El Pleno reclama al Gobierno de España la construcción de un cuartel de la Guardia Civil en Cartagena

El Pleno de Cartagena aprobó por unanimidad solicitar al Gobierno un refuerzo de la plantilla de los efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. También aprobó con la abstención del PSOE y del edil de Sí Cartagena, Juan Pedro Torralba, dos enmiendas que solicitaban mejores medios materiales e infraestructuras, entre ellas la construcción de un nuevo cuartel.

La cuestión de acuartelamiento derribado fue la primera en abordarse nada más comenzar el debate de las mociones. Previamente a que el Gobierno señalara en una respuesta a los populares en el Senado que la construcción de un cuartel «no está prevista», el PP ya había presentado una iniciativa encaminada a pedir un refuerzo de la plantilla de Policía Nacional y Guardia Civil. No obstante, modificó el texto para incluir el asunto del cuartel. Algo que, a modo de cuestión de orden, fue afeado por el portavoz socialista, Manuel Torres, pero que obtuvo el visto bueno de la secretaria del pleno.

Iniciado el intercambio dialéctico, el portavoz del PP, Nacho Jáudenes, comenzó acusando a Torres de no querer «incomodar» a Pedro Sánchez y al «candidato vocero», dijo en referencia al delegado del Gobierno en la Región, Francisco Lucas. La moción se debatía después de que la alcaldesa mantuviera una reunión con asociaciones de la Benemérita y tratara de llevar al Pleno un texto conjunto, a modo de declaración institucional, del que el PSOE se descolgó.

Para Jaúdenes el Gobierno central no quiere reconstruir el cuartel «por puro abandono y sectarismo» y genera una situación «inmoral, inaceptable y que roza la negligencia», dijo recordando el desalojo de las familias de los agentes de sus casas en 2023. Algo a lo que, recordó, se suma a las denuncias de las asociaciones profesionales de falta de efectivos humanos y medios materiales como chalecos, así como la elevada antigüedad de la flota de vehículos policiales.

A continuación, el edil Pedro Contreras trató, tras un tenso rifirrafe con la alcaldesa, de impedir el debate de la moción por la misma cuestión antes expuesta por el portavoz del grupo político. A falta de un toque de atención más para expulsar a Contreras de la sesión, Noelia Arroyo decidió que se votaran el aumento de efectivos y el resto de peticiones se votarán por separado a continuación al haber sido añadidas con posterioridad a modo de enmienda de los populares a su propia moción.

El portavoz de MC, Jesús Giménez Gallo, manifestó que su grupo votaría a favor porque comparte la necesidad de aumentar los efectivos policiales y la construcción de un nuevo cuartel. Acusó al Gobierno central de «maltratar» a Cartagena. «Nos han impuesto en CETI, un CATE, no salimos adelante con la Ciudad de la Justicia, ni con el cuartel de la Guardia Civil», ilustró. Algo en lo que el edil cartagenerista apreció una connivencia en el «binomio PP-PSOE».

Giménez Gallo tiró de estadísticas de criminalidad, ilustrando que las mismas están empeorando. «Por eso el Campo de Cartagena y la Región precisan de más medios y de más interlocución, es decir, de lo que el PP y el PSOE son incapaces de darnos».

Manuel Torres insistió desde el PSOE en que las enmiendas del PP debían presentarse como una moción de urgencia «porque si no podremos cambiar nuestras mociones a nuestro antojo». Según los socialistas, la moción del PP fue presentada después de que el PSOE decidiera presentar otra moción de urgencia sobre este mismo tema. Anunció que van a votar a favor porque están de acuerdo con el refuerzo, pero recriminó que, con el PP en el gobierno, la plantilla de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se redujo.

Torres reivindicó que se está llevando a cabo desde Madrid concursos para el acceso de nuevos agentes y «que el PSOE ha mejorado la retribución de los agentes un 38%», así como aseguró que su partido ha dotado al cuerpo de vehículos «eléctricos y mejor dotados tecnológicamente».

El portavoz de Vox, Gonzalo López Pretel, acusó al PSOE de hacer un «numerito» y aseguró que lo que les molesta es que el Gobierno reconociera al PP en el Senado que el cuartel «no está entre sus prioridades», dijo López Pretel. «Entiendo que con tres sin presupuestos es difícil meterlo y en efectivo no se puede pagar», expresó en alusión a los sobres de la trama Koldo-Ábalos.

«Están retorciendo la realidad porque el Ministerio saca unas estadísticas porque la criminalidad se ha incrementado exponencialmente», reivindicó López Pretel. Algo que hacen, dijo, «para justificar que no hacen falta más medios».

