La falta de espacio en Ángel Bruna se agudiza con la futura Ciudad de la Justicia de Cartagena bloqueada

En ello coinciden las principales entidades involucradas en el día a día judicial de la ciudad. Los reductos cada vez más constreñidos que ocupan funcionarios, letrados y sus señorías dificultan sobremanera las tareas más cotidianas y ralentizan –más todavía– los procedimientos. «El gran problema del partido judicial de Cartagena es que precisa más unidades judiciales», analiza el presidente en la Región de la Asociación Profesional de la Magistratura, Fernando Madrid, que señala que este problema ya está teniendo su incidencia en el tiempo que se tarda en resolver los distintos casos. «Al no existir espacio en el actual Palacio de Justicia resulta necesario que el Ministerio, administración competente en medios materiales, disponga de inmuebles adecuados», reclama el letrado, que critica la actual política de ir suscribiendo alquileres «que encarece mucho la creación de unidades judiciales».

El juez recuerda que en unas semanas entrará en vigor en Cartagena la Ley Orgánica 1/25 que implicará la implantación de los Tribunales de Instancia. «Lo implicará un nuevo sistema de oficina, con cambios de asignación de los funcionarios y letrados de la administración de justicia y jueces, si bien no está previsto que se tomen medidas de reubicación del personal, ni de adecuación del espacio. De existir ese nuevo edificio, Ciudad de la Justicia, sería mas sencilla la creación de nuevas unidades judiciales y una adecuada ubicación de los diferentes cuerpos funcionariales que facilite el funcionamiento de los Tribunales de Instancia». Asimismo, Madrid reclama un servicio común de notificaciones y embargos «que no se ha creado porque no había sitio para ubicarlo».

Un proyecto «imprescindible»

Similar análisis realiza por su parte el decano del Colegio de Abogados de Cartagena, Ángel Méndez, que reivindica la Ciudad de la Justicia como «absolutamente imprescindible». «De momento, tristemente, no existe ningún avance significativo. Ahora mismo, antes del 31 de diciembre, se tiene que implantar en nuestro partido judicial la nueva oficina judicial conforme a la Ley de Eficiencia (Ley 1/2025) y la realidad es que la dispersión de sedes existente así como la propia distribución que existe en el Palacio de Justicia lo va a hacer todo mucho más complicado», lamenta el letrado.

Para Méndez, los abogados se encuentran atrapados entre dos administraciones que no se ponen de acuerdo y ruega al Ayuntamiento y al Gobierno central que «se sienten y lo solucionen de una vez. No puede estar parado este proyecto tan importante para la ciudad de Cartagena ni un solo día más».

Cabe recordar que en octubre de 2022, la entonces ministra de Justicia, Pilar Llop, anunció que impulsaría la creación del nuevo Palacio de Justicia de Cartagena, afirmando que tenían previsto destinar unos 40 millones de euros y que el proyecto tendría distintas fases.

Llop hizo entonces hincapié en que esta edificación «será novedosa» ya que estaba previsto organizar un concurso de ideas para que, tanto la ciudadanía como los profesionales del sector y los trabajadores de la Administración de Justicia, pudieran participar.

Este diario preguntó al Ayuntamiento si se había culminado la cesión al Gobierno de España de los terrenos municipales situados frente al hospital Santa Lucía, donde está prevista la construcción de la futura Ciudad de la Justicia. Portavoces del equipo de gobierno de Noelia Arroyo informaron a LA VERDAD de que actualmente están pendientes de que la Demarcación de Carreteras dé el visto bueno al acceso a la parcela planteado por los servicios técnicos municipales. «La vía de acceso al Puerto es competencia de la Administración central»

Las mismas fuentes añadieron que el Consistorio ya hizo un proyecto de urbanización y que el mismo fue enviado a Justicia. «El solar inicialmente aceptado se ha dividido a petición del ministerio para segregar una parte. Desde el Ayuntamiento también se remitió un listado de necesidades para el proyecto, elaborado por los componente de la Mesa de la Justicia», trasladaron desde el Ejecutivo municipal.

El pasado marzo, la alcaldesa cargó con dureza contra el Gobierno, responsabilizando a Madrid de los retrasos. Desde la Delegación de Gobierno explicaron entonces a este diario que «el proyecto no está condicionado a los Presupuestos Generales del Estado» y señalaron que ya habría una partida específica para este fin. A ojos del Gobierno central, el problema radica en que el Consistorio no ha finalizado los trámites para hacer efectiva la cesión de la parcela. «El terreno no está cedido ni afectado por lo que el Ministerio no puede actuar en un bien que no le pertenece», indicaron entonces.

Desde la Delegación del Gobierno recordaron también que en la última reunión de Justicia y el Ayuntamiento, el pasado febrero, «se les informó de que debían dejar clara la delimitación de la parcela y después remitir toda esa documentación al Ministerio. Una vez hecho esto, acordaron verse en Madrid para formalizarlo».