El pleno de control al Gobierno regional en la Asamblea estuvo marcado de nuevo este jueves por la tensión entre PP y Vox. La ruptura … entre los antiguos socios volvió a escenificarse en un cruce de reproches a cuenta del gasto sanitario, la Dependencia, la FP o el Trasvase Tajo-Segura. La presidenta de la Asamblea, Visitación Martínez, tuvo que llamar varias veces al orden a las diferentes bancadas, mientras llovían las recriminaciones de un lado a otro. El portavoz adjunto de Vox, Rubén Martínez Alpañez, aseguró que «en la calle» los ciudadanos comparten que «se vaya Pedro Sánchez» y también «el Gobierno de López Miras», mientras la consejera de Agricultura, Sara Rubira, acusó al partido de Abascal de «escandalosos compadreos con el PSOE» y de «estar más cómodos en la oposición, con la izquierda».
El gasto sanitario protagonizó el primer escarceo, con Martínez Alpañez afirmando que el SMS está «en bancarrota» y preguntándose «cuántas personas se van a ver en la calle por los impagos a los proveedores». La situación, advirtió, empeorará sin presupuestos para 2026. El consejero de Salud, Juan José Pedreño, le respondió recriminándole falta de apoyo en «las reivindicaciones frente a la infrafinanciación» que sufre la Región, y defendió que a finales de octubre el plazo de pago a proveedores se situaba en 32 días, prácticamente en los 30 días estipulados por la norma.
El enfrentamiento continuó luego entre la diputada de Vox Virginia Martínez y la consejera de Política Social, Conchita Ruiz. La primera denunció que la Región de Murcia «acumula el mayor retraso de toda España» en la concesión de las prestaciones y ayudas de la Dependencia, y acusó al Gobierno regional de destinar a los menores migrantes no acompañados fondos que podría dirigir a la Dependencia. Conchita Ruiz ironizó con este ‘mantra’ de los ultraconservadores: «Han tardado mucho (en sacar ese argumento), se ve que se están quedando sin ideas para atacar a este gobierno». La consejera, que hace apenas unos meses pactó con Vox el cierre del centro de Santa Cruz, recordó la obligación de la Administración de atender a estos menores. Los choques continuaron por la planificación de las plantillas de profesores de FP y por la sentencia del Tribunal Supremo que desestima la demanda contra el recorte del Trasvase Tajo-Segura. El diputado Antonio Martínez Nieto achacó a López Miras este «fracaso».
Cribado de mama
El PSOE, por su parte, puso el foco en los retrasos en la anunciada ampliación del cribado de cáncer de mama a todas las mujeres de entre 45 y 74 años. Como adelantó LA VERDAD, el programa de mamografías no cubrirá a toda esta población al menos hasta 2027, pese a que el Gobierno regional anunció en su día que Murcia sería «la primera comunidad en ampliar el cribado». La diputada socialista Marisol Sánchez Jódar afirmó que a este «incumplimiento» se unen «los retrasos» en los «tramos de edad ya cubiertos», y cargó contra las derivaciones de mamografías a centros concertados. Esto genera «duplicidades» porque hay que repetir pruebas o pedir otras complementarias, denunció. La diputada leyó las quejas al respecto enviadas por «dos médicos».
El consejero de Salud, Juan José Pedreño, explicó que el retraso de los planes iniciales de ampliación obedecen a una «incidencia», en referencia a la salida de la Asociación Española contra el Cáncer (Aecc) del programa, y resaltó que esto no supone el incumplimiento de «ninguna obligatoriedad». La ampliación obedece a las recomendaciones de la Unión Europea, recordó. Pedreño calificó de «miserables» las críticas de los socialistas, y les acusó de generar «incertidumbre» en las mujeres hacia «un programa que funciona».
PSOE y PP también chocaron por la vivienda. El diputado socialista Miguel Ortega denunció que la Región de Murcia podría haberse beneficiado de 226 millones del Plan Estatal de Vivienda rechazado por las comunidades del PP, lo que «habría permitido construir 1.932 viviendas de 90 metros cuadrados». «Ni los constructores ni la ciudadanía se merecen un gobierno que ha renunciado a ser un acto clave» para «solucionar el problema de la vivienda». El consejero de Fomento, Jorge García Montoro, le respondió que el plan estatal es «un yo invito y tú pagas», y acusó al Gobierno de España de «imponer recetas fracasadas, como las zonas tensionadas», mientras siguen sin llegar «las 184.000 viviendas prometidas por Pedro Sánchez».
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