Las oposiciones de Mazarrón derivan en un cruce de denuncias y en una bronca política: «O me das las preguntas para mi nuera o la lío»

Ocho días después de haber presentado ante la Fiscalía una denuncia contra el Consistorio por un proceso «nulo de pleno derecho», pues no se reservó el 7 % de los puestos para personas con discapacidad (conforme al Estatuto Básico del Empleado Público), los populares llevaron el asunto al Pleno. Se esperaba que una batería de preguntas desatara la polémica entre el principal partido de la oposición y el gobierno, una coalición de Unión Independiente de Mazarrón (UIDM) y PSOE, lo que ocurrió. Y, además, el asunto derivó en un choque entre la exregidora y el secretario accidental del Pleno, Diego Martínez Montalbán.

Administrativos y discapacidad

El funcionario anunció que había denunciado en los tribunales coacciones, amenazas e intentos de soborno a los miembros del tribunal examinador, incluido él, para amañar las oposiciones. Aseguró que el examen (que reunió a 600 aspirantes en el pabellón deportivo de La Aceña el martes 21) y las calificaciones se ajustaron a la legalidad, y que se incorporó un cupo de dos plazas para personas con discapacidad. La decisión llegó tras un acuerdo entre el gobierno del independiente Campillo y los sindicatos, el mismo día que el PP acudió a la Fiscalía. Con estos precedentes, el debate en el Pleno se fue calentando y sufrió un inesperado giro cuando el concejal de Personal, Jorge Durán (también de UIDM), cerró su respuesta a las cuestiones planteadas por la portavoz popular cediendo la palabra al secretario, no sin antes culpar al PP de haber aprobado la OEP en su día sin el cupo de discapacidad. El secretario afirmó que quería detallar verbalmente su criterio «jurídico», contrario a anular las oposiciones por entender que no se vulneran derechos constitucionales. La sorpresa llegó cuando pidió también «cinco minutos» para, como secretario del tribunal examinador, informar de su denuncia y pedir «apoyo».

Entre protestas de Jiménez, que acusó al edil de eludir su responsabilidad política y al alcalde de consentirlo, el funcionario dijo ser víctima de un «linchamiento público, coacciones, presiones y amenazas» para alterar el proceso, y que le ofrecieron dinero. «Aquí hay 18 personas ocupando plazas interinamente y hay mucha polémica, muchos intereses», alertó. Y afirmó tener «pruebas» de que «el primer empleado que alegó» le acosó y de que, para que le filtraran el cuestionario del examen, «esta persona encerró a un miembro del tribunal, empleado directo suyo, subdordinado directo, y le dijo: ‘O me das las preguntas para mi nuera o la lío». De forma genérica, aireó más episodios turbios: «Otras personas han pedido: ‘O se da este [como empleado] o la lío’».

Choque con el alcalde

Martínez lamentó que comunicó el acoso al Consistorio, pero «no se ha hecho nada». Y apuntó: «Me ha costado mucho daño personal que se haga el examen limpio. La que se ha liado habla de mi honestidad». Entre caras de asombro, animó a ver los resultados de las pruebas y comprobar, entre quienes lograrían plaza (caben recursos), «si hay primos, amigos, alguien de Águilas [su municipio natal]…. Y concluyó: «Yo no pensaba en un examen de un ayuntamiento podría ver lo que he visto. Estoy muy sorprendido».

La edil del PP le espetó: «Usted ya se debería haber ido a un juzgado». El alcalde, entre continuos encontronazos con Jiménez, marcó distancias: «Yo no sé si se ha ido a un juzgado o no». Y el secretario replicó: «Por supuesto que he ido a los tribunales ya». A preguntas de LA VERDAD, precisó ayer que ha puesto el asunto en manos de un abogado para registrar una denuncia «a título individual». Y declaró, con advertencia incluida: «No sé qué decir a por qué no he denunciado esto como funcionario. Pero hay muchos testigos de coacciones a mí y a otros funcionarios. Me han ofrecido dinero amigos de amigos de amigos. Si la cosa se extiende, lo explicaré todo».