El Gobierno dio este viernes un paso en la ilegalización de la Fundación Francisco Franco, una de las asignaturas que le queda pendiente a la aplicación de la Ley de Memoria Democrática aprobada en 2022. En junio de 2024, el ministerio ya abrió un periodo de actuaciones previas para la extinción sobre el que ahora se asienta esta segunda fase del proceso.
Los trámites corren a cargo del Ministerio de Cultura, del que dependen las fundaciones y que ha sido encargado de elaborar el expediente de extinción de la entidad. En concreto, el Ejecutivo señala que su actividad viola tres preceptos de la legislación al enaltecer a la dictadura y a la figura de Francisco Franco, carecer de un interés general y vulnerar la dignidad de las víctimas del golpe de estado de 1936.
La Fundación conocía desde hace años la intención del Gobierno de coalición, ante lo que realizó un maquillaje en sus estatutos al remarcar el «máximo respeto a las víctimas de cualquier significación del periodo histórico de España entre 1931 y 1977». Esta modificación no resulta, no obstante, suficiente para el Ejecutivo.
Alegaciones
Se abre ahora un periodo de diez días en los que la Fundación podrá presentar alegaciones, algo que se producirá según adelantó el presidente de la entidad, el general retirado Juan Chicharro. «La resolución parte, de entrada, de un supuesto absolutamente falso, que contamina toda la resolución, porque parte de unos estatutos de esta fundación que están ya obsoletos», defendió Chicharro en referencia a los cambios que se introdujeron en 2024. El ex militar consideró además que el Gobierno usa la Fundación para «desviar la atención de sus problemas». «Francomodín», de denominó Chicharro.
Una vez presentadas las alegaciones se iniciarán los trámites judiciales que en caso de desembocar en una resolución de ilegalización en un plazo estimado de nueve meses llevaría a la extinción de la entidad y la liquidación de su patrimonio, cuyo valor sería destinado a causas sociales. Entre los bienes de la entidad figura un extenso archivo en el que se recopilan 30.000 documentos personales de Franco.
El ministro Félix Bolaños dio por hecho que los tribunales avalarán la decisión del Gobierno. «Si 50 años después conseguimos que su fundación sea extinguida, sea disuelta, será una buena noticia para la democracia española», señaló en declaraciones a RTVE.

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Enlace de origen : El Gobierno inicia el proceso judicial para ilegalizar la Fundación Francisco Franco
 
             
                                         
                                        