El juez mantiene la declaración de Ábalos y anuncia una vista para su posible ingreso en prisión

En un auto, el magistrado Puente confirma también la citación de Koldo García el jueves a la misma hora y señala que en ambas declaraciones la defensa de Ábalos será desarrollada por su ya exletrado José Aníbal Álvarez, salvo que el exministro designe a otro, en su lugar, que estuviera en condiciones de asumir su defensa. La resolución requiere además a Ábalos para que en plazo de tres días hábiles designe nuevo letrado, y subraya que, en caso de no hacerlo, procederá a ser nombrado uno de oficio. Del mismo modo, añade que tan pronto como comparezca en la causa el nuevo letrado, asumiendo la defensa de Ábalos, se tendrá por efectuada la renuncia y Álvarez cesará en su función en la causa.

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En su auto, Puente pone pie en pared ante el relevo en su defensa por Ábalos y lo que el magistrado cree que pretende con el mismo. El instructor del Supremo tacha de «intempestiva» la renuncia e incluye en su resolución la reiterada jurisprudencia que aborda supuestos similares en los que «no cabe identificar, por el momento en el que se producen y por la completa ausencia de justificación razonable que las fundamente, más propósito que el de provocar de forma indebida la suspensión de vistas o comparecencias oportunamente señaladas».

Recuerda que la libre designación de letrado es un derecho que no puede considerarse ilimitado por lo que hay que ponderar intereses jurídicos de distinto signo para lograr un equilibrio de todos los derechos en juego. Y en función de cada caso concreto, determinar «qué grado de sacrificio es aceptable imponer al resto de las partes cuando alguna de ellas introduce una incidencia sorpresiva que puede perturbar el desarrollo ordinario del proceso». En paralelo, Puente anticipa que celebrará la vistilla prevista en el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal; es decir, la que contrasta con las partes el posible ingreso en prisión del imputado.

«Diferencias irreconducibles»

Esta misma mañana, Ábalos había asegurado que su pretensión no era postergar su interrogatorio y que su voluntad pasa por comparecer este miércoles ante el Supremo después de haber roto en las últimas horas con José Aníbal Álvarez. El exministro ha anunciado a través de la red social X, antes Twitter, antes del auto de Puente, que había pedido al alto tribunal que le ponga un abogado de oficio para no fallar a la cita con el magistrado, quien le ha llamado para aclarar las abundantes cantidades de dinero en metálico y de origen desconocido que supuestamente manejaba el imputado, según ha revelado la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en su último informe sobre el patrimonio del hoy diputado del Grupo Mixto.

«Dada mi voluntad de cumplir con mi comparecencia ante la Sala II del Tribunal Supremo a fin de prestar declaración mañana día 15 de octubre de 2025, y dado también que en el día de ayer (por el lunes) he renunciado a la asistencia de quien hasta ahora ejercía la representación de mi defensa, en tanto en cuanto no designe un nuevo abogado, he tenido a bien solicitar al Tribunal Supremo un abogado de oficio para que me pueda asistir en el día de mañana», escribió este martes a mediodía el exdirigente socialista.

Según explicó el propio Ábalos en un escrito anterior remitido al Supremo el martes, su decisión de renunciar a su abogado José Aníbal Álvarez ha sido provocada por las «diferencias irreconducibles» entre ambos. En ese documento, que hizo llegar a través de su procurador, precisó que los encontronazos con su letrado, «lejos de constituir una circunstancia puntual en el tiempo, se han convertido en una constante».

El diputado insistió en que es «inviable» seguir bajo la tutela jurídica de José Aníbal Álvarez «pues se ha producido un deterioro irreversible de lo que debiera ser una relación basada en la confianza». Ábalos abundó en que «tras distintos episodios de desacuerdo, acompañado del ambiente generado en el contexto de los medios de comunicación», la relación con su abogado se ha visto «interrumpida» hasta el punto de que él, en calidad de investigado, ha tenido que «preparar» su declaración -prevista para este miércoles- por sí mismo.

Acuerdo con Anticorrupción

Pero más allá de estas explicaciones formales al Supremo, en el fondo de la ruptura está la presión ejercida por Álvarez para convencer a su cliente de que dejase el escaño en el Congreso, renunciase a su acta como parlamentario y pactase con la Fiscalía Anticorrupción. Pero Ábalos, que siempre ha defendido su inocencia e incluso adelantó públicamente que iba a justificar ante el juez los movimientos no justificados en el informe de la UCO, ha descartado finalmente este ofrecimiento.

