Carles Puigdemont mueve ficha -desde el punto de vista judicial y también político- después de que el abogado general del TJUE avalara la semana pasada la ley de amnistía … .
Tres semanas después de anunciar su ruptura con el Gobierno, Puigdemont presiona al Constitucional y de forma indirecta a Pedro Sánchez, quien aún no tira la toalla para intentar reconducir la situación con los postconvergentes. La defensa del expresidente de la Generalitat presentó ayer un escrito ante el Tribunal Constitucional, en el que reclama que se le levante de manera «urgente» la orden de detención dictada por el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, y que se mantiene vigente, a pesar de la aprobación de la ley de amnistía.
Sin la orden de arresto, el líder de Junts podría regresar a Cataluña sin riesgo de ser detenido y enviado a la cárcel. En agosto del año pasado, volvió a Barcelona de manera fugaz: intervino en un mitin y regresó de nuevo a Bruselas, sin que fuera detenido por los Mossos, tras una huida casi de película.
Gonzalo Boye, abogado de Puigdemont, reclama al Constitucional la «suspensión inmediata» de las órdenes de detención e ingreso a la espera de que el propio tribunal resuelva el recurso de amparo presentado por el dirigente nacionalista contra la decisión del Supremo de no aplicar la ley de amnistía a los líderes del ‘procés’ en lo que respecta al delito de malversación. Boye esgrime la propia sentencia del Constitucional sobre la constitucionalidad de las medidas de gracia y el dictamen del abogado general del TJUE que avaló la ley de amnistía. El abogado de Puigdemont admite que las conclusiones del abogado general no son vinculantes pero a su juicio «eliminan cualquier fundamento jurídico para mantener viva una orden de detención mientras se tramita el amparo».
Puigdemont presiona al TC para que acelere sus resoluciones y al mismo tiempo empieza a tomar decisiones en su partido para preparar el terreno a su retorno, que su abogado ha situado estos días, siempre que el TJUE resuelva a su favor, en torno al mes de febrero. Así, la dirección de Junts acordó ayer cambios en la cúpula del partido ante una situación en la que los junteros consideran «plausible» el «regreso de Puigdemont». Tras el informe del abogado general del TJUE, la formación nacionalista cree que pueden producirse movimientos en el tablero político en los próximos meses, sobre todo si el líder soberanista puede volver a casa tras ocho años huido, y ve necesario acometer cambios a nivel interno para «reforzar el proyecto político» del partido.
Por ello, ha nombrado a Albert Batet como adjunto a la presidencia del partido, que ostenta Carles Puigdemont, y como nuevo director de campaña, a pesar de que en Cataluña las elecciones no están previstas hasta 2028 y las generales, hasta 2027. Batet, que fue uno de los dirigentes que mantuvo contactos con el PP antes de la investidura de Sánchez y que procede de la antigua CiU, como Puigdemont y Turull, pasa a ser la nueva mano derecha del expresidente de la Generalitat y abandona su labor como jefe de filas en el Parlament. Esta labor la desempeñará a partir de ahora Mónica Sales, que ya ejercía como portavoz. El nuevo número 2 en el Parlament será Salvador Vergés, quien figura en las quinielas como futurible candidato a la presidencia de la Generalitat si Puigdemont, una vez en Cataluña, da un paso al lado. Vergés entra además en el núcleo duro del partido, en la cúpula de la dirección permanente.

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Enlace de origen : Puigdemont presiona al Constitucional para que le levanta la orden de detención