Tras la votación, Torres insistió en que para el Gobierno central «es una prioridad absoluta» la construcción del cuartel de la Guardia Civil. Por su parte, Jáudenes leyó de nuevo la respuesta que recibieron los senadores de su partido. «O su delegado no se entera o le están mintiendo», espetó a Torres para, acto seguido, rogar a los socialistas que «se dejen el partidismo a un lado y se posicionen de parte de los cartageneros».

La alcaldesa tomó la palabra acto seguido para desear «suerte» a Francisco Lucas en su viaje a Madrid «si la semana que viene llega con la buena noticia de que se construye el cuartel con un calendario, con un presupuesto y de forma urgente».

El segundo debate fue el de la planta de biogás, que se adelantó en deferencia con los vecinos presentes en el salón de plenos. Fueron los grupos de MC y del PSOE los que presentaron dos iniciativas al respecto de este tema. La primera en tomar la palabra fue la edil cartagenerista María Antonia Pérez. MC reprochó que, a su juicio, ni el Gobierno regional ni el local han informado debidamente ni han estudiado otras ubicaciones alternativas. Por esto, exigieron que las instituciones se sumen a vecinos y a empresarios en el rechazo a la planta y que la planta, si se ubica, se haga en un lugar alejado de zonas habitadas.

El portavoz socialista pidió al Gobierno regional «una regulación clara que dé seguridad jurídica y proteja a la ciudadanía». Defendió el desarrollo de esta energía, pero «de forma ordenada» y, recalcó, «protegiendo a los vecinos y al entorno natural». Por esto, pidieron que se paralice la construcción de la planta de biogás hasta que se desarrolle una normativa específica y que se ubiquen «a una distancia de seguridad suficiente».

El concejal del PP Diego Ortega confrontó con MC, a los que acusó de poner en peligro cualquier inversión industrial. También lo hizo con el PSOE, en los que apreció hipocresía porque, según dijo, «su Gobierno está dando subvenciones al biogás». «Ustedes que saben que este Ayuntamiento no está tramitando ninguna licencia, nos dicen que paremos una construcción que no se ha autorizado. Este Ayuntamiento no puede parar lo que no tramita».

Ortega sacó a relucir unas declaraciones de la ministra Sara Aaegesen en los que defendió que los últimos avances tecnológicos minimizaban las molestias de tráfico pesado y olores. «O la ministra le desmiente, señor Torres, o usted no confía en la ministra de su Gobierno», dijo abogando porque sea el Gobierno central el que regule esta actividad a nivel nacional. Es por esto que PP y Vox presentaron una enmienda para instar al Gobierno de España para que paralice la instalación de la planta en Los Camachos.

Esta propuesta no fue bien recibida por el PSOE, que entendía que las competencias en la materia son del Gobierno regional. Para evitar la disquisición sobre quién es el responsable de autorizar la planta, el portavoz de MC propuso que la moción finalmente no mencionase expresamente ni al Gobierno de España ni al regional, sino a la «administración competente».

El debate no cesó y Torres pidió en última instancia que se incluyera también la realización de una consulta ciudadana. Con ese revuelto de propuestas, lo que finalmente se hizo fue votar por un lado, la moción de MC, que salió rechazada con los votos del gobierno PP-Vox, y la moción del PSOE, enmendada de tal forma que no mentara expresamente a ninguna administración en concreto. Salió aprobada por unanimidad. No se aprobó la última petición realizada por los socialistas de llevar a cabo una consulta como así dicen que se va a hacer en Mazarrón y Los Torres de Cotillas.

Parece que se están riendo de la Ley del Mar Menor».Tras la aprobación de la moción del PSOE en el interior, Ginés Egea, presidente de la Asociación de Vecinos y miembro de la plataforma contra la planta, ha afirmado que «nos parece que es un paso adelante, pero a nosotros nos afecta relativamente. Necesitamos que el Ayuntamiento en pleno se posicione en contra de esta macroplanta. El hecho de que el solar sea propiedad del Puerto ya nos deja claro que los residuos orgánicos que se van a llevar allí vienen de fuera. No han dicho lo que nosotros esperábamos: que la ubicación no es idónea para esta factoría».

A las protestas por la mencionada planta se unieron también las de los vecinos de Los Nietos, cuya presidenta Nani Vergara, alertó sobre el «abandono sistemático que sufre el pueblo desde hace años. Con el paseo marítimo sin mantenimiento, carreteras llenas de baches y sin arcén, calles sin luz ni asfalto, viviendas sin alcantarillado y un centro social eternamente esperando su construcción». También se unieron las reclamaciones de los residentes de Cala Morena, que volvieron a pedir «justicia para Margaret», en relación al suicidio de una de las vecinas que iba a ser desahuciada el pasado fin de semana.

William Abrego

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