Jorge García Montoro: «Si no hacemos las 25.000 casas, será por el nuevo bipartidismo PSOE-Vox»

–¿Qué consecuencias inmediatas tuvo la derogación del decreto de vivienda asequible? ¿Había ya algún proyecto en marcha que se haya paralizado?

–El impacto ha sido directo e inmediato en los municipios, tal y como nos comentan los alcaldes en las visitas que realizamos. Hace unos días fuimos a Jumilla y Seve, la alcaldesa [Severa González], nos expresaba su frustración porque había un proyecto de ochenta viviendas bajo el parámetro de vivienda asequible que ya no se va a poder desarrollar. También Cartagena y Lorca han lamentado profundamente la derogación del decreto, porque era una herramienta fundamental para recuperar sus cascos históricos. Hay que recordar que el decreto establecía primas de edificabilidad en solares con restos arqueológicos, facilitando la recuperación del patrimonio a la vez que se construía vivienda asequible. En todo caso, el Ejecutivo regional ha cumplido con el artículo 47 de la Constitución Española y ha promovido las condiciones necesarias para facilitar el acceso a la vivienda de los ciudadanos. Y nos encontramos con el portazo de la Asamblea Regional, que nos negó hasta la apertura del debate político.

–Sabiendo que el PP no tiene mayoría en la Asamblea y necesita a otro grupo, ¿se arrepiente de no haberlo llevado negociado al Pleno de la Cámara?

–Realmente no, porque nadie se puede explicar que, unos meses antes, se llevaron los decretos de simplificación y VTC, y el bloque de oposición PSOE-Vox permitió convalidar los decretos tras aceptar tramitarlos como proyectos de ley. Entonces, no tiene ninguna lógica que en el caso del decreto de vivienda, con la vivienda tal y como está, que ha pasado de ser la preocupación número 16 de los españoles a ser la primera, la oposición votara en contra, directamente, sin ningún tipo de argumento y sin posibilidad de debate. Los argumentos esgrimidos no justifican esa negativa y lo que entendemos o interpretamos es que ese decreto era una muy buena herramienta y precisamente por eso votaron que no.

«El debate, en la Asamblea»

–Algunas asociaciones, como Frecom, se han quejado de falta de diálogo político, reprochándoselo también a ustedes.

–Es que el diálogo político reside en la Asamblea. Donde hay que dialogar políticamente las propuestas es en la Asamblea. Es decir, si ese decreto se hubiese convalidado y tramitado como proyecto de ley, en la Asamblea se hubieran escuchado las propuestas y las aportaciones de todos los grupos políticos. Y hubiésemos generado entre todos un texto con medidas para favorecer la construcción de viviendas.

–Una de las críticas que hacen los partidos de izquierdas es que una vivienda de 90 metros cuadrados por 170.000 euros no es asequible al estar por encima de los precios de mercado. ¿No se puede abaratar ese precio?

–Cuando hablamos del coste de la vivienda, hay que saber de qué estamos hablando. En este caso de la vivienda asequible, hablamos de obra nueva, de nueva construcción. Y estas viviendas nuevas están sujetas a unos requisitos técnicos mucho más exigentes, pues están obligadas a que la calidad de la edificación sea mucho mayor debido al Código Técnico de la Edificación. Por tanto, a día de hoy, construir vivienda nueva que cumpla todos los requisitos técnicos lógicamente tiene un coste más elevado que las viviendas preexistentes. Además, con el precio actual del módulo de edificación, que es de 1.655 euros por metro cuadrado, el resultado es que se construyen cero viviendas protegidas. Así que había necesidad de revisar el módulo para adecuar el precio del metro cuadrado al mercado. Eso no es un capricho del Gobierno regional. Si no actualizamos ese módulo, se va a seguir sin construir vivienda protegida, porque a los promotores no les salen las cuentas. ¿Hay algo más barato de una vivienda nueva de 90 metros cuadrados por 170.000 euros? En el caso de la vivienda asequible, una de las novedades era que no iba a tener que tener una superficie mínima determinada. Es decir, se podían construir viviendas, estudios o apartamentos de menor superficie y, por tanto, proporcionalmente el precio hubiera sido menor. A razón de los 1.860 euros por metro cuadrado, si es una vivienda de 50 metros, haga la cuenta. Pero insisto en que el mercado de la vivienda existente no se puede comparar con la obra nueva.

