López Miras anuncia que el decreto de vivienda asequible se tramitará como proyecto de ley exprés

Después de señalar que no tenían un ‘plan B’ y acusar a los grupos de la oposición de haber perjudicado a los jóvenes y familias de renta media de la Región, el jefe del Ejecutivo decide ahora que la norma derogada sea aprobado como proyecto de ley por parte del Consejo de Gobierno y llevado a la Cámara legislativa, donde los grupos parlamentarios, si aceptan tomarlo en consideración, podrán realizar enmiendas durante su tramitación.

En respuesta a una pregunta del portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Joaquín Segado, en el Pleno de control de este jueves, el presidente de la Comunidad aseguró que se intentará acelerar al máximo los plazos administrativos para que el proyecto de ley entre cuanto antes a la Asamblea Regional. Normalmente, un proyecto de ley tiene que pasar por un periodo de información pública y recabar los dictámenes de distintos organismos y consejos consultivos, como el CES y el Consejo Jurídico de la Región de Murcia.

El jefe del Ejecutivo regional insistió en que se trataba de «un buen decreto» que iba a permitir la construcción de 25.000 viviendas para jóvenes y rentas medidas en los próximos cinco años en la Región de Murcia. Un decreto «que fue consensuado con todos los colectivos y organizaciones que tienen que ver con el sector de la vivienda». Tanto Joaquín Segado como Fernando López Miras fueron especialmente duro con Vox, a quien acusaron de permitir que ahora mismo solo impere en la Región la ley estatal de vivienda «de PSOE, ERC y Bildu».

Así, entiende el presidente de la Comunidad que el Gobierno de la Región de Murcia «no se puede resignar ni paralizar porque así lo quiera la Asamblea, no puede estar supeditado a los intereses partidistas de la oposición», por lo que ha decidido recuperar el decreto como proyecto de ley.

Mamografías, inseguridad e inundaciones

En la sesión de control, el jefe del Ejecutivo respondió también a las preguntas que le realizaron los portavoces de PSOE, Vox y Podemos-IU.

La responsable del Grupo Socialista, Carmina Fernández, le interpeló por las razones por las que «hay 1.223 mujeres en la Región que no tienen asignada fecha para hacerse una mamografía», así como por los motivos por lo que se retrasa la ampliación de los programas de cribado de cáncer de mama. «Son mujeres reales de carne y hueso que tienen un nudo en el estómago esperando una llamada que nunca llega por sospecha clínica», indicó la portavoz, quien recuerda que «detrás de cada número hay una historia: mujeres que van a a trabajar con un bulto en el pecho porque no pueden parar». «Usted ha fallado a las mujeres de esta Región», reprochó la portavoz, quien exige la apertura de una comisión de investigación sobre los programas de cribado.

El presidente negó que los datos ofrecidos por el PSOE sean ciertos y se mostró molesto con las afirmaciones de Carmina Fernández. Insistió en que en la Región de Murcia «el programa de cribado de cáncer de mama no tiene lista de espera», añadiendo que el tiempo medio para citar a las mujeres para una mamografía es de 19 días, cuando el máximo legal es de 30 días. «Viene a desinformar sobre un tema muy serio y delicado como es la salud», afirmó el jefe del Ejecutivo, quien recordó a los socialistas que «quien falla a las mujeres es el partido de la ley del ‘solo sí es sí’, el de los fallos en las pulseras antimaltrato, el que tenía como secretario de Organización a José Luis Ábalos». «El indecente es Ábalos», gritó el presidente regional.

Por parte de Vox, José Ángel Antelo preguntó por el supuesto incremento de la inseguridad en la Región de Murcia, un aumento que el presidente negó basándose en los datos «de la Fiscalía y las fuerzas de seguridad». Antelo le acusó de dar por buenos los datos de Marlaska, y señaló que, según estas mismas estadísticas, delitos graves como los homicidios y tentativas de homicidio, agresiones sexuales con penetración y robos con violencia se han incrementado en los primeros cinco meses del año. Relacionó este incremento de la delincuencia con la inmigración ilegal.

Miras respondió que las competencias de seguridad ciudadana pertenecen al Ministerio del Interior, proponiendo a Vox que vaya de la mano del PP para exigir el aumento de las plantillas de la Guardia Civil y la Policía Nacional. 

Cerró el debate María Marín, portavoz del Grupo Mixto, formado por Podemos e Izquierda Unida. Marín se interesó por las inversiones para prevenir los daños por las danas. Miras señaló que el Gobierno regional ha invertido 75 millones de euros desde 2019 en infraestructuras como los colectores de pluviales en los municipios del Mar Menor. Afirmó que estas instalaciones fueron clave para que el casco urbano de Los Alcázares no se inundara tras el paso de la dana Alice, hace unas semanas. En ese sentido, exigió al Gobierno de España que haga lo mismo y construya las infraestructuras pendientes.

Marín, por su parte, instó al Ejecutivo a licitar el plan de ordenación territorial contra el riesgo de inundaciones. Un proyecto que, según la portavoz, «fue paralizado por los servicios jurídicos de la Cámara porque el exconsejero Díez de Revenga quería adjudicárselo a sus socios». Una versión que niegan desde el Gobierno regional. «Sin planes de ordenación contra inundaciones y sin moratoria urbanística, que pase aquí lo mismo que ocurrió en Valencia es cuestión de tiempo», advirtió la dirigente morada.