La esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, y los otros dos investigados en la pieza principal de la causa -su asesora en Moncloa Cristina … Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés- no han acudido a la vista que se celebra esta tarde en los juzgados de Madrid para comunicarles que, si acaban siendo juzgados, lo serán por un jurado popular. El juez Juan Carlos Peinado volvió a pedir la comparecencia personal de los imputados tras el plantón en una citación similar celebrada el pasado sábado 27 de septiembre, pero los investigados han mandado a sus abogados.
En esta ocasión, el instructor ha comunicado a las partes la continuación de la causa por los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo. A estos ilícitos se les suma la supuesta malversación de caudales públicos, como ya acordó en un principio.
Es la sexta vez que Gómez estaba citada por el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid. Las dos primeras veces se acogió a su derecho a guardar silencio; y en la tercera y la cuarta decidió contestar solo a su defensa. La quinta vez, como decimos, optó por no acudir, quedando representada por su letrado, el exministro socialista Antonio Camacho. En esta ocasión, la defensa se amparó en una circular de la Fiscalía del 29 de diciembre de 1995 sobre el proceso ante el tribunal del jurado, que fija que la presencia de los investigados en la comparecencia prevista en el artículo 25 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado «no es indispensable». Una motivación similar a la comunicada este lunes.
En este caso, se espera que las defensas pidan el archivo y que las acusaciones populares, que dirige el colectivo provida Hazte Oír, reclamen nuevas diligencias que podrían afectar a Pedro Sánchez. Una de estas partes, el partido Iustitia Europa, estudia pedir al juez Peinado la petición de imputación del jefe del Ejecutivo al Tribunal Supremo a través de una exposición razonada por su condición de aforado.
De forma previa, Peinado razonó en un auto que «las acciones llevadas a cabo por Gómez, derivadas de su relación de parentesco con el actual presidente del Gobierno, es la causa que se considera fundamental para poder apreciar la posible concurrencia del delito de tráfico de influencias» y los demás ilícitos penales investigados.
Líneas de investigación
El juez abrió la pieza principal en abril de 2024 a raíz de una denuncia presentada por Manos Limpias en la que se acusaba a Gómez de haberse valido de su condición de esposa del presidente del Gobierno para recomendar a empresarios, como Barrabés, que se presentaban a licitaciones públicas. Por estos hechos, imputó a Gómez corrupción en los negocios y tráfico de influencias. Precisamente por este último delito, Peinado considera que toda la causa puede acabar juzgada por un tribunal jurado, porque está incluido en la lista de delitos que son competencia exclusiva del jurado popular y arrastraría al resto.
Desde entonces, el juez ha abierto nuevas líneas de investigación, consecuencia de otra querella presentada por Vox por presuntas irregularidades en el registro del ‘software’ de una cátedra de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) que codirigía Gómez. En este punto, el instructor imputó a Gómez apropiación indebida de marca e intrusismo.
A lo largo de la investigación, Gómez se ha desvinculado de los contratos adjudicados a Barrabés. Aunque reconoció que firmó dos cartas de recomendación que, según dijo, son habituales para procesos de contratación pública, insistió en que las misivas no apoyaban a la UTE que conformaba al 50% una empresa de Barrabés, sino que destacaban la importancia del proyecto que se licitaba. Asimismo, recalcó que otras instituciones y administraciones públicas, como el Ayuntamiento de Madrid, y grandes tecnológicas, como Microsoft o IBM, firmaron la misma carta modelo.
Estrategia de defensa
Gómez también negó que hubiese cometido un delito de apropiación indebida de marca al inscribir el logo ‘TSC Transformación Social Competitiva’ y el ‘software’ de la cátedra que fue financiado por empresas en el marco de la cátedra de la UCM. Del mismo modo, descartó delito alguno en la inscripción del dominio de Internet transforma.org y explicó que fue la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) de la Complutense la que le indicó cómo podía registrarlo. Además, negó que hubiese actuado con ánimo de lucro y recordó que no recibió retribución alguna por estar al frente de la cátedra.
En este punto, Peinado ha ofrecido a la universidad pública personarse como perjudicada por la presunta apropiación indebida del citado programa, cuya financiación privada estaba destinada para que acabara en manos de la Complutense, según la defensa.
El juez abrió la pieza principal en abril de 2024 a raíz de una denuncia presentada por Manos Limpias en la que se acusaba a Gómez de haberse valido de su condición de esposa del presidente del Gobierno para recomendar a empresarios, como Barrabés, que se presentaban a licitaciones públicas.
Respecto a la acusación de malversación, su defensa ha asegurado que no hay indicios de que Gómez participara en el nombramiento de Álvarez «ni en el pago de emolumentos». Su abogado sostiene, además, que no puede considerarse que sea una «funcionaria pública a los efectos de la comisión del delito de malversación». «Es indiscutible que como cónyuge del presidente del Gobierno ni tiene mando o jurisdicción propia ni participa en el ejercicio de funciones públicas», añade.
De igual modo, argumenta que es «habitual en el ámbito laboral que en su horario de trabajo los trabajadores hagan gestiones, como puede ser la remisión de un correo electrónico en su beneficio, en el de sus familiares o amigos». «Difícilmente puede entenderse que, si esos trabajadores son funcionarios públicos, con ello se está cometiendo un delito de malversación», añade.
Y subraya a su vez que «no existe un Estatuto de la cónyuge del presidente del Gobierno» y que se trata de una figura que «no está regulada». Así, defiende que «la interpretación y distingo» que hace el juez Peinado entre actividades privadas e institucionales «no se ajusta a los usos que se vienen desarrollando desde el advenimiento de la democracia».
En este sentido, este lunes ha reclamado al instructor que pida a Moncloa información detallada de los cometidos de los asistentes que han tenido las mujeres de todos los seis anteriores presidentes.
Sobre los ’emails’ intercambiados entre la asesora de Moncloa y la UCM por la cátedra que codirigía Gómez, el abogado insiste en que «hay multitud de correos» que evidencian que era Gómez «quien trabajaba en esta materia». «Y, por lo tanto, la labor puntual de Cristina en la misma era de auxilio administrativo, nunca encargarse de la misma con exclusividad», agrega.
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Enlace de origen : Begoña Gómez vuelve a plantar a Peinado en la vista para comunicar otros cuatro delitos
