Miércoles, 22 de octubre 2025, 09:13
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La ley de simplificación administrativa de la Región de Murcia sale intacta de la Asamblea Regional, que rechazó este miércoles las enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios para introducir variaciones al texto aprobado por el Consejo de Gobierno el pasado mes de junio.
Pese a que el Partido Popular venía avisando durante semanas de que PSOE y Vox tenían un pacto oculto para modificar el decreto del Ejecutivo a través de sus enmiendas, finalmente estos dos grupos no se han apoyado mutuamente en la votación celebrada en el Pleno de este miércoles, por lo que no han podido sacar adelante ninguna de las 65 propuestas planteadas. Tampoco se aprobaron las iniciativas del Grupo Mixto, formado por Podemos e Izquierda Unida.
De esta forma, prevalece el decreto-ley que aprobó el Ejecutivo en junio y que estaba en vigor desde su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BOR). El decreto ya fue convalidado en julio por la Asamblea Regional, pese a que decidiera tramitarla como proyecto de ley.
Durante el debate, el diputado socialista y vicepresidente de la Asamblea Regional, Alfonso Martínez Baños, expresó su rechazo al proyecto del Gobierno regional, al considerar que supone «un ataque a la autonomía de los ayuntamientos» y «una desprotección de nuestro patrimonio cultural y medioambiental», lo cual «traerá consecuencias negativas a la Región de Murcia». El PSOE justifica su abstención en la votación de las enmiendas de Vox (era necesario su ‘sí’ para que estas prosperaran) en que solo se habían aprobado seis de sus cuarenta enmiendas, por lo que no podían apoyar un texto que saliera de esta forma.
La diputada de Vox Virginia Martínez criticó el decreto del Gobierno regional, al considerar que se trata de una auténtica maraña administrativa que va a hacer que funcionarios, empresarios y administrados tengan que «comprar brújulas para navegar en este caos». Afirmó que la ley no se aplicará con eficacia «si las consejerías no hacen a final de cada ejercicio informes de evaluación» para conocer lo que funciona y no funciona. Destacó que las enmiendas de Vox se centraban en la defensa del sector primario, «el verdadero sector estratégico de esta Región», por considerar que la iniciativa del Gobierno de López Miras «pretendía darle la puntilla». Asimismo, afirmó que su partido está a favor del desarrollo de la industria fotovoltaica «pero no a costa de arrancar naranjos y limoneros».
María Marín, portavoz del Grupo Mixto, declaró que la votación del proyecto de ley era ilegal porque no contaba con el informe de los servicios jurídicos de la Cámara ni los grupos de PP y Vox habían aportado el documento sobre los contactos que habían mantenido con colectivos para su elaboración. «Esta es una ley hecha por un lobby que no sirve al interés general», señaló Marín, quien dijo que el decreto partió de la patronal Croem y fue «realizado a medida para favorecer pelotazos urbanísticos, crear nuevas urbanizaciones a la carta y nuevos hoteles en un Mar Menor saturadísimo de ladrillo, autorizar plantas de biogás por toda la Región y un depósito de CO2 en el Noroeste». «López Miras y López Abad mandan más que la voluntad real de todos los vecinos de un municipio», denunció.
Por parte del PP, la diputada María Casajús centró su intervención en denunciar un «matrimonio de conveniencia» entre PSOE y Vox que finalmente no se produjo en la votación. Reprochó al partido de José Ángel Antelo de presentar unas enmiendas «con restricciones que van contra la libertad y el derecho a la propiedad privada de los agricultores, a los que pretendían decirles qué pueden y qué no pueden hacer con sus terrenos». «Eso no es defender la libertad económica, sino intervencionismo puro y duro», sentenció.
En el Pleno de hoy se debate también el proyecto de ley que regulará la convivencia entre el sector del taxi y los nuevos vehículos de transporte por carretera.
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