La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha dado este jueves al Gobierno un ultimátum de 15 días para cumplir el auto del … 25 de marzo que obliga a la Administración General del Estado a garantizar la acogida de unos mil menores inmigrantes solicitantes de asilo que se encuentran a cargo de los servicios de acogida en Canarias.
El tribunal señala que el actual ritmo de ejecución de la medida se está produciendo a un «ritmo insuficiente» y apremia al Ejecutivo a cumplir el mandato de los jueces «en sus propios términos, adoptando cuantas medidas sean necesarias con el carácter de urgencia que estas actuaciones imponen« y »con los apercibimientos ya señalados».
Según el Supremo, las iniciativas implementadas hasta ahora por el Gobierno no han evitado que se siga manteniendo «la situación de hacinamiento de menores no acompañados solicitantes de protección internacional en las instalaciones» de Canarias. «Transcurridos más de siete meses» desde la primera medida cautelar, el ritmo de ejecución del mandato es «manifiestamente inadmisible», lamenta el tribunal.
Desde marzo, el Supremo ha aumentado progresivamente su presión contra el Gobierno para que facilite la entrada de los menores refugiados en el Sistema Nacional de Protección Internacional (Snapi). En junio, los jueces reclamaron a la Administración central la puesta en marcha de cuatro medidas: dotarse en un plazo de 30 días de medios personales y materiales en las oficinas de tramitación de solicitudes; articular una colaboración «eficaz» con Canarias; identificar a los responsables de que las medidas se cumplan; e informar a la Sala de todos los avances realizados en la acogida.
Ante la omisión de estas exigencias por parte del Gobierno, el juez Carlos Lesmes amenazó un mes más tarde, en julio, con sanciones al Ejecutivo si no atendía a los peticionarios de asilo y solo tras este aviso, el Estado se comprometió a garantizar el «acceso inmediato» al sistema estatal de acogida a todos los menores que hayan solicitado asilo en Canarias, una promesa que el tribunal considera que todavía no está lejos de cumplirse.
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