Los dueños de 339 inmuebles optan a permisos para ocupar parte de la costa

Los propietarios de 339 de esos bienes se han dirigido a la Demarcación de Costas del Estado en la Región, que pertenece al Miteco, para solicitar autorizaciones de ocupación del dominio público conforme a una posibilidad recogida en la Ley de Costas. Así lo confirmaron a LA VERDAD fuentes de la Demarcación, a raíz de la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de anuncios sobre el inicio del periodo de información pública de estos expedientes, donde interesados y afectados pueden presentar alegaciones y observaciones.

Dueños de casas, restaurantes, salinas y parcelas con otros usos optan a permisos para seguir disfrutando de su ubicación en primera línea del litoral en distintos lugares de la geografía regional, como Los Nietos y La Manga. Esa ‘licencia’ es, además, un escudo contra el posible derribo de las edificaciones en virtud de la ley y de los programas lanzados por el Gobierno de España, como el Plan para la Protección del Borde Litoral del Mar Menor, que incluye Cabo de Palos como zona de influencia.

Según explicaron en la Demarcación, «actualmente se encuentran en tramitación 339 expedientes de concesión de ocupación de dominio público marítimo-terrestre, en aplicación de la legislación transitoria de la Ley de Costas», aprobada en 1988 y reformada en 2013.

A preguntas de este diario, y a modo de ejemplo, en el Ministerio señalaron que dos anuncios recientes del BOE –sobre una vivienda de San Javier y otra de Cartagena– «se refieren a la solicitud de otorgamiento de nuevas concesiones a particulares». Afectan a «terrenos inscritos en el Registro de la Propiedad que, al practicar un deslinde, han quedado incluidos en el dominio público. Y añadieron que este tipo de concesión es «un derecho que otorga la Administración con carácter indemnizatorio, siempre que el propietario acredite la titularidad de la finca y la legalidad de los usos que se hallan sobre ella, en cumplimiento de las disposiciones transitorias de la Ley de Costas».

Áreas ajardinadas

Fuentes conocedoras de este tipo de trámites recalcaron que las nuevas concesiones se otorgan para los usos que ya existían antes del deslinde y que, por lo general, se trata de zonas ajardinadas o de esparcimiento. Añadieron que también tienen que ver con usos residenciales y de hostelería y que se han ido resolviendo peticiones de concesión conforme han ido aprobándose y entrando en vigor los diferentes deslindes, en un proceso iniciado en la década de 1990. En cuanto a la duración de las concesiones, indicaron que el plazo máximo es de treinta años, prorrogables por otros treinta si se cumplen una serie de requisitos.

Las mencionadas publicaciones del BOE remiten a un deslinde practicado en el año 2000 en La Manga, dentro del municipio de San Javier, y a otro de 2024 en Los Nietos (Cartagena). Y se refieren, según fuentes jurídicas, a la Disposición transitoria primera, apartado 3, de la Ley de Costas. En virtud de esta, amparados por el artículo 34 de la Ley Hipotecaria, los titulares registrales de los terrenos que resulten comprendidos en el deslinde practicado pasarán a ser titulares de un derecho de ocupación y aprovechamiento del dominio público marítimo-terrestre bajo ciertos requisitos. Lo harán por treinta años prorrogables, respetando los usos y aprovechamientos existentes».

Dentro de sus competencias sobre el dominio público marítimo-terrestre, la Demarcación de Costas sacó a información pública en septiembre el proyecto de «recuperación posesoria en el entorno de la playa del Lastre». «Se trata de un expediente que obedece al interés mostrado conjuntamente por la Demarcación de Costas en Murcia y el Ayuntamiento de La Unión para la retirada de unos postes de madera sin uso aparente en la finca de la antigua batería militar de La Chapa, deslindada como dominio público marítimo-terrestre», explicaron fuentes del organismo estatal.

«Para ello -indicaron-, es preciso tomar previamente posesión de estos elementos, de los cuales se desconoce quién es su titular». «En vista de las alegaciones que, en su caso, se reciban, se procederá a la resolución del expediente y a determinar quién ha de proceder a su retirada», apuntaron en el Gobierno central.

En julio, Costas expuso al público «la tramitación del título de concesión sobre el sector oriental de las salinas de Marchamalo solicitado por la Fundación ANSE» (Asociación de Naturalistas del Sureste), llamado de las ‘Marismas viejas’. Ello «incluye la necesidad de convocar un concurso abierto, en cumplimiento del artículo 75 de la Ley de Costas y de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo» sobre servicios en el mercado interior, de 2006. Deben «respetarse los principios de publicidad, imparcialidad, transparencia y libre concurrencia en el acceso al desarrollo de actividades económicas en terrenos demaniales, como así ocurre con esta explotación salinera», indicaron.

En 2019, la Fundación ANSE adquirió 8 hectáreas de concesión en ese sector Este. Y junto a WWF-España y el Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC), y con apoyo de la Fundación Biodiversidad (del Ministerio), ha recuperado la actividad salinera tradicional y mejorado la gestión de la biodiversidad en este espacio natural protegido del Mar Menor.