La fiscal lleva años alertando en la Región de «fallos técnicos» de las pulseras antimaltrato

Más allá de este fallo eventual, sin embargo, estos aparatos de control telemático, que permiten conocer la ubicación exacta de los agresores machistas que tienen impuestas órdenes de alejamiento de sus víctimas, llevan ya un tiempo dando quebraderos de cabeza en la Comunidad. La Fiscalía regional advierte desde hace años –al menos un lustro– de los «problemas técnicos» que genera esta tecnología, principalmente fallos relacionados con la cobertura. En su memoria anual –presentada hace solo unos días–, la fiscal delegada, Concepción López, volvió a poner sobre la mesa esta problemática y alertó de que estos fallos en ocasiones llevan incluso a las víctimas a desistir de esa medida de protección.

La utilización de esta medida de protección no ha dejado de aumentar en los últimos años en la Comunidad, de acuerdo a los datos recabados por el Ministerio Público. A finales del pasado año eran 207 los dispositivos activos en la Comunidad. La cifra cuadruplica los aparatos que estaban en funcionamiento solo dos años atrás. En todo el país, de acuerdo a los datos facilitados por la Delegación del Gobierno, más de 4.500 mujeres cuentan actualmente con este sistema de protección. La Región de Murcia es la séptima comunidad en número de dispositivos activos, superada por Andalucía (1.658), Comunidad Valenciana (546), Madrid (380), Canarias (364), Castilla La Mancha (269) y Galicia (265).

Este sistema –activo las 24 horas del día y los siete días de la semana– permite verificar el cumplimiento de las medidas o penas de prohibición de aproximación a la víctima impuestas en los procedimientos que se siguen por malos tratos. A través de dos dispositivos –colocados en el agresor y la víctima–, el centro Cometa, encargado de su control, es capaz de detectar si el sospechoso se acerca a la mujer, si entra en una zona de exclusión o si destroza el aparato, entre otras posibilidades.

La medida de protección se aplica en base al protocolo de valoración policial del riesgo. Una nueva instrucción ha llevado a los fiscales a solicitar su aplicación una vez que el riesgo apreciado sea de nivel medio, pero se detecte lo que se denomina caso de especial relevancia –una serie de indicadores que elevan el potencial riesgo–, y en todos aquellos en los que la valoración del riesgo sea alto o extremo. Este cambio podría explicar, en parte, el incremento del uso de aparatos.

Las peticiones de la Fiscalía para que se conceda esta medida de seguridad a las víctimas, remarca la fiscal, «no han hallado ninguna fisura en Murcia». Ningún juez ha denegado por ahora esta medida una vez que ha sido solicitada por el Ministerio Público, tal y como queda patente en la memoria. Los problemas, reconoce López, surgen en algunas poblaciones debido a sus escasas dimensiones geográficas, lo que está planteando «problemas técnicos importantes». Estos, incide el Ministerio Público, se unen a los conflictos surgidos en las zonas rurales, donde existe escasa señal. Esa situación genera multitud de informes de incidencia y, subraya la fiscal, «en algunos casos las propias peticiones de las víctimas para que se desactive dicha medida, alegando lo gravoso de su situación añadida por esta circunstancia».

A raíz de esta problemática la fiscal ha mantenido reuniones con el inspector jefe de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional. Concluye que el perjuicio a las víctimas no se basa tanto al fallo del dispositivo como al protocolo de actuación que despliega el centro Cometa, «que reiteradamente se pone en contacto con la víctima a cualquier hora cuando existe incidencia por llamada perdida o falta de carga del dispositivo». El organismo sugiere que el problema podría aliviarse no realizando llamadas reiteradas a la víctima si no consta entrada del agresor en la zona de exclusión fija o móvil; o bien teniendo el grupo policial acceso a los supuestos cambios de domicilio de la víctima, en el caso de que no sea localizada por teléfono. En este punto el Ministerio Público apunta que el centro Cometa asegura no tener autorización en su protocolo para facilitarle a la Policía ese dato, una carencia que, remarca la fiscal, «debería ser solventada».

La representante del Ministerio Público también destaca en la memoria de este año que el cambio producido por la empresa que actualmente está gestionando los dispositivos está siendo cuestionado «por su falta de precisión».

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La fiscal especialista también aprovechó la rendición de cuentas que el Ministerio Público realiza anualmente a través de la memoria para poner sobre la mesa el problema que, a su entender, supone el hecho de que en los juzgados de violencia de género de la capital las guardias no sean a lo largo de veinticuatro horas –como en otros órganos–, sino guardias de semanas alternas en cada uno de los juzgados. Este sistema, advirtió, somete a las víctimas a una «victimización secundaria» y a un «peregrinaje» por diferentes órganos que, en ocasiones, lleva a las perjudicadas a desistir y retirar su denuncia.

El PP exige explicaciones

En mitad de la polémica, la diputada nacional del Partido Popular Violante Tomás denunció este lunes «la hipocresía del PSOE de Francisco Lucas, que crea un Consejo Asesor de Políticas de Igualdad mientras su partido deja a violadores en la calle, desprotege a las mujeres maltratadas y gasta dinero público en prostitución». Tomás hizo estas declaraciones en el transcurso de una rueda de prensa junto a la diputada nacional Miriam Guardiola y los senadores Francisco Bernabé, Antonia López Moya y Antonio Luengo. «Lo que debería hacer el delegado de Sánchez es dar explicaciones hoy mismo sobre cuántas mujeres en la Región llevan las pulseras-basura, cuántas se han visto afectadas por sus fallos y qué garantías hay de que no vuelva a ocurrir», exigió Tomás». Si en la Región se hubiera visto desprotegida una sola mujer, es suficiente para que dé explicaciones, pida perdón y asuma responsabilidades».

La Delegación del Gobierno en la Región sostuvo ayer que «las pulseras funcionan» y que el sistema se encuentra «plenamente operativo». El organismo presidido por Francisco Lucas remarcó que lo que se produjo fueron «incidencias puntuales» durante la transición técnica entre la antigua y la nueva adjudicataria del sistema y enfatizó que las pulseras en ningún momento dejaron de funcionar y «ninguna mujer ha estado desprotegida».

La Delegación explicó que esa supuesta brecha de seguridad afectó a procedimientos judiciales – «no a la seguridad de las mujeres»- y que el problema quedó resuelto a finales de año. Algunos datos sobre quebrantamientos no llegaron a los juzgados pero, explicó, al recuperarse esa información se reabrieron los procedimientos. Quiso hacer hincapié, asimismo, en que no se produjo ninguna excarcelación derivada de ese problema. Recordó que ninguna mujer con dispositivo ha sido asesinada entre 2022 y 2024.