El presidente de Scrats asegura en la Asamblea que el recorte al Trasvase en 2027 «se ha estancado»

Además, Jiménez señaló que el recorte previsto para 2027 con las nuevas reglas de explotación «también se ha estancado» al quedar supeditado a una modificación de la Ley del Trasvase que, según recordó, «requiere bien una nueva ley o bien la convalidación de un real decreto-ley en el Congreso». Una ratificación que va a estar «complicada», dada la situación actual en la cámara legislativa, donde el Gobierno no tiene mayoría tras la ruptura con Junts.

Jiménez se muestra convencido de que estas nuevas reglas de explotación se llevarán al Consejo Nacional del Agua en diciembre, para su posterior aprobación por parte del Consejo de Ministros, «dada la exigencia del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, de que se aprueben antes de final de año».

Durante su intervención, el presidente del Scrats indicó que «se ha producido un trato desigual a la hora de establecer caudales ecológicos en la práctica totalidad de las cuencas de España, también en todos los tramos del río Tajo». En ese sentido, recuerda que los caudales ecológicos «se mantienen o se reducen» en todas las cuencas, incluidas la del Tajo, a excepción de Aranjuez. Esto se produce porque es el punto «donde más daño se le hace al Trasvase Tajo-Segura». «Se ve que en otros puntos, el cambio climático no afecta», ironizó Jiménez.

Según explicó, los estudios del sindicato «han constatado que en todas las cuencas se han mantenido los caudales ecológicos de las anteriores planificaciones o incluso se han rebajado tras la negociación con los regantes, salvo en los tramos en los que el Trasvase se ha visto afectado».

En este sentido, afirmó que «cuando se ha hecho todo bien, el río no se ha visto afectado para nada y el Levante se ha mantenido tranquilo», e insistió en que, en el resto de ríos y tramos del propio Tajo, «se ha respetado el caudal que se ha tenido con anterioridad al último plan aprobado».

El presidente del Scrats advirtió de que las decisiones adoptadas «han dejado en suspenso inversiones comprometidas y han adelantado los efectos del recorte antes de que se hayan cumplido las condiciones previstas», y reiteró que la cuenca del Segura «se ha situado en una posición de máxima vulnerabilidad hídrica mientras se ha obligado al Levante a depender de medidas que no se han ejecutado en plazo».

En el turno de los grupos parlamentarios, el diputado socialista Fernando Moreno agradeció la comparecencia de Jiménez y defendió que su formación «se ha ocupado en garantizar el agua para siempre mediante un mix hídrico que ha combinado trasvase, reutilización y desalación», al tiempo que ha cuestionado el «boicot» que, a su juicio, el Partido Popular «ha ejercido» sobre la interconexión de la desaladora de Torrevieja con la Región de Murcia. En ese sentido, anunció que su grupo parlamentario ha registrado una iniciativa para reclamar una moratoria en el cierre de pozos sobreexplotados.

Por parte de Vox, Antonio Martínez Nieto subrayó que el Trasvase «forma parte de la esencia del Levante español» y enmarcó las restricciones en una «estrategia ideológica» que, según ha afirmado, «se ha apoyado en un ecologismo radical y en el uso político de los caudales ecológicos», mientras ha denunciado una «larga lista de promesas incumplidas» en materia de depuración, modernización de regadíos y desalación.

El diputado del Grupo Mixto, José Luis Álvarez-Castellanos, valoró la abundancia de datos aportados por el compareciente y seña que el trasvase «ha afectado al conjunto de la sociedad», por lo que ha reclamado que se hayan tenido en cuenta los impactos ambientales y, en particular, la contaminación del Mar Menor, que ha vinculado al modelo de regadío intensivo en el Campo de Cartagena, así como a la obligación de cumplir las exigencias europeas sobre caudales ecológicos y buen estado de las masas de agua.

Finalmente, el diputado del PP Jesús Cano ha advertido de que «han corrido malos tiempos para el Trasvase a consecuencia de decisiones políticas caprichosas, ideológicas y sectarias» que, según ha dicho, «han perseguido el fin del Tajo-Segura en 2027», y ha acusado al Gobierno central de «jugar con el agua que ha permitido transformar un erial en tierras fértiles y que ha sostenido miles de empleos en la Región de Murcia».

Cano ha reiterado el apoyo de su grupo a las reivindicaciones del Scrats y ha asegurado que el PP «se ha situado como un regante más en la defensa del Trasvase».