Tras una quincena de sesiones, la Audiencia Provincial puso este miércoles punto y final al macrojuicio por el ‘caso Novo Carthago‘, uno de los … grandes procedimientos por supuesta corrupción urbanística que han instruido los tribunales murcianos en las últimas décadas. Los siete acusados, entre los que se encuentran los exconsejeros Antonio Cerdá y Joaquín Bascuñana, aguardan ya una sentencia que, en todo caso y debido al retraso judicial, no les obligaría a pisar la prisión. La Fiscalía y la acusación popular han rebajado a un máximo de un año y tres meses de cárcel sus peticiones de condena ante la demora del procedimiento.
El fiscal entiende –en una decisión a la que se ha adherido también el letrado José Manuel Muñoz, que ejerce la acusación popular en representación de la Asociación Naturalista del Sureste (Anse)- que la atenuante de dilaciones indebidas que debe aplicarse a los acusados debe rebajar la posible pena que enfrentan en dos grados y no en uno, como inicialmente solicitaban. De esta manera, Cerdá, que afrontaba tres años y medio de prisión y otros tantos de inhabilitación, encara ahora un máximo de un año de prisión y nueve meses de inhabilitación. Las acusaciones han pasado de pedir penas de seis años y medio de inhabilitación para empleo o cargo público a Bascuñana por presunta prevaricación a una pena de tres años de inhabilitación.
‘Novo Carthago’ sentó además en el banquillo a otros cinco ex altos cargos y asesores del Gobierno regional que también han visto aligerada la espada de Damocles que pesaba sobre ella: la antigua asesora personal de Cerdá, María Antonieta Fernández Cano, acusada de prevaricación y blanqueo de capitales, por los que se le piden ahora un año de cárcel y tres meses de cárcel -frente a la pena de tres años y ocho meses de prisión que encaraba-; el exdirector general de Calidad Ambiental, Antonio Alvarado; el exdirector general de Administración Local y de Urbanismo, Manuel Alfonso Guerrero; el exsubdirector general de Urbanismo, José María Ródenas Cañada, y el antiguo asesor jurídico de Urbanismo, Luis María Romero Agulló, quienes están acusados de prevaricación -en calidad de partícipes- y que se enfrentan a peticiones de inhabilitación de tres años y que podrían privarlos de su condición de funcionarios.
Los procesados no hicieron uso del derecho a la última palabra, salvo el exdirector general de Calidad Ambiental, Antonio Alvarado, que agradeció el trato al tribunal y defendió nuevamente la legalidad de su actuación.
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