Mario Urrea: «Tengo que ser optimista; trabajamos mucho para que no se produzca un escenario negro en 2027»

-El nuevo año hidrológico no empieza muy bien en reservas de agua, similares a las del año pasado. Solo hay 190 hm3 almacenados, el 17% de la capacidad total, aunque parte son del Trasvase y la desalación. Lo habitual es arrancar en precario, a diferencia de la mayor capacidad embalsada que hay a nivel peninsular.

-Si nos encontráramos en un 40 o 50%, para nosotros sería una buena situación. No estamos en esos 70 u 80% de otras cuencas. Somos un territorio semiárido y nuestras precipitaciones medias son las que son. Y debemos tener la fortuna de que esas precipitaciones medias se produzcan en cabecera, porque si lo hacen aguas abajo no tenemos capacidad de regulación y no podemos almacenar para años posteriores.

-O sea que nos enfrentamos a otro año estándar, de penurias…

-Un año no estándar, porque los estándares son de penurias, pero sin restricciones. Y este año lo vamos a iniciar con unas restricciones que se van a mantener. Si no lloviera más en octubre y noviembre, posiblemente convocaremos la comisión para ver si es necesario incrementar las restricciones.

-¿Estamos mejor preparados que años anteriores para afrontar las inundaciones? ¿O siempre te puede sorprender la naturaleza?

-Evidentemente la naturaleza siempre nos puede sorprender. Lo cierto es que llevamos trabajando desde 2019 en la redacción de proyectos de defensa de inundaciones, pero son técnicamente complejos y ambientalmente conflictivos, por decirlo así. Eso nos está retrasando los plazos para licitar las obras, pero ya estamos en condiciones de empezar a licitar alguna en la zona del Mar Menor en lo que queda del año.

Relanzar proyectos

-¿Por qué se han producido tantos retrasos en estos años? ¿Se debe a los requisitos medioambientales y al dinero?

-Cuando hablamos de estos años, hay que acotar el horizonte temporal. Yo solo puedo hablar desde que me incorporé a la presidencia de la CHS. Desgraciadamente, cuando llegamos en el año 2018 había proyectos que no estaban tramitados, y algunos ni siquiera eran proyectos en condiciones de tramitarse. Dicho eso, nosotros empezamos a relanzar una serie de actuaciones, fundamentalmente tras la dana del 19. La Dirección General del Agua licitará ya tres proyectos en Los Alcázares y la rambla de Cobatillas.

-Los requisitos medioambientales también afectan a proyectos tan importantes como la interconexión de las desaladoras. ¿Han llegado ya a un acuerdo con la Generalitat Valenciana para desbloquear esta obra?

-Es una actuación sobrevenida, ya que nuestro proyecto se redactó de acuerdo a la normativa que había en ese momento, que decía que era viable ambientalmente. De hecho hicimos una reformulación del proyecto para que fuera medioambientalmente compatible, pero en los últimos meses hemos recibido la noticia de que la Generalitat Valenciana ha decidido promover como parque natural la Sierra de Escalona, y como medida cautelar prohíbe cualquier tipo de actuación. Hemos planteado otra de las alternativas que ya teníamos, para cambiar la ubicación de las balsas de la Sierra de Escalona a la Sierra de Hurchillo, y a partir de ahí los nuevos trazados.

-Es una obra clave en la cuenca para combinar la desalación con el Trasvase. ¿Cuándo puede ser una realidad?

-Me daría por satisfecho con que se liciten las obras en este ciclo que acaba en 2027. Y luego lo que se tarde en la ejecución, que supongo que será un par de años como mínimo.

-Aparte de las consideraciones medioambientales, en el trasfondo está el poco cariño del Gobierno valenciano, y en parte también el murciano, a la desalación, que perciben como una sustitución del Trasvase.

-No puedo saber la razón última. Entiendo que es una figura de protección ambiental a la interconexión. Lo que sí tenemos es el histórico de las tramitaciones de las anteriores desaladoras, que fueron muy complejas y que obligaron incluso a acudir a los tribunales. Confío que en esta ocasión no sea así. Lo que percibo del consejero de Murcia y del secretario autonómico valenciano es la total predisposición para que estas obras se lleven a cabo.

Fenómenos más extremos

-Cada vez que hay un aviso de dana, o de nivel rojo o naranja por precipitaciones, la población se echa a temblar. ¿Es cada vez mayor el riesgo al que se ve expuesta la población ante este tipo de fenómenos?

