La espera para la dependencia crece un 9,6% en un año y deja a la Región a tres días de la cola nacional

Pese a una leve mejora de dos días respecto al tiempo registrado el pasado mes julio, los datos de la Región han vivido un ascenso constante desde el verano de 2024, alejándola cada vez más de los 180 días de máximo que marca la ley y que se incumplen en todo el país de forma generalizada. La tendencia al alza en la Región ha coincidido además con una intensa reducción emprendida por otras dos de las comunidades que aparecen más señaladas en la estadística: Canarias y Andalucía.

Tendencias opuestas

En el último año, el ascenso de los tiempos llevó a la Región de Murcia a sobrepasar a Canarias en el segundo lugar por la cola, una situación que se consumó en mayo de este año, cuando las islas, que en agosto de 2024 sumaban un tiempo de 580 días, redujeron la espera hasta los 540, mientras la Región subía hasta 555.

Y ahora, la línea descendente marcada por Andalucía, la comunidad con el retraso más abultado de España, sitúa a Murcia a las puertas de arrebatarle el puesto. Mientras que en agosto de 2024 los murcianos esperaban de media 90 días menos que los andaluces para acceder a las prestaciones de la dependencia, en agosto de este año, esa diferencia se ha reducido drásticamente, y ya solo los separan tres días de diferencia.

Los últimos datos del balance mensual del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia reflejan que Andalucía cerró el pasado mes de agosto con una espera de 565 días, tras aminorar el tiempo medio un 6,3% respecto al mismo mes del año anterior, lo que sumado al aumento de la demora en la Región de Murcia apunta a que, de no producirse un cambio de tendencia, los datos de septiembre podrían convertir a la Comunidad finalmente en el territorio con el mayor plazo medio.

De hecho, la Región ha experimentado en los últimos 12 meses la tercera peor evolución en términos relativos en cuanto al tiempo de espera, solo tras Madrid y La Rioja, cuya demora creció un 17,8% y 10,2% respectivamente. También Murcia es la segunda región tras Madrid si el crecimiento se mide en cifras absolutas. La comunidad presidida por Isabel Díaz Ayuso registró un aumento interanual de 52 días, y la Región de Murcia, de 49.

Las que más mejoran

Entre las que más han conseguido rebajar la espera en términos relativos destacan Aragón, que lo reduce un 25,5%, Canarias (-13.8%), Castilla-La Mancha (-11,8%), Castilla y León (-11%), Extremadura (-10,3%) y Baleares (-10%).

A cierre del pasado mes de agosto, 6.565 murcianos llevaban más de seis meses esperando valoración de su grado de dependencia. Son 1.043 más que los que había en el mismo mes del año anterior, un 18,9%. Y otras 5.307 personas superaban los seis meses de espera para beneficiarse de la prestación o servicio que les correspondía pese a haber sido ya valorados. En este caso, la cifra ha bajado un 11,5%, frente a los 5.997 de hace un año.Pero en total, los 11.872 solicitantes de la dependencia que aguardan más de medio año representan un 3% que en 2024.

El tiempo medio para que un demandante de la dependencia obtenga la resolución de grado ascendió en agosto a 341 días, cuando la media nacional es de 243. Por otra parte, obtener la resolución de la prestación conlleva una espera de 245 días, frente a una media de 79 en el conjunto del país. La consecuencia más grave de estas dilaciones son las personas que fallecen sin llegar a recibir una ayuda a la que tienen derecho.

En lo que va de año, 955 personas han fallecido sin ser atendidas por el sistema en la Región, 553 de ellas esperaban una valoración y 402 tenían grado reconocido, pero no llegaron a recibir la prestación.

Gasto en servicios sociales

En su informe ‘La inversión social por comunidades’, publicado este mes, la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales subraya que la Región de Murcia dedica el 8,3% de su presupuesto a servicios sociales, lo que la sitúa por encima de la media nacional, establecida en el 7,9%, algo que no ocurría desde tiempos previos a la pandemia de covid. En total, las cuentas de 2025 contemplan, según este informe, 652,1 millones de euros dedicados a servicios sociales frente a los 609 de 2024. Pese al esfuerzo presupuestario, la inversión por habitante sigue siendo inferior a la del conjunto del país en términos absolutos. La media en la Comunidad es de 411 euros por habitante; la de España, de 436,9.

El Gobierno regional achaca la reducción de la espera en otras comunidades a la aplicación «de normativas más flexibles o medidas de choque». Sin embargo, desde la Consejería de Política Social muestran su confianza en que las acciones puestas en marcha este año acabarán teniendo un impacto más profundo. «El plan puesto en marcha en la Región de Murcia es integral y más extenso. Se trata de una reforma estructural que permitirá obtener resultados más sostenibles en el tiempo -señalan fuentes de este departamento-. No es un plan coyuntural, es un plan con garantía de futuro».

Este plan, anunciado en mayo, cuenta con diversas medidas encaminadas a la simplificación de los trámites, como la posibilidad de solicitar en una sola vez la valoración de grado y el servicio o prestación, o la de iniciar el procedimiento de valoración con solo con presentar el informe de las condiciones de salud. También, hay medidas para desatascar la valoración de la discapacidad, que acumula demoras en torno a los 20 meses, como las pasarelas para que las personas con un grado de dependencia reconocido obtengan automáticamente el reconocimiento de la discapacidad. También se ha anticipado la valoración de personas en situación clínica crítica y se ha doblado el personal para tareas de valoración, según destaca la Comunidad. «Esta reforma deja ya cifras positivas», aseguran desde el Ejecutivo. «A pesar del elevado incremento de solicitudes -10% en el último año-, se han resuelto 5.368 expedientes más que el año pasado. Además, el porcentaje de personas esperando valoración se ha reducido del 13,35% al 10,71% y hay 1.501 personas menos esperando prestación», apuntan. «Y todo esto se ha conseguido sin contar con la financiación que debería aportar el Ejecutivo central, ya que la Comunidad asume casi 8 de cada 10 euros de la dependencia con fondos propios pese a que sigue siendo de las regiones peor financiadas».