–En cualquier caso, ya trabajan en el proyecto de ley. ¿Van a introducir alguna novedad?

–Actualmente, como sabe, nos encontramos en fase de consulta pública. El Ejecutivo regional no ha perdido ni una semana desde que la oposición tumbó en bloque el decreto. Todavía estamos en este trámite y lo que se pretende es mantener todas las medidas previstas en este decreto, porque la emergencia residencial sigue existiendo. Además, vamos a enriquecer el texto con una figura nueva que se va a llamar proyecto residencial estratégico. Estos van a contar con unas ventajas de simplificación y agilidad administrativas, así como con primas de aprovechamiento, condicionadas a que una determinada superficie de ese ámbito se destine a vivienda asequible. Por ejemplo, imagine una bolsa de suelo en un municipio, pendiente de desarrollo. Esas bolsas de suelo están sometidas a una tramitación compleja, que incluye distintas figuras de planeamiento y de gestión urbanística. La idea sería condensar esa tramitación en un acto único de aprobación inicial, exposición pública y aprobación definitiva. Se trata de condensar todo eso. Esta figura se podría aplicar si quien inicia ese proyecto residencial se compromete a que al menos el 50% del desarrollo se dedique a vivienda asequible. Así, estimulamos que esos suelos se desarrollen antes que otros que tienen vocación de vivienda libre.

–Con esta nueva medida, ¿cree que se podría elevar la cifra de 25.000 viviendas en cinco años que dieron en un principio?

–Pues es muy posible, sí. Porque si los propietarios de bolsas de suelo sin desarrollar tienen primas de edificabilidad y trámites mucho más ágiles, seguramente se decanten por desarrollar este tipo de actuaciones. Nosotros vamos a hacer todo lo posible por construir esas 25.000 viviendas. Y si no es posible, será causa imputable al nuevo bipartidismo en la Región: PSOE y Vox.

–¿Mantendrán el coliving y el cohousing, denostados por Vox?

–Dependerá de las aportaciones que se realicen en el periodo de consultas y en el debate político posterior. Pero desde el Ejecutivo regional no imponemos a nadie dónde vivir o dónde no vivir, y cualquier solución que pueda ayudar en materia de vivienda es una solución bienvenida. Con lo cual, ahora mismo, es una opción más. Realmente, yo creo que no se puede ir contra las tendencias de las personas, de los consumidores y del mercado.

–¿Qué pasa con el Bono Alquiler Joven para que se denieguen tantas solicitudes de ayuda?

–El Bono Alquiler Joven es una herramienta diseñada por el Estado con unas bases de imposible cumplimiento, que han dado lugar a que, en el caso de la Región, de los 18 millones de euros que nos correspondían, solo se han podido tramitar como completas y correctas solicitudes por valor de 9,3 millones. Los otros 9 millones se han perdido porque los jóvenes no han sido capaces de dar cumplimiento a las bases tan farragosas que el PSOE impuso. La Comunidad solicitó al Gobierno central poder reasignar esos 9 millones a otras líneas de ayuda en materia de vivienda y nos dijeron textualmente que no, mediante un correo electrónico. Si nos dejaran utilizarlo en otras líneas, con bases más flexibles, se ejecutarían al 100%.

«Siete millones más»

–Una de las condiciones que puso el PSOE fue dotar de más fondos al Aval Joven para la adquisición de viviendas. ¿Por qué no lo aceptaron?

–El Aval Joven no está regulado en el decreto ley. Por tanto, el PSOE no se leyó lo que votaba. El Aval Joven se inició en 2021 y se ha ido redotando. El año pasado pasamos de 15 a 16,25 millones. Y acabo de firmar la orden para que se proceda a la redotación nuevamente con otros 7 millones de euros más, por lo que vamos a pasar a disponer de 23,25 millones de euros. Esta ampliación va a suponer que llegue a cerca de 400 jóvenes más.

–La Comunidad lleva catorce años sin construir un kilómetro de autovía. ¿Cuánto se va a revertir esa tendencia?

