
El exministro y diputado José Luis Ábalos ha llegado esta mañana poco después de las 9 horas al Tribunal Supremo para comparecer en la vista … convocada por el juez instructor para revisar sus medidas cautelares y, en consecuencia, decidir si le envía a prisión provisional. La misma situación para su exasesor en el Ministerio de Transportes Koldo García, que ha sido citado a partir de las 12:30 horas una vez que su abogada concluya su presencia en la declaración del empresario Víctor de Aldama, que tendrá lugar a menos de 200 metros en el juzgado de la Audiencia Nacional que investiga las ramificaciones del ‘caso Koldo’.
Abalos, que está citado a las 10 horas para un trámite que no se espera muy largo, ha entrado con una pequeña mochila al hombro. Las únicas pertenencias con las que, si le envían a la cárcel, llegaría hoy mismo al módulo de ingresos.
A la espera de conocer el posicionamiento de la Fiscalía Anticorrupción en la vista de cautelares del Supremo, el instructor del caso mascarillas, Leopoldo Puente, ya tiene encima de la mesa la petición de prisión incondicional por parte de las acusaciones populares, que están unificadas en la representación legal del PP. Éstas consideran que el riesgo de fuga de ambos investigados se ha agravado tras los escritos provisionales de acusación en el citado procedimiento de los contratos de material sanitario, que fueron adjudicados por Transportes a una empresa vinculada a Aldama, Soluciones de Gestión, en plena pandemia por 53 millones de euros.
La citación, no obstante, fue acordada después de que el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, abriera la puerta a la posibilidad de que Ábalos y Koldo acabaran en prisión preventiva a la espera de juicio dentro de pocos meses. Tras el auto de procesamiento, Luzón pidió 24 y 19 años y medio de cárcel para ambos, respectivamente, por cinco delitos. Una solicitud que oscurece sobremanera su futuro procesal. Tras este escrito y con una hora de diferencia, el fiscal registró la petición urgente de la vista para modificar las medidas cautelares vigentes: retirada del pasaporte, prohibición de salida del país y comparecencias quincenales en sede judicial.
Ábalos, exministro entre 2018 y 2021, y Koldo, exconsejero de Renfe y Puertos del Estado, están procesados por delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, malversación y uso de información privilegiada. El Ministerio Público también pide que se les condene a pagar una multa de unos 3,9 millones de euros. Por su parte, las acusaciones populares solicitan penas de 30 años de prisión para ambos. Les atribuye los mismos delitos que señala la Fiscalía y añade otros dos: prevaricación y falsedad en documento oficial.
De Aldama, a salvo
Así las cosas, dichas partes incidirán hoy ante el juez que su ingreso en prisión provisional es «idónea, necesaria y proporcionada» para «evitar el riesgo de fuga» de cara al juicio. En el caso de Víctor de Aldama, presunto conseguidor de la red, a quien le reclaman siete años de cárcel tras aplicarle la atenuante de confesión, ni las acusaciones populares con el PP a la cabeza ni Anticorrupción solicitaron su presencia para revisar sus limitaciones personales.
Las dos vistas de hoy tendrán lugar después de que la defensa de Ábalos, a cargo del exfiscal Carlos Bautista, presentara un recurso para reclamar al Supremo que corrigiese la decisión del magistrado de procesarle. Según insistió, él no ha cobrado comisión alguna por los contratos de mascarillas. Asimismo, la defensa aseguró que el juez basó su decisión en las declaraciones que realizó De Aldama, «sin aportar ninguna prueba más que su palabra y tres hojas de fotocopias sacadas de los Presupuestos Generales del Estado del año 2021 marcadas manualmente en color rosa y en color verde».
Al igual que Ábalos, la defensa de Koldo, a cargo de la letrada Leticia de la Hoz, recurrió la decisión del instructor de procesarle. Manifestó que ni participó en la compra de mascarillas ni tuvo relación contractual alguna con Soluciones de Gestión, la empresa en el epicentro de la presunta trama de corrupción con ramificaciones en Canarias -pieza por la cual declara este jueves De Aldama en la Audiencia Nacional- y Baleares.
En este sentido, pidió la «nulidad de las actuaciones», alegando que se están investigando «hechos distintos a los autorizados en el suplicatorio concedido por el Pleno del Congreso de los Diputados» para investigar al aforado Ábalos. Y reprochó que se le haya generado una «indefensión material» al privarle del derecho a solicitar nuevas diligencias, como la citación de Jésica Rodríguez, quien fuera pareja del exministro y estuviera contratada en dos empresas públicas por la supuesta intermediación suya y de Ábalos.

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Enlace de origen : Ábalos llega al Supremo para la vista en la que se decide si entra en prisión