender a los clientes en catalán si así lo solicitan.
La medida fue anunciada por la portavoz en el Congreso del partido independentista Junts, Miriam Nogueras, como parte de un acuerdo entre su grupo y el Gobierno de España para el proyecto de ley de atención a la clientela, que fue aprobado por el Consejo de Ministros y se encuentra en tramitación parlamentaria. «Sí, en toda España», respondió Nogueras cuando se le preguntó si la obligación de atender en catalán se establecería también para una empresa de Murcia.
Sin embargo, el ministro de Consumo y Derechos Sociales, Pablo Bustinduy (Sumar), enfrió ayer las expectativas de la formación de Carles Puigdemont, al asegurar que la intención del Ejecutivo es que las compañías garanticen la atención de reclamaciones en catalán, gallego o euskera allí donde estas lenguas tienen reconocida la oficialidad, aunque la empresa ofrezca sus servicios en el conjunto del Estado.
Tampoco confirmó que la obligación se vaya a imponer en todo el territorio nacional el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Cámara Baja, Patxi López. Aunque admitió que le parece «muy razonable» que empresas con personal suficiente atiendan en los dos idiomas en las comunidades bilingües. «Lo veremos cuando discutamos y debatamos las enmiendas», respondió cuando se le preguntó si la obligatoriedad se extenderá a todo el país.
A falta de que se concreten los detalles y el alcance definitivo de la medida (que se incluirá a través de una enmienda de Junts al proyecto de ley), Croem señala que existen en la Región un total de 55 empresas que cumplen los requisitos de contar con más de 250 empleados y unas ventas superiores a los 50 millones. Asimismo, la patronal precisa que, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), hay 130 mercantiles con más de 250 trabajadores y 146 que alcanzan el umbral mínimo de facturación. «El impacto potencial de la medida en la Región adquiere especial relevancia», valora el presidente de Confederación Regional de Organizaciones Empresariales (Croem), Miguel López Abad.
López Abad no puede disimular el desagrado que le produce el planteamiento de esta medida. Y no porque tenga algo en contra de los catalanes y de su lengua, sino porque considera que, en términos económicos, supondría «una sobrecarga adicional para las empresas» que llega «justo en un momento en el que los empresarios reclamamos simplificación administrativa, menos burocracia y un marco regulatorio estable que permita ganar competitividad».
«Contraproducente»
Por lo tanto, entiende el presidente de Croem, «resulta contraproducente imponer nuevas obligaciones».El dirigente de la patronal recuerda que las compañías de la Comunidad que se pueden ver afectadas «son motor de empleo y de competitividad en la Región de Murcia que verían incrementadas sus cargas en un contexto en el que deberían destinar todos sus recursos a crecer e internacionalizarse». Por ello, considera que lo que deben hacer las administraciones públicas «es escuchar a las empresas, especialmente a pymes y autónomos, para evitar medidas que dificulten su actividad y la creación de empleo estable». «El esfuerzo debe centrarse en eliminar trabas, no en multiplicarlas», recalcó López Abad.
Dudas constitucionales
De forma similar que el responsable de Croem se expresó el presidente de la Confederación Comarcal de Organizaciones Empresariales de Lorca (Ceclor), Juan José Bardón, el cual expresó sus serias dudas sobre el encaje constitucional de la medida, si es que finalmente llega a aprobarse.
«El Gobierno de la nación, lejos de establecer medidas que incentiven la actividad económica, sigue pactando acuerdos que la limitan y la dificultan», declaró Juan José Bardón, quien pidió «coherencia y altura de miras» al Ejecutivo central, así como que «deje a las empresas al margen de sus pactos políticos». «Los pactos deben servir para el desarrollo común de todos los territorios, sin particularizar en uno solo», afirmó.
La obligación de atender en catalán a los clientes que lo soliciten, en caso de que finalmente llegue a imponerse, afectaría a las principales empresas de la Región, aunque la realidad es que algunas de ellas atienden ya en la lengua cooficial de Cataluña desde hace años al tener actividad en esta comunidad autónoma. Otras firmas que en los últimos años han experimentado un gran crecimiento, como PC Componentes, indica que se encuentra a la espera de la entrada en vigor de la normativa «para aplicar los cambios pertinentes». «Por supuesto, cumpliremos en todo momento con las exigencias legales que correspondan», respondieron, a requerimientos de LA VERDAD, fuentes de esta firma.
Desde el Grupo Orenes dicen que cumplirán «lo que diga la ley, como empresa grande y seria que somos». No obstante, califican de «negativo» todo lo que sea el aumento de costes «y más en un sector con unos márgenes tan reducidos como la hostelería».
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«Los únicos que se benefician son los independentistas»
Por parte del Gobierno regional, la consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón, calificó el acuerdo entre el Gobierno y Junts para imponer a las grandes empresas la atención al cliente en catalán como «un ejemplo más de cómo el Ejecutivo de Pedro Sánchez está dispuesto a todo por mantenerse en el poder».
«El Gobierno de España solo está centrado en imponer nuevas exigencias a las empresas», denunció Marisa López Aragón. «En vez de trabajar por apoyar el crecimiento económico y la competitividad del tejido empresarial, se dedica a hacer todo lo contrario: ataca a la independencia de las empresas con una medida que no les beneficia en nada como es la obligación de atender en catalán. Los únicos que se benefician son sus socios independentistas, que son los que mantienen en el poder a Pedro Sánchez», criticó la consejera.
Eliminar trabas
Por contra, la titular de Empresa, Empleo y Economía Social reivindica que el Gobierno de la Región de Murcia sí que trabaja para favorecer la actividad económica y la creación de puestos de trabajo, y un ejemplo de ello es el decreto de simplificación administrativa, «que elimina trabas y burocracia a los que tienen que generar riqueza, que son los empresarios».
Este decreto está en vigor desde su publicación en el BORM, aunque la Asamblea acordó tramitarlo como proyecto de ley, lo que permite que los partidos puedan realizar aportaciones. De hecho, el plazo de presentación de enmiendas se abrió el pasado lunes y los grupos de PSOE, Vox y Podemos anunciaron su intención de registrar iniciativas.
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Enlace de origen : Los empresarios de la Región claman contra el «sobrecoste adicional» que supondría la atención en catalán