– Parece que los modelos nos llevan a que este tipo de fenómenos van a ser cada vez más extremos. El riesgo se incrementa y hay que gestionarlo en dos ámbitos. En lo ya construido, hay que establecer unos mecanismos de prevención. Creo que ya hemos aprendido, y sobre todo como consecuencia de la dana de Valencia, que la actuación tiene que ser previa. Tiene que ser un trabajo intenso en las 48 horas anteriores a que empiece la lluvia. Ahí es cuando hay que adoptar las medidas, porque una vez que la lluvia empieza el fenómeno ya es ingobernable. Cuando la dana del 19, Murcia y Valencia así lo hicieron, y cada una era de un signo político distinto. Nos reunimos todos los responsables de manera coordinada.

-¿Y a nivel urbanístico?

-A nivel urbanístico quedan muchas cosas por hacer. Hemos hablado de lo que ya está construido, pero ahora la otra labor importante de prevención es en lo que hay que construir. Hay que ser muy escrupuloso con la reglamentación. Es dura porque lo que pretende es proteger, y eso es incompatible con determinados desarrollos urbanísticos. Me gusta aclarar que la Confederación, donde prohíbe los desarrollos urbanísticos es fundamentalmente en su ámbito de actuación, en el dominio público hidráulico y lo que es la zona de policía, pero donde tienen que actuar, y de manera muy notable, fuera de esos ámbitos son los ayuntamientos y la Comunidad Autónoma. A nosotros nos presentan proyectos urbanísticos y decimos si valen o no valen las medidas que presentan los ayuntamientos. Si valen, son los ayuntamientos los que tienen que llevar a cabo esa medida, no la Confederación. Y si no llevan a cabo esa medida, están haciendo un incumplimiento de legalidad.

-¿Sigue existiendo mucha tensión entre la Confederación, ayuntamientos y promotores?

-Hubo en un determinado momento una tensión importante, como consecuencia de que empezaron a darse cuenta a los promotores y los ayuntamientos de la carga que suponía cumplir la legalidad de la ley de Aguas. Pero con la pedagogía que hemos realizado creo que todo el mundo es consciente de que hay una premisa que es irrenunciable, que es proteger a las personas.

Menos Tajo y más desalación

-El Sindicato de Regantes del Trasvase y entidades del agro dibujan una panorama muy negro para 2027 con el recorte del Trasvase y de los pozos. ¿Usted ve ese mismo panorama?

-Bueno, yo tengo que ser optimista o moderadamente optimista, porque estamos trabajando mucho para que ese escenario negro no se produzca. Sobre el Trasvase, hay que esperar a las sentencias del Tribunal Supremo, y también al plan de seguimiento. Es decir, hay que analizar qué impacto ambiental puede suponer o está suponiendo en la cuenca del Tajo ese incremento de caudales, y qué impacto socioeconómico tiene en la cuenca de Segura. Y esos resultados se tendrán en consideración en el siguiente ciclo de planificación. Nosotros estamos en incrementar la capacidad de desalación cuanto antes, tanto por el cambio climático como por los excedentes que puedan quedar de la cuenca del Tajo. Dicho eso, creo que en el 2027, en lo que se refiere al Trasvase, no se va a estar mucho peor en cuanto a volumen de agua de lo que ha sido la medida trasvasada.

-¿Cuáles son las cuentas del Trasvase y la desalación?

-Las cuentas son teóricamente sencillas. Es decir, para que el Trasvase Tajo-Segura tenga garantía, desde el punto de vista hidráulico, los regadíos asociados deben disponer de 280 hectómetros al año. Esa fue la cuenta que se hizo en la anterior planificación. ¿Qué llegaba del Trasvase? 200 hm3 de media; pues se necesitaban 80 de Torrevieja para poder tener esa garantía. ¿Ahora qué pasa? Pues que efectivamente se pierden, vamos a hacer un número gordo, 100 del Trasvase, y por lo tanto hay que incrementar 100 de desalación. Torrevieja pasará a producir 120 hm3, son 40 más, y los 75 nuevos que se van a proyectar alcanzarán el horizonte de los 280 para tener la garantía plena del regadío del Trasvase.

-Parte de la discusión es que hay medidas que no van acompasadas. Habrá un intervalo de tiempo entre lo que se pierde del Trasvase y lo que aún no se ha alcanzado en desalación. ¿Habrá entre medias unos años duros?

-A mí lo que me preocupa es que esos años sean secos en el Tajo. Si es un año medio en el Tajo entiendo que aquí, no con alegrías, sino con cierta tensión, la actividad y la industria agroalimentaria podrán salir adelante. Lo que me preocupa es que se dé una racha seca en el Tajo, que sabemos que se han dado, y que eso pudiera suponer ningún envío. Eso sí sería un problema, pero en esas circunstancias entiendo que habría que arbitrar un decreto ley de sequía.

-¿Cuál será el impacto real del cierre de pozos a partir de 2027? ¿El recorte llegará a los 200 hm3?

