La UCO certifica en el Supremo: «Al teléfono del señor fiscal no pudimos acceder porque estaba borrado»

Antonio Balas Dávila, el teniente coronel de la Guardia Civil al frente del Departamento de Delincuencia Económica de la UCO, y sus dos lugartenientes confirmaron que García Ortiz ese 23 de octubre se deshizo del Samsung Galaxy A 52 5G que usaba entre el 8 y el 14 de marzo, que fue cuando se produjo la filtración, para hacerse con un nuevo A 54 de la misma marca, sin que jamás devolviera el anterior móvil. Una semana después de cambiar de móvil, el 30 de octubre, fue cuando la UCO registró el despacho del fiscal general, por lo que el terminal que requisaron ya no tenía «ningún mensaje de interés» para investigación, según constataron los peritos.

El equipo de Balas también aseguró ante el tribunal que el imputado también “borró” poco antes del registro los correos de Gmail y los mensajes de WhatsApp, según les informaron ambas multinacionales.

Un fiscal general del Estado empeñado en desacreditar el trabajo de la unidad de élite de la Guardia Civil ante el Tribunal Supremo. Inédito, pero así es. Iñaki Ocio, el abogado del Estado que representa a Álvaro García Ortiz, este miércoles desveló una de sus bazas en la estrategia de defensa: tratar de cuestionar la limpieza del trabajo de la Unidad Central Operativa (UCO) durante el registro del despacho del fiscal general el 30 de octubre de 2024, donde clonaron su ordenador, su nube y su teléfono, que ya había sido cambiado previamente.

Las preguntas de Ocio a los tres agentes que ese día estuvieron en la sede de la calle Fortuny de Madrid fueron dirigidas a intentar probar que los agentes no cumplieron estrictamente con el mandato del instructor de la causa en el Supremo, Ángel Hurtado, que circunscribió el volcado a las fechas entre 8 y el 14 de marzo de 2024, la horquilla temporal en la que supuestamente se produjo la filtración del correo en el que Carlos Neira, el abogado del novio de Ayuso, Alberto González Amador, reconocía la comisión de un doble delito fiscal por parte de su cliente.

Ocio insistió en que durante el allanamiento hubo quejas por parte de la Abogacía del Estado por el «carácter desmesurado» de la requisa. Esos reproches fueron rebatidos por los agentes, que negaron ante el Supremo que se pudiera hacer un «volcado selectivo» entre dos fechas. «Hay que hacerlo de manera total», dijo uno de los funcionarios de los UCO. «Técnicamente es imposible volcar por fechas», reiteró ese mismo agente. «No se podía realizar una búsqueda selectiva. La copia fue íntegra porque el propio archivo no permite seleccionar», apuntó otro de los agentes. «Es inviable técnicamente durante una intervención hacer una selección», abundaron los funcionarios, que reconocieron la «copia de la nube fue total». Hacer una selección previa habría necesitado de «semanas», según los guardias testigos.