
Hasta 35 mujeres de la Región de Murcia se han visto afectadas por los fallos en el sistema de pulseras antimaltrato que sirven para controlar … de manera telemática a los agresores y que se produjeron a raíz de la migración de proveedor desde Movistar y Securitas a la unión de esta misma compañía de seguridad y Vodafone. En uno de los casos, la víctima ha señalado que debido a los errores en las alertas de aproximación llegó a ser agredida. Así lo ha comprobado el Gobierno regional en la fase inicial de la investigación que ha iniciado a través de los testimonios de las víctimas y de los centros de atención especializadas a las víctimas (Cavi).
La consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, afirmó este martes que, ante la falta de respuesta tras solicitar información al Ministerio de Igualdad y la Delegación del Gobierno sobre el número de afectadas en la Región, procedimientos judiciales afectados por los fallos, la tipología de las incidencias registradas, el tiempo que han durado y los protocolos que se han puesto en marcha para abordarlos, la Comunidad ha iniciado una recogida de información entre las usuarias de la red Cavi.
En estos contactos, las incidencia detectadas, según subrayó, destacan fallos en la geolocalización, dispositivos «que no avisan con el tiempo suficiente de que el agresor se encuentra dentro del perímetro de peligro», alarmas que suenan «sin motivo justificado a cualquier hora del día» y demoras en la respuesta del centro Cometa, encargado del seguimiento telemático, incluso cuando el dispositivo detecta al agresor cerca.
En el proceso, el recurso que ha encontrado más errores y situaciones de riesgo ha sido el Emavi (Equipo Municipal de la Atención a la Violencia) del Ayuntamiento de Murcia, que atiende actualmente a nueve usuarias de estas pulseras. «Todas han sufrido incidencias», destacó Rosa Carrasco, asesora jurídica de este recurso.
«Estamos muy preocupados», señaló la concejala de Mujer del Ayuntamiento, Ascensión Carreño, que aseguró que «muchas mujeres están desprotegidas por los recortes que han hecho en el Ministerio y por la mala gestión que están haciendo con este dispositivo».
Por su parte, Carrasco subrayó la inexistencia de un protocolo que permita a los equipos que trabajan con las mujeres conocer información sobre las usuarias del sistema Cometa. «La información que tenemos sobre las incidencias en su funcionamiento proviene única y exclusivamente del testimonio de las mujeres que los llevan. Ni los juzgados ni las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado nos notifican de manera oficial a nuestros equipos ni su concesión, ni su funcionamiento, ni su retirada», afirmó.
Carrasco detalló algunos casos concretos que ha podido conocer por estos medios. En uno de ellos, el sistema no avisó con tiempo a la víctima, que pudo ser agredida. Y el Emavi solo tuvo constancia de este hecho al recibir el parte de intervenciones con víctimas de violencias de género que remite semanalmente la Policía Local. «Ella ni siquiera consideró comentarlo. Están tan desalentadas con el sistema que ni siquiera lo valoran», aseguró.
En otro de los casos, al agresor, con varios procesos abiertos por quebrantamiento, se le apagó el dispositivo. «Quizá se queda sin batería o se lo quita, y no informan a la víctima», relató la asesora jurídica. «Lo que nos ha contado es que los meses de junio, julio y agosto de este año han sido un infierno, palabras textuales de ella. Dice que sonaba el dispositivo de forma reiterada con señales de acercamiento, que ella misma llamaba al sistema Cometa, y le informaban de que el sistema se había restablecido o de que eran señales erróneas».
Para hacer frente a la alarma generada, la Consejería asegura estar reforzando «el asesoramiento y el acompañamiento a las víctimas para que sepan qué es lo que pueden hacer, cómo pueden actuar ante esta situación y qué hacer también ante los posibles casos de quebrantamiento que se han producido». Ruiz recordó que no todas las mujeres que portan un dispositivo acuden a la red Cavi. Política Social va a convocar en las próximas semanas, «probablemente la segunda semana de octubre», al Consejo Asesor Regional de la Violencia contra la Mujer, con el fin de trasladarle la información recabada, y consensuar «propuestas que ayuden a reforzar la coordinación entre los distintos agentes especializados que integran este órgano consultivo», que incluye a representantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad, de fiscales, judiciales, profesionales de entidades y servicios especializados en violencia, entre otros.
La Delegación acusa a la Comunidad de mentir: «Recibe directamente toda la información a través del punto de control regional»
El delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, acusa al Gobierno regional de mentir, y de que seguir «instalado en la manipulación para generar inquietud entre la ciudadanía». «Es una indecencia que intente sacar rédito político a costa de mujeres que son víctimas de violencia machista. Basta ya», señaló.
Lucas defendió que los dispositivos «controlan millones de posicionamientos al día y son un sistema fiable» y negó que se halla registrado ningún fallo en la Región de Murcia que haya puesto en riesgo la seguridad de las víctimas». En este sentido destacó que «las unidades policiales de protección no les consta ninguna agresión por este motivo». Además, también negó que la Comunidad tenga falta de información: «Recibe directamente, sin intermediarios, toda la información a través del punto de control regional».
Para Lucas, «lo que sí pone en riesgo a las víctimas es que el Partido Popular tenga los centros de control y atención infradotados y desmantele las políticas contra la violencia machista, como estamos viendo en la Región». El delegado reclamó responsabilidad al Gobierno regional, «que se ponga a trabajar de una vez por las mujeres víctimas de violencia de género y que deje de mantener viva esta infame campaña de intoxicación y manipulación».

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Enlace de origen : La Comunidad identifica 35 casos de mujeres que han sufrido los errores de las pulseras antimaltrato