José Luis Ábalos ha roto con su abogado a dos días de su nueva citación en el Tribunal Supremo, donde este miércoles tiene previsto comparecer … ante el juez Leopoldo Puente, instructor del ‘caso Koldo’. La situación entre el diputado y su letrado José Aníbal Álvarez se había tensado en las últimas semanas por los diferentes pareces en la estrategia de defensa, según señalan fuentes jurídicas. El punto de no retorno habría sido el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, policía judicial en la causa, sobre el patrimonio de Ábalos, que concluyó que existirían más de 95.000 euros sin justificar en sus cuentas bancarias.
La renuncia a su abogado, según comentan las fuentes consultadas, tendrá una consecuencia inmediata en la citación del miércoles. Una vez que el magistrado Puente conozca esta situación deberá tomar una decisión inmediata sobre la comparecencia, que previsiblemente será aplazada mientras Ábalos busca a otro defensor que pueda ponerse al día con la marcha del sumario.
En el fondo de la ruptura está la presión ejercida por Álvarez para convencer a su cliente de que dejase el escaño en el Congreso, renunciase a su acta como parlamentario y pactase con la Fiscalía Anticorrupción. Pero Ábalos, que siempre ha defendido su inocencia e incluso adelantó públicamente que iba a justificar ante el juez los movimientos no justificados en el informe de la UCO, ha descartado finalmente este ofrecimiento.
La idea del abogado José Aníbal Álvarez, detallan las mismas fuentes consultadas, era negociar un pacto con el fiscal jefe de Anticorrupción Alejandro Luzón, similar al que mantiene desde hace once meses con el presunto “conseguidor” de la red, el empresario Víctor de Aldama, y que supuso su excarcelación en su momento implicado en una trama de hidrocarburos. Pero antes, según el letrado, Ábalos debía renunciar a su acta como diputado, una decisión que hubiera conllevado que toda la causa que se instruye actualmente en el Supremo, tanto la pieza de las mascarillas como de los contratos de obra pública, pasase a la Audiencia Nacional, donde un juzgado investiga otras ramificaciones del ‘caso Koldo’.
El motivo es la pérdida del aforamiento del parlamentario investigado, en este caso Ábalos, y la falta de competencia de la Sala Segunda del alto tribunal para continuar con la instrucción. Sin embargo, este escenario ha quedado por el momento aplazado.
Situación límite
De todos modos, la citación prevista para el miércoles del exministro de Transportes era mucho más complicada que cuando declaró de forma voluntaria en diciembre de 2024 antes de su suplicatorio y, ya como imputado, en febrero y en junio de este año. Y eso que en esa última ocasión ya se habían hecho públicos los audios sobre el reparto de las presuntas mordidas por amaño de obras que costaron la cárcel al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y ante los que Ábalos solo pudo responder que no se «reconocía» en ellos.
A pesar de aquella explicación, quien fuera mano derecha de Pedro Sánchez, a diferencia de su sucesor en la estructura del partido, logró esquivar hace tres meses y medio la prisión. Y ello porque Anticorrupción, antes de decidir sobre su encarcelamiento, quería esperar a tener en su poder el informe que acabó recibiendo el 3 de octubre sobre su patrimonio y a escuchar sus explicaciones – también las de Koldo García, quien está citado este jueves- sobre los continuos tejemanejes de dinero de origen desconocido que se traían entre ambos.
El ‘dossier’ de 285 páginas de la Unidad Central Operativa (UCO) es «demoledor», según apuntan ya desde el Supremo, y las surrealistas explicaciones estos días de Koldo sobre las “chistorras” de 500 euros, no han ayudado precisamente a predisponer a Anticorrupción a pedir que el exasesor ministerial y su jefe sigan en libertad con medidas cautelares. El informe de la UCO en el que se denuncia que Ábalos indudablemente mantiene «fuentes de ingresos no declaradas», y que Koldo le ayudó a encubrir el constante flujo de entrada en metálico de 95.000 euros de origen desconocido, ha cambiado a peor la situación procesal de ambos.
Ahora sí existirían motivos para defender la prisión provisional, según entienden en la Fiscalía, por la presencia de indicios de que ambos están ocultando pruebas (siguen sin revelar el origen de esos fondos) y de «reiteración delictiva», puesto que al no conocerse los canales de entrada de dinero podrían seguir utilizándolos.
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