–Bueno, eso tampoco es así. Nosotros el año pasado le dimos, a través de un convenio, cerca de 3,8 millones de euros al Ayuntamiento de Cartagena para que desarrolle y ejecute la Ronda Oeste. Y este año completaremos la inversión. Eso es hacer kilómetros de carretera, ¿no? En este caso, no son autovías, pero son rondas, fundamentales para la comunicación del segundo municipio de la Región. Además, tenemos en marcha una serie de proyectos estratégicos fundamentales para la vertebración y el desarrollo de la Región. Entre otros, la carretera del Carche, en Jumilla, una reivindicación histórica que vamos a atender. También en la comarca del Altiplano tenemos el proyecto del desdoblamiento de la carretera RM-425, que es la que conecta la variante de Yecla con la autovía A-33, con una inversión de casi 18 millones de euros. Y vamos a acometer próximamente el desdoblamiento de la carretera con más intensidad media diaria de la Región, con seis millones de desplazamientos, que es la RM-332, la que comunica Mazarrón con el Puerto. Ha concluido ya la fase de exposición pública y ahora vamos a proceder a contratar la redacción del proyecto. Se trata de una actuación sobre nueve kilómetros y el desdoblamiento va a permitir duplicar la capacidad.

–¿Y la autovía del Norte?

–Esa autovía sería un eje paralelo al interior de la A7. Un proyecto de una gran envergadura, con una inversión económica muy grande, porque sería un eje estratégico de comunicación y de conexión entre la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, la Región de Murcia y Andalucía. Estamos hablando de un trazado muy ambicioso, donde tendrían lógicamente que participar el Estado, las comunidades autónomas y Europa. No es algo que podamos hacer nosotros solos.

–Otro frente que tiene abierto es la disputa judicial con la anterior concesionaria del Aeropuerto. ¿Cómo va a acabar? ¿Se cumplirá lo de que no iba a costar un euro a los murcianos?

–Es indiscutible que el Aeropuerto Internacional es una infraestructura estratégica esencial para la movilidad y el desarrollo de la Región de Murcia. Y es una infraestructura joven, que en este tiempo ha pasado por un Brexit, por una pandemia, por una guerra en Ucrania… Y con todo, va creciendo cada año. Sobre los conflictos económicos y judiciales con la anterior concesionaria, el Gobierno regional va a seguir defendiendo siempre los intereses de los ciudadanos. Confiamos en los tribunales que, en muchísimas ocasiones, nos han dado la razón dentro de esta guerra de litigios. La última sentencia desfavorable no es más que otro pronunciamiento judicial que ya hemos recurrido.

-¿En qué estado está la redacción del Plan de Ordenación Territorial de la Cuenca Vertiente del Mar Menor?

-En este caso, me consta que la Dirección General de Ordenación del Territorio está estudiando el documento y revisándolo. Estamos trabajando sobre el mismo.

-El Ministerio para la Transición Ecológica se abre ahora a retranquear cien metros la línea de costa de Portmán. ¿Qué estaría dispuesto a aceptar el Gobierno regional en el plan de recuperación de la Bahía?

-Nosotros ya nos hemos manifestado. Además, allí, en el terreno. Hemos mantenido la postura que refleja el convenio que firmaron todas las partes -Ministerio, Comunidad, Ayuntamiento y sociedad civil- de 2006. Es innegociable que se recuperen los 250 metros de línea de costa y no vamos a ceder a propuestas un poco caprichosas del Ministerio para la Transición Ecológica que no llegamos a entender. Nuestra postura va a ser seguir exigiendo lo que se firmó, negro sobre blanco, en 2006.

-Acaban de adjudicar el Plan de Ordenación Territorial para la Prevención del Riesgo de Inundación en la Región. ¿Qué medidas contempla?

-Está recién adjudicado a la UPCT y tenemos pendiente una primera mesa de trabajo definir cuáles van a ser las líneas maestras de ese documento. En todo caso, ya tenemos suficientes instrumentos estatales y regionales para garantizar la protección. Este es uno más y siempre ayuda. Pero lo que es imprescindible es que la CHS ejecute las infraestructuras que necesitamos.