-Los 200 hectómetros cúbicos que se quitan es el valor de sobreexplotación. En la medida en que nosotros vayamos sustituyendo extracciones por aguas desaladas, evidentemente la cifra de sobreexplotación va bajando. Esa es la estrategia, y que ya hemos iniciado en la desaladora de Águilas, donde a los concesionarios se les dio determinados volúmenes con la condición de que se cerraran pozos. Haremos lo mismo en Valdelentisco. Es decir, compensar un agua por la otra. Al final, ¿qué quedará en la cuenca del Segura, que es la cifra que todo el mundo va buscando? ¿En qué nos vamos a quedar como sobreexplotación? Por los cálculos que hemos hecho y que saldrán en el nuevo ciclo de planificación, serán del entorno de unos 70-75 hm3, que corresponden a las zonas que están desconectadas hidráulicamente y que no pueden recibir recurso desalado directamente o por permuta. De esos 75 hm3, hay una fracción muy importante en el sur de Albacete, que va a quedar muy penalizado en relación a ese potencial cierre de aguas subterráneas que prioriza la Directiva Marco. En el resto, como digo, vamos a movilizar una cantidad importante de aguas desaladas. El Ministerio y nosotros estamos trabajando para que Europa establezca un periodo transitorio si viera que se están adoptando medidas y construyendo desaladoras. Pero insisto, sería en aquellas zonas en las que ese no deterioro (de los acuíferos) se vaya a conseguir en unos años.

-¿O sea que es posible que haya una moratoria para algunas zonas, como piden los regantes?

-Sé que se está trabajando intensamente, no sólo desde el Gobierno de España, sino a nivel europeo, porque el problema no es solo de España. Hay iniciativas en otros países que buscan la manera de que ese plazo del año 27, que era como una losa, no es que no se cumpla, sino que se dé un periodo transitorio. Entiendo que se daría a aquellos países que estén adoptando medidas para conseguir el objetivo.

-¿Sería el caso de la cuenca del Segura?

-Sería el caso de la cuenca del Segura. Trabajamos para ello, pero también para el escenario de que no hubiera esa moratoria.

-¿Cuánto van a correr para hacer realidad las dos nuevas desaladoras proyectadas?

-Vamos a correr todo lo que haga falta. Las desaladoras tienen una complejidad técnica, pero el proyecto no es el problema. El problema es dónde dejamos caer la desaladora y las tuberías que tienen que ir del mar a la desaladora y de la desaladora a las redes. Trabajaremos de la mano de las dos comunidades autónomas para que desde el primer momento la localización de las plantas y de los trazados de las tuberías sean viables. Sabemos que hay una cierta oposición en determinada parte de Alicante a la instalación.

-Torrevieja…

-Torrevieja… Pero lo analizaremos. Y si no es en Torrevieja, pues técnicamente siempre hay varias opciones. No está definido todavía dónde se va a ubicar la desaladora y la planta fotovoltaica.

-¿Cuándo estarán en marcha?

-Entiendo que los proyectos se adjudicarán en 15 días. Estos pueden durar año o año y medio, y si lleva la tramitación ambiental, dos años. En el año 2027 se estará en condiciones de licitar las plantas.

-En relación al Mar Menor, ¿cómo se encuentra el acuífero del Campo de Cartagena? ¿Funcionan las medidas?

-El acuífero cuaternario tiene mucha inercia. Es importante que los ciudadanos sepan que hay una bolsa de agua del orden de 500 o 600 hm3. Eso es muchísima agua, que está drenando al Mar Menor. Por otro lado, hay escorrentías superficiales que también producen arrastres y que llevan agua con contaminación de nitratos y de fosfatos al Mar Menor. ¿Cuál es la situación actualmente? Creo que se ha avanzado. Los científicos dicen que el Mar Menor está en un equilibrio inestable, pero de momento en un equilibrio. La CHS no es responsable del Mar Menor. Nuestro objetivo fundamental es evitar que se incremente la carga en el acuífero. Seguimos aplicando las medidas cautelares, y el cumplimiento por parte de los comuneros está en el entorno del 90%.

-Tras eliminar el regadío ilegal, el control se centra ahora en las granjas.

-Es el otro frente importante, al que llevamos tiempo dando un nuevo impulso. No se puede ampliar ni instalar nuevas granjas de porcino en zonas declaradas vulnerables si no es con una adecuada trazabilidad y tratamiento de los purines.

-La Confederación, que va cumplir cien años, arrastra un problema de falta de personal para atender tantos frentes.

-Si tuviéramos más personal y medios técnicos, tardaríamos menos. Afortunadamente, el Ministerio ha sido consciente de las circunstancias en que trabajamos y nos ha potenciado. Contaremos con 15 o 17 funcionarios más. Acortaremos plazos y daremos mejor servicio a los ciudadanos.