La Asamblea Regional tumba el decreto de vivienda asequible con los votos de Vox y la izquierda

PSOE, Vox y Podemos-IU, los grupos de la oposición, unieron sus votos (24 diputados) para asestar un serio varapalo al Partido Popular (21 diputados), que tenía esta norma como uno de sus proyectos bandera de la legislatura. El Gobierno regional llevaba trabajando en el texto desde enero, cuando fue anunciado a bombo y platillo por el presidente Fernando López Miras, manteniendo reuniones con los colectivos del sector de la construcción, que apoyaban el decreto.

En un Pleno celebrado en la Cámara autónoma, con este único punto en el orden del día, el consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, intentó convencer a los grupos desde la tribuna para apoyar una norma que definió como «de vanguardia». «Piensen, reflexionen y actúen en consecuencia como servidores públicos. Formen parten de la solución y no del problema», declaró Montoro, quien insistió en que «la vivienda más inaccesible es la que no se puede construir».

El consejero detalló que la iniciativa recogía medidas para favorecer la construcción de viviendas asequibles en la Región, entre ellas la declaración de urgencia de todos los trámites que permitiría acortar a la mitad los plazos relacionados con la concesión de licencia; el establecimiento de primas de edificabilidad de hasta el 50% en aquellos solares afectados por restos arqueológicos o elementos protegidos; o la autorización del uso residencial protegido en suelo destinado a equipamientos, excepto en los educativos y sanitarios. Además, se potenciaba al máximo figuras de planeamiento como los estudios de detalle, con el fin de agilizar trámites, y se incentivaba la finalización, a través de esas viviendas protegidas, de urbanizaciones inconclusas.

El decreto también se fijaba el precio máximo del metro cuadrado construido en 1.840 euros (actualmente está en 1.655 euros), con el fin de cubrir los costes de construcción, y se elevaba el umbral de renta tope de las personas que podrán beneficiarse, que se situaba en 6,5 veces el valor del IPREM, lo que significa que ciudadanos que ganen hasta 54.600 euros anuales podrán optar a adquirir una vivienda de este tipo en la Región.

PSOE: «López Miras es un presidente aislado incapaz de dialogar»

El diputado del PSOE Miguel Ortega, quien comenzó ironizando sobre «los problemas de cama de PP y Vox», reprochó a López Miras que no haya sido capaz de responder a la mano tendida de su secretario general, Francisco Lucas, quien ofreció apoyar el decreto si incorporaba tres medidas concretas: que se garantice que el suelo público que se ceda siempre sea público y no sirva para especular; que un 30% de las viviendas sean destinadas a alquiler asequible y que se amplíen los fondos del Aval Joven para que llegue a más beneficiarios.

Ortega indicó que López Miras no ha construido ni una sola vivienda pública en los últimos años, mientras que el Gobierno de Pedro Sánchez ha edificado 911, y afirmó que el precio que se ha puesto al metro cuadrado construido en el decreto (1.840 euros) hará que las viviendas asequibles sean más caras que las que ya se ofrecen en el mercado. No obstante, el diputado socialista avanzó que su grupo presentará una proposición de ley para regular modalidades como el ‘coliving’ y el ‘cohousing’, incluidos en la norma.

Vox: «Es una tomadura de pelo que introduce trámites y crea chiringuitos»

Por parte de Vox, la diputada María José Ruiz definió el decreto como «una tomadura de pelo a los ciudadanos de la Región de Murcia», acusando durante su intervención de los problemas del precio de la vivienda «al bipartidismo». Criticó que la propuesta de la Consejería de Fomento introducía nuevos trámites burocráticos y creaba «chiringuitos» como el ‘Panel de Impulso Urbanístico’, un órgano interadministrativo con el que se pretendía resolver cualquier discrepancia o bloqueo que retrase la obtención, transformación o creación de suelo para la construcción de nuevas viviendas protegidas.

También reivindicó la libertad de su grupo parlamentario para resistirse a los llamamientos de las patronales de la construcción, que pidieron el voto a favor del decreto de vivienda asequible. En la explicación final de voto, José Ángel Antelo justificó que su partido votó ‘no’ «porque PP y PSOE solo compran «vivienda» para alojar a inmigrantes ilegales, porque queremos liberalizar todo el suelo menos el protegido y bajar todos los impuestos y porque defendemos una España de propietarios, no de colivings ni Agenda 2030».

Podemos: «Se estudiará la vivienda asequible como ejemplo de publicidad engañosa»

Por parte del Grupo Mixto, la diputada María Marín (Podemos) señaló que el vocablo «vivienda asequible» «se estudiará en las facultades de marketing como ejemplo típico de publicidad engañosa». Criticó que un precio de 1.840 euros por metro cuadrado construido está por encima de la media en la Región, que se encuentra, según indicó, en 1.5500 euros por metro cuadrado útil. De esta forma, afirmó que la propuesta del Gobierno regional se olvidó de la financiación bancaria para los adquisidores de la vivienda asequible, «pues no hay banco que le vaya a adelantar ese dineral a nadie con los sueldos tan bajos que tenemos en la Región de Murcia».

Segado: «No derrotan al PP, sino a la esperanza de miles de personas»

Por último, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Joaquín Segado, ofreció a la oposición tramitar el decreto como proyecto de ley «para discutir artículo por artículo y no dejar fuera una sola propuesta que sea beneficiosa». Consideró que el rechazo al decreto «es una traición para los ciudadanos de la Región de Murcia, especialmente los jóvenes» y advirtió a Vox de que el PP no dialogará más con ellos sobre cuestiones de vivienda. «Llamen a sus nuevos socios del PSOE», ironizó.

Para Segado, el rechazo del decreto de vivienda asequible no es tanto un varapalo al Partido Popular como «una derrota de la esperanza de miles de personas y la ilusión de miles de jóvenes».