Jueves, 27 de noviembre 2025, 08:34
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El debate sobre la sentencia que declara nulo el decreto que dio entrada en el gobierno municipal durante la pasada legislatura a los ediles expulsados del PSOE encendió este jueves el debate en el Pleno municipal. El portavoz de MC, Jesús Giménez Gallo, introdujo en el orden del día una moción para requerir al actual equipo de gobierno PP-Vox que ordenara la redacción de un informe que cuantifique económicamente las consecuencias de la sentencia pues, según esgrimen los cartageneristas, esta derivará a continuación en la invalidez de todas las decisiones que tomaron los ediles encabezados por la exalcaldesa Ana Belén Castejón. En este sentido, hicieron especial hincapié en las multas que se dictaron durante el anterior mandato y que venían firmadas por el actual edil portavoz del Grupo Mixto, Juan Pedro Torralba, del partido Sí Cartagena.
La moción de MC salió rechazada con los votos de PP, Vox y de Juan Pedro Torralba y María Dolores Ruiz (no adscrita), es decir, solo obtuvo el respaldo del Grupo Municipal Socialista. El debate, si bien, suscitó interpretaciones contrapuestas de la sentencia. Una resolución judicial ante la que cabe recurso y que, en resumen, tira de jurisprudencia para argumentar que los ediles expulsados del PSOE no podían ocupar cargos de responsabilidad en tanto que ya no respondían a las órdenes y directrices de su partido de origen, es decir, del que les presentó en su lista a las elecciones municipales de 2019. La sentencia, más allá de declarar nulo el nombramiento, no entra sin embargo a valorar y dictaminar las consecuencias que de ello se derivan.
El debate en el Pleno sin duda estaba servido y, de hecho, tomó un tono tan enconado que dio lugar a un tenso rifirrafe entre la alcaldesa, Noelia Arroyo, y el secretario general de MC. El ambiente se caldeó cuando la edil no adscrita (antes de MC) María Dolores Ruiz cargó contra Giménez Gallo, al que acusó de calificarla falsamente como tránsfuga. La concejala argumentó los motivos legales por los que entendía que no se le podía adosar ese calificativo señalando que el transfuguismo se produce para obtener un rédito político o económico y que, en su caso, según defendió Ruiz, ella ejerce sus labores de edil «de forma independiente», sin percibir retribución alguna más allá la que se concede por las asistencias a los plenos y presentando las mociones que estima oportunas al margen del resto de grupos políticos, incluidos los que conforman el actual equipo de gobierno. Para Ruiz, la intención del líder de MC con la moción era simplemente generar «otro vídeo viral».
Disgustado, Giménez Gallo se reiteró en su opinión e incluso acusó a Ruiz de ser la decimoquinta integrante del gobierno de Arroyo. Además, estimó que no procedía que Ruiz tuviera ese turno de palabra y reprochó a la alcaldesa que permitiera hablar a la edil no adscrita.
En medio de esa disquisición, el líder cartagenerista aprovechó para acusar también a Arroyo de «comprar» la alcaldía en la pasada legislatura valiéndose de tránsfugas. Giménez Gallo incluso abogó por reconocer que los ediles expulsados del PSOE no debían devolver el dinero porque, efectivamente, se les había retribuido por su trabajo y que, por tanto, quien debía pagar el dinero de esas retribuciones y reintegrarlo a las arcas municipales debía ser, a su parecer, la propia Noelia Arroyo. Unas palabras que sentaron especialmente mal a la regidora, que pidió que quedase constancia de dichas acusaciones en el acta del Pleno para tomar contra Giménez Gallo «las medidas oportunas».
En medio de este clima tan agrio, los diferentes partidos políticos tuvieron ocasión de pronunciarse abiertamente sobre su parecer respecto de la sentencia. Torralba, como integrante del gobierno que encabezaron hasta 2023 Arroyo y