La idea del abogado José Aníbal Álvarez, detallan las mismas fuentes consultadas, era negociar un pacto con el fiscal jefe de Anticorrupción Alejandro Luzón, similar al que mantiene desde hace once meses con el presunto «conseguidor» de la red, el empresario Víctor de Aldama, y que supuso su excarcelación en su momento implicado en una trama de hidrocarburos. Pero antes, según el letrado, Ábalos debía renunciar a su acta como diputado, una decisión que hubiera conllevado que toda la causa que se instruye actualmente en el Supremo, tanto la pieza de las mascarillas como de los contratos de obra pública, pasase a la Audiencia Nacional, donde un juzgado investiga otras ramificaciones del ‘caso Koldo’.

El motivo es la pérdida del aforamiento del parlamentario investigado, en este caso Ábalos, y la falta de competencia de la Sala Segunda del alto tribunal para continuar con la instrucción. Sin embargo, este escenario ha quedado por el momento aplazado.

Sea como fuere, la citación prevista para el miércoles del exministro de Transportes es mucho más complicada que cuando declaró de forma voluntaria en diciembre de 2024 antes de su suplicatorio y, ya como imputado, en febrero y en junio de este año. Y eso que en esa última ocasión ya se habían hecho públicos los audios sobre el reparto de las presuntas mordidas por amaño de obras que costaron la cárcel al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y ante los que Ábalos solo pudo responder que no se «reconocía» en ellos.

La clave, el dinero

A pesar de aquella explicación, quien fuera mano derecha de Pedro Sánchez, a diferencia de su sucesor en la estructura del partido, logró esquivar hace tres meses y medio la prisión. Y ello porque Anticorrupción, antes de decidir sobre su encarcelamiento, quería esperar a tener en su poder el informe que acabó recibiendo el 3 de octubre sobre su patrimonio y a escuchar sus explicaciones – también las de Koldo García, quien está citado este jueves- sobre los continuos tejemanejes de dinero de origen desconocido que se traían entre ambos.

El ‘dossier’ de 285 páginas de la Unidad Central Operativa (UCO) es «demoledor», según apuntan ya desde el Supremo, y las surrealistas explicaciones estos días de Koldo sobre las «chistorras» de 500 euros, no han ayudado precisamente a predisponer a Anticorrupción a pedir que el exasesor ministerial y su jefe sigan en libertad con medidas cautelares. El informe de la UCO en el que se denuncia que Ábalos indudablemente mantiene «fuentes de ingresos no declaradas», y que Koldo le ayudó a encubrir el constante flujo de entrada en metálico de 95.000 euros de origen desconocido, ha cambiado a peor la situación procesal de ambos.

Ahora sí existirían motivos para defender la prisión provisional, según entienden en la Fiscalía, por la presencia de indicios de que ambos están ocultando pruebas (siguen sin revelar el origen de esos fondos) y de «reiteración delictiva», puesto que al no conocerse los canales de entrada de dinero podrían seguir utilizándolos.

Koldo pide anular la causa por excederse del suplicatorio

La defensa de Koldo García, el asesor ministerial de confianza de José Luis Ábalos, reclamó pocas horas antes de la nueva declaración como investigados de ambos, este miércoles y el jueves, que el juez del Tribunal Supremo archive la causa entera. Esta vez alega que ahora se investigan «hechos distintos a los autorizados» en el suplicatorio concedido por el Congreso para el exministro de Transportes por su condición de diputado. que se centraba en la compra irregular de material sanitario, fundamentalmente mascarillas, a una empresa vinculada al empresario Víctor de Aldama, también investigado en el caso.

Sostiene el abogado de Koldo que «la extensión de la investigación a hechos no autorizados vulnera el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley», en cuanto «que se les priva del derecho a la doble instancia penal». Según el hombre de confianza de Ábalos, el magistrado «ha ido extendiendo las pesquisas», incluso abriendo una pieza separada para investigar los presuntos amaños de obra pública, y eso excede el ámbito del suplicatorio concedido en su día por la Cámara Baja. Por ello, a su juicio, todo lo que supera el permiso parlamentario debe anularse y archivarse.