El fiscal general del Estado deja el cargo. Sin esperar a que se haga pública la sentencia completa del Supremo que le inhabilita por dos … años por un delito de revelación de secretos, Álvaro García Ortiz ha preferido acortar la agonía y ha presentado una carta de renuncia al ministro de Justicia, Félix Bolaños. En esa misiva, el hasta ahora máximo responsable del Ministerio Público, afirma haber «servido fielmente a la institución a la que me honro en pertenecer».
La renuncia antes de que le llegue la orden del alto tribunal de marcharse inexorablemente -explica en su carta- es «un acto debido no solo al Ministerio Fiscal, sino a toda la ciudadanía española». En ese escrito, Álvaro García, que ha sido el máximo representante de la institución durante tres años y cuatro meses, recalca que el hecho de anticiparse a abandonar el cargo conociendo únicamente el fallo de la sentencia (que fue exclusivamente lo que el tribunal publicó el pasado jueves) se debe al «profundo respeto» a las resoluciones judiciales y a su voluntad «siempre presente, de proteger a la Fiscalía española».
«Aunque mi determinación deriva directamente del fallo que me ha sido notificado, en mi haber tengo el convencimiento de haber servido fielmente a la institución a la que me honro en pertenecer, con una inequívoca vocación de servicio público, sentido del deber y lealtad institucional», abunda el ya exmáximo responsable del Ministerio Público, la institución garante de la legalidad y de la persecución de los delitos.
La marcha oficial de García Ortiz se produce menos de cuatro días después de que la Sala Segunda del Supremo anunciara que le condenaba, por cinco votos a favor y dos en contra a dos años de inhabilitación para el cargo por un delito de revelación de secretos al considerar probado que habría participado en las maniobras para airear en marzo de 2024 datos confidenciales de la denuncia por doble fraude fiscal contra el empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. El alto tribunal también anunció el pasado jueves que le imponía una multa de 7.200 euros y el pago de una indemnización de 10.000 euros a González Amador por el daño moral causado a la pareja de la presidenta de Madrid.
Interinidad breve
La salida de García Ortiz -que no se hará oficial hasta que la apruebe el Consejo de Ministros, previsiblemente este mismo martes y jueves y luego se publique en el BOE- abre un tiempo de interinidad, que en Moncloa esperan que sea muy breve. El Gobierno anunció la semana pasada que no se iba a demorar en la designación de un nuevo fiscal general. Pero entre tanto, esa responsabilidad recaerá de manera temporal sobre la ‘número dos’ del Ministerio Público: María Ángeles Sánchez Conde. La teniente fiscal del Tribunal Supremo, que participó en el juicio defendiendo la inocencia de su inmediato superior en esta causa, es, además, una de sus posibles sucesoras en el cargo.
El nuevo fiscal general del Estado será el cuarto que se nombre desde que Pedro Sánchez llegó al poder en junio de 2018. Ese mes, el Gobierno recién llegado a Moncloa tras la moción de censura nombró a María José Segarra, quien estuvo en el cargo hasta enero de 2020. Fue entonces sustituida por Dolores Delgado, una decisión harto polémica porque la candidata pasó sin solución de continuidad de ser la ministra de Justicia a encabezar la Fiscalía. Delgado, por motivos de salud, renunció al cargo en julio de 2022, y un mes después fue sustituida por García Ortiz, quien hasta entonces era su mano derecha como jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía.
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