Un juzgado rechaza suspender ya las oposiciones de Mazarrón y analizará si son nulas

Sobre la base de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, el juzgado acordó dar traslado «por plazo de tres días a la Administración demandada [el Ayuntamiento]» y a la Fiscalía para que se posicionen sobre el recurso. Así consta en un auto dictado el pasado martes, 11 de noviembre, y contra el que cabe un recurso. La jueza María Luisa González Campo se pronuncia así sobre un recurso donde el opositor solicita que tumbe su proceso y el conjunto de la Oferta de Empleo Público por la vulneración del artículo 14 de la Constitución Española, sobre la vulneración del principio de igualdad; de la Ley integral para la igualdad de trato y la no discriminación; de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público; del derecho de la Unión Europea en esta materia; y de la doctrina del Tribunal Supremo. El motivo principal es que «ni en la OEP ni en las Bases Específicas se ha reservado el cupo mínimo del 7% para personas con discapacidad» (dos plazas). El Consistorio efectuó la reserva en octubre, con el proceso ya iniciado, tras las alegaciones y los recursos de opositores, de sindicatos y del Partido Popular.

Denuncia penal del PP

A través de su concejala portavoz y exalcaldesa, Alicia Jiménez, el PP presentó una denuncia ante la Fiscalía por la eventual «alteración o manipulación del procedimiento selectivo y por vulnerarse los principios de igualdad, mérito y capacidad», tras «presiones internas» de funcionarios y políticos al secretario accidental del Pleno y secretario del tribunal examinador, Diego Martínez, y a otros técnicos para evitar la nulidad. El propio secretario denunció en el Pleno coacciones e intentos de soborno, si bien dijo que el proceso ha sido «limpio». El gobierno local, de Unión Independiente de Mazarrón (partido del alcalde Ginés Campillo) y PSOE, niega un amaño.

El recurso que analiza la jueza cita la omisión del cupo de discapacidad; la falta de respuesta a «numerosos recursos» de los opositores; «la corrección de 1.200 exámenes acelerada»; y las supuestas coacciones de Diego Martínez y del interventor accidental del Consistorio, Jesús Ribas, a interinos y funcionarios recién incorporados sobre su continuidad.

Hoy, Junta de Gobierno Local

El escrito transcribe el audio de «una reunión» celebrada el 17 de octubre. Según el recurrente, en la grabación el secretario y el interventor accidentales lanzaron «graves admoniciones», al advertir a los trabajadores de que su única opción de mantener el empleo era celebrar las oposiciones. Apoyar las reclamaciones de dos opositores e impugnar, apuntó Martínez, podría tener como «consecuencia» la nulidad total; la amortización de las plazas; e irse de inmediato «a la calle». Saldrían 40 personas que llevan más de tres años en el puesto, señaló.

Según el recurrente, Martínez y Ribas habrían «motivado una situación desasosegante y angustiosa a escasos cinco días» de un examen. Esa «presión» les impidió «preparar adecuadamente y superar el proceso selectivo».

El Consistorio insiste en que ha respetado la legalidad y prevé dar hoy otro paso para incorporar a los 18 nuevos funcionarios (ninguno de ellos es interino). El concejal de Personal, Jorge Durán, de UIDM, elevó a la Junta de Gobierno Local la propuesta de aprobar la «finalización» del proceso y constituir una bolsa de trabajo. A la vez, el ejecutivo indicó a este diario que «se va a abrir una investigación interna». Está «recabando todas las informaciones al respecto».

«Si se estima la reclamación y se declara la nulidad de la Oferta de Empleo Público significa, para el que ya tiene su plaza… un pedagogo, un oficial almacenero, tres peones… que se van a la calle». E igual para los 18 administrativos interinos. «Esto es lo que piden los dos descerebrados estos», avisó el secretario accidental, Diego Martínez, en la reunión grabada (puede oír el audio en laverdad.es). «Que sepamos cada uno qué consecuencias puede tener apoyar lo que se está haciendo», dijo. Denunció «chantajes» y avanzó: «Acabaré haciendo un informe para que os quedéis», pues hay un «error» subsanable con el cupo de discapacidad. «Si se suspende el procedimiento, vais a la calle»; los empleados «al día siguiente cesan, se les indemniza y se amortizan» las plazas, agregó el interventor Ribas. Pidió a los presentes pensarse qué hacer. Él, dijo, se ceñiría al informe jurídico. Y comentó: «Si el alcalde se quiere jugarse el patrimonio, que se lo juegue».