Domingo, 2 de noviembre 2025
Comenta
Son menos de 13 horas, pero ese breve lapso puede cambiar la historia judicial española. Y mucho más. Entre las 21:29 horas de la noche del miércoles 13 de marzo de 2024 y las 10:20 de la mañana del jueves 14 tuvo lugar, siempre según la instrucción del Tribunal Supremo que cimenta esta información, la filtración de los datos del procedimiento contra el novio de Isabel Díaz Ayuso por doble fraude fiscal. Unas horas frenéticas de intercambio de mensajes, llamadas y publicaciones periodísticas que desembocaron hace más de un año en la imputación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos y que ahora, a partir de este lunes, va a llevarlo al banquillo de los acusados en una vista oral sin precedentes en la democracia española.
La anatomía de esa presunta filtración ilícita comienza, en realidad, casi dos meses antes del soplo sobre el procedimiento abierto contra Alberto González Amador. El 23 de enero de 2024, la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid incoa diligencias de investigación penal contra la pareja de la presidenta de la Comunidad madrileña tras una denuncia de la Agencia Tributaria por presuntos delitos de defraudación a la hacienda común y falsedad documental.
Solo una semana después, el 30 de enero, González Amador se reúne con su abogado, Carlos Neira, al que –siempre según el Supremo– encomienda forjar un acuerdo «lo más rápido posible» con el Ministerio Público para «causar el menor daño» a la imagen de Ayuso. Con ese encargo, Neira escribe un ‘mail’ al fiscal del caso, Julián Salto, el 2 de febrero, proponiendo un pacto de conformidad penal, en el que reconoce los hechos al tiempo que admite de manera literal que «ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública» vinculados al Impuesto de Sociedades de 2020 y 2021. Ese ‘mail’ es la clave de todo el proceso. Su supuesta filtración constituye la base de la acusación contra García Ortiz.
El 7 de febrero, la Fiscalía concluye la investigación y el 13, el Ministerio Público denuncia al novio de Ayuso y a otras cuatro personas por los delitos fiscales atribuidos. Para entonces, el 12 de febrero, el fiscal Salto ha contestado al abogado Neira que toma nota de su voluntad de llegar a un acuerdo y que la existencia de otros imputados no será un obstáculo para llegar a un pacto.
El 12 de marzo, elDiario.es publica a primera hora de la mañana la noticia de la existencia de la denuncia contra Alberto González Amador por fraude fiscal. Esta fue la primera información pública sobre el proceso al novio de Ayuso. Ese mismo día, la presidenta madrileña firma ya un tuit en el que recuerda que la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, había sido directora general de Justicia bajo el mandato del socialista José Luis Rodríguez Zapatero.
El miércoles 13, a primera hora, comienza la ofensiva mediática desde la Presidencia de la Comunidad para negar los hechos. La mandataria del PP afirma en una rueda de prensa que es al revés, que Hacienda debe dinero a su pareja, y denuncia una campaña de descrédito contra ella. En torno a las 20:00 horas de ese día, Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de Ayuso, transmite a varios periodistas que es el Ministerio Público el que ha planteado el pacto a González Amador.
El Mundo publica que el Ministerio Fiscal ofrece a la pareja de Ayuso esa conformidad para que admita dos delitos fiscales. Según la investigación del instructor en el Supremo, Ángel Hurtado, es esta información la que provoca la movilización del fiscal general para desmentirla y contrarrestar «el relato» del Gobierno autonómico.
«Minutos después» de las 21: 29 horas. García Ortiz llama a Pilar Rodríguez, su subordinada. Ella telefonea inmediatamente a Salto, el acusador público del caso, quien en esos momentos está en el Metropolitano viendo un partido de Champions del Atlético de Madrid, para solicitarle los correos electrónicos intercambiados con el abogado Neira.
Pilar Rodríguez, tras no coger el teléfono al fiscal general, luego le devuelve la llamada. Hablan durante casi cuatro minutos y medio.
La fiscal provincial envía un mensaje de WhatsApp a García Ortiz preguntándole a qué correo debe mandarle los ‘mails’ cruzados entre el fiscal Salto y el abogado de González Amador.
Apenas 22 segundos después, el fiscal general responde de nuevo por WhatsApp a Rodríguez que le envíe la cadena de correos electrónicos a su cuenta, la personal, de Gmail.
García Ortiz recibe en esa cuenta de Gmail suya el correo que contiene el mensaje del 2 de febrero en el que Neira admite los dos delitos de su cliente, en busca del pacto con la Fiscalía para rebajar las eventuales consecuencias penales a cambio de confesar.
La Sexta, desmintiendo la versión de la Comunidad de Madrid, informa de que es la pareja de Ayuso la que ha ofrecido el acuerdo de conformidad. La cadena no cita la existencia del ‘mail’ originario.
La Ser informa sobre el contenido del correo electrónico del 2 de febrero y las negociaciones entre el fiscal y el abogado del novio de Ayuso. Pero tampoco reproduce la literalidad de ese mail.
A las 23:43 horas, García Ortiz manda otro mensaje WhatsApp a Rodríguez solicitando un último correo para «cerrar el círculo».
La fiscal provincial contesta con otro wasap a su jefe que tiene ese último ‘mail’ y que se lo envía. Segundos después García Ortiz le responde con un ‘ok’.
La Ser publica en su web la noticia con el titular ‘El novio de Ayuso ofreció a la Fiscalía llegar a un pacto de conformidad declarándose culpable de dos delitos para evitar el juicio’. En ella incluye la textualidad del correo de 2 de febrero entre Neira y Salto, pero no lo reproduce en sí.
El 14 de marzo amanece con la resaca del frenesí de la noche anterior. A primera hora de la mañana, el ‘mail’, esta vez sí el original, llega hasta La Moncloa y, desde allí, al PSOE de Madrid con la intención de que ese mensaje en el que el abogado de González Amador admitía la comisión de dos delitos tributarios fuera usado como arma política contra Ayuso en la Asamblea de Madrid que celebraba sesión esa misma jornada.
Según el instructor del Supremo, una copia del correo del 2 de febrero entre Neira y el fiscal Salto fue remitida desde la Fiscalía General del Estado a Pilar Sánchez Acera, entonces directora de Gabinete del Presidente del Gobierno y bajo las órdenes del hoy ministro Óscar López, quien se lo reenvía a Juan Lobato, líder en ese tiempo del PSM y portavoz socialista en el Parlamento madrileño.
Sánchez Acera manda a Lobato otro mensaje de texto avisando de que tenga cuidado con los datos personales que se contienen en ese ‘mail’ entre Neira y Salto.
El Plural, diario digital dirigido por Angélica Rubio, al frente de Comunicación del Gobierno con Rodríguez Zapatero en La Moncloa, publica de manera íntegra el ‘mail’ del abogado de González Amador.
Sánchez Acera envía otro mensaje a Lobato dándole instrucciones de cómo sacar a relucir en la Asamblea madrileña el ‘mail’ que minutos antes ha publicado El Plural: «Usted dijo ayer que era una inspección a lo bestia. Usted debe mentir…».
Se publica una «nota informativa» con el membrete de la Fiscalía Provincial de Madrid con una cronología en la que se incorpora información, entre otros, del correo nuclear del 2 de febrero. Esa nota, según admite el propio García Ortiz, fue impulsada y consensuada por él mismo.
Y a partir de ahí, el resto es historia con luz y taquígrafos. Solo cuatro días después de esas horas de vértigo, el 18 de marzo de 2024, el Colegio de Abogados de Madrid denuncia la filtración. El 7 de mayo, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) abre causa por la supuesta implicación de la fiscal provincial. El 15 de julio, ante los indicios que apuntan a la intervención del fiscal general en las presuntas maniobras para filtrar datos del procedimiento contra el novio de Ayuso, el TSJM eleva una exposición razonada al Supremo.
El alto tribunal abre causa a García Ortiz el 15 de octubre del pasado año. Solo 15 días después, el juez Hurtado envía a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a registrar los despachos del fiscal general y de Pilar Rodríguez a fin de incautarse de sus dispositivos electrónicos.
Pero para entonces, según la UCO, el hoy enjuiciado ya había borrado doblemente (con un protocolo con una pericia casi propia de un profesional) todos los datos de su terminal. Lo hizo el 16 octubre. Un puñado de horas después de que se conociera que el Supremo había incoado el proceso que este lunes le sienta en el banquillo.
Soy William Abrego, me uní como ejecutivo de SEO y me abrí camino hasta el puesto de Gerente Asociado de Marketing Digital en 5 años en Prudour Pvt. Ltd. Tengo un conocimiento profundo de SEO en la página y fuera de la página, así como herramientas de marketing de contenido y diferentes estrategias de SEO para promover informes de investigación de mercado y monitorear el tráfico del sitio web, los resultados de búsqueda y el desarrollo de estrategias. Creo que soy el candidato adecuado para este perfil ya que tengo las habilidades y experiencia requeridas.
Enlace de origen : El fiscal general en el banquillo: anatomía de una filtración
