Europa forzará un cambio en el modelo agrícola regional en la próxima década

La Política Agrícola Común (PAC) y la Política de Cohesión acaparaban la mayor parte de la financiación que otorga la Unión Europea. Sin embargo, el Gobierno de Ursula von der Leyen ha planteado una restructuración de sus presupuestos al entender que los anteriores eran demasiado rígidos y ahora ese contexto internacional y las particularidades de cada estado y región obligan a una simplificación en el acceso a los fondos y mayor margen de maniobra para utilizarlos. La Comisión apuesta por un fondo único de 865.000 millones de euros donde fusiona las subvenciones agrícolas y de desarrollo regional y local (Feder y Leader), y las mezcla con partidas para migración, seguridad, política social, transición energética, cambio climático, etc.

Bruselas entiende que hay que reducir la multiplicidad de fuentes de financiación europeas. La intención es renacionalizar la gobernanza del presupuesto para que cada estado decida con un plan propio, aprobado por la Comisión, qué cantidades destina a cada proyecto. Es aquí donde empieza la verdadera transformación de sectores como el agro murciano, forzado por una Europa que ve cómo el relevo generacional no llega y no hay buen ritmo en las inversiones en modernización y digitalización de las explotaciones. La propuesta pasa por acabar con el sistema actual de los dos pilares de la PAC (pagos directos y desarrollo rural), fijar 302.000 millones de euros garantizados en ayudas (con un recorte del 22% con respecto al periodo 2023-27 de la PAC) y dejar libres otros 237.000 millones no reservados dentro de ese macrofondo que los Gobiernos podrían destinar a la agricultura.

Competencia por el dinero

Sin embargo, ese planteamiento abre la posibilidad a que se desarrolle una disputa entre sectores para captar la mayor parte de los fondos variables. Cada estado tendría que decidirlo, pero en la práctica es como si el programa Caetra de la Región de Murcia, dedicado al desarrollo de tecnologías del ámbito militar y civil para sectores como la defensa o la seguridad, tuviera que competir con proyectos para restaurar bosques, reducir emisiones, apoyo a los pueblos o las subvenciones a las organizaciones de productores de frutas y hortalizas. Bruselas es consciente que puede originarse una lucha entre Gobierno central y comunidades, o incluso entre ministerios, por ese dinero. A esto se une el mayor aporte en coofinanciación que tendrán que asumir los países.

La Comisión Europea no ve que su planteamiento reduzca apoyo económico al campo, ya que argumenta que existen otras vías al margen de la nueva PAC que cubrirían el recorte en las ayudas directas. Bruselas quiere destinar 40.000 millones dentro del nuevo Fondo Europeo de Competitividad (descarbonización, industria militar, tecnologías…) en investigación dentro de sectores estratégicos como el agrario, y ahí es donde presionaría para extender la modernización de regadíos en las regiones mediterráneas, construir infraestructuras hídricas y que la tecnología aterrice por completo en las explotaciones. La visión del futuro presupuesto también pasa por una reorganización del modelo empresarial, donde Europa cree que hay que consolidar y aumentar las exportaciones agrarias de las pequeñas y medianas empresas en territorios como la Región de Murcia, e incluso promociona el cooperativismo como un ejemplo de organización que afianza la actividad y da más seguridad económica a agricultores y ganaderos. También se daría más prioridad a la diversificación o rotación de cultivos, algo que ya implementa desde este año.

La reestructuración de la PAC busca también limitar el acceso a las ayudas a las grandes multinacionales y recircular ese dinero hacia las entidades de menor tamaño (se mantiene el límite de 100.000 euros por explotación). Europa quiere sacar de la ecuación a los agricultores jubilados que ahora perciben la PAC para acelerar el relevo generacional. Obligará a los estados a invertir al menos un 6% de su gasto agrícola en medidas que promuevan el acceso de los jóvenes al campo, un factor que tendría bastante repercusión en la Comunidad.

Preocupa más qué pasará con los pagos acoplados de la UE a cultivos con limitaciones, como los que están en montaña, en espacios protegidos o el secano, con mucha presencia en la Región. Estas partidas son las compartirían espacio en ese montante sin asignación previa que tendrá que desarrollar España en su nuevo Plan de Colaboración Nacional y Regional. Otra duda en el aire es cómo se proyectará la política agroambiental (los famosos ecorregímenes, novedad de la actual PAC), que tuvieron mucho tirón en Murcia.

Rechazo unánime del sector

La propuesta de la Comisión no ha gustado nada al sector agrícola regional, sobre todo por ese recorte en las ayudas directas, pero tampoco al Gobierno autónomico, que ve en la nueva PAC un cúmulo de «trabas y retos» que no contaban con afrontar. Por delante quedan dos años de negociación para cerrar el nuevo presupuesto comunitario y la estructura de la nueva PAC. Organizaciones agrarias y patronales murcianas, junto con el Ejecutivo, firmaron un manifiesto donde reclamaron a Europa que la política agraria común cuente con financiación suficiente para garantizar la actividad agrícola familiar, una hoja de ruta en materia de agua y mantener las ayudas a sectores estratégicos como frutas y hortalizas, el viñedo y la apicultura.

«España tiene que hacer muchas inversiones en el tema del agua»

La Comisión Europea ha encontrado más detractores que apoyos en Bruselas a su Marco Financiero Plurianual 2028-2034. En el Parlamento Europeo, cinco grupos políticos que representan el 80% de los eurodiputados han mostrado su rechazo frontal a la propuesta de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, a quien piden recular y aceptar cambios sustanciales. Populares, socialistas, liberales y los verdes enviaron una carta a la máxima dirigente oponiéndose a la renacionalización de los fondos europeos, que implicaría un cheque para que cada país lo gaste como prefiera. Entienden que ese planteamiento diluye las funciones específicas que tiene cada programa de financiación y acabaría con la política comunitaria de la PAC.

Todos están abiertos a una negociación, e incluso se espera que el Ejecutivo europeo mueva ficha en los próximos días. Lo que parece estar claro es que la estructura financiera de los Veintisiete y la Política Agrícola Común deberá cambiar en favor de un modelo más flexible para gestionar los fondos.

El comisario de Agricultura y Alimentación, Christophe Hansen, afirmó esta semana que la nueva PAC y el presupuesto comunitario conllevan «una gran simplificación» y menos burocracia para los agricultores. La Comisión hará recomendaciones a los estados para administrar el dinero de las subvenciones al campo y al desarrollo rural, pero estas no serán vinculantes. El responsable europeo dice entender las críticas de España al proyecto presupuestario sobre la indefinición de los fondos de cohesión y las dudas sobre la implicación de las regiones, «pero al final no va a cambiar de lo que conocemos ahora con los planes estratégicos de la PAC, que funcionan bien porque nadie se está quejando».

Hansen apuntó que la negociación «no es un sprint, es un maratón». Por delante quedan dos años «para hacerlo bien, obviamente con el ‘input’ del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea». El comisario ve un problema en «que el sector de la agricultura no hace suficientes inversiones»: «Las nuevas tecnologías no llegan al campo, y entonces la sostenibilidad y la productividad no pueden ir hacia arriba, o al menos mantenerse». Defendió que la propuesta del marco financiero, «no pone límites» a las inversiones en el sector y dio importancia a la modernización de los regadíos: «Me parece que España tiene que hacer muchas inversiones en el tema del agua. Hay zonas que pierden producción» por este problema y «tenemos que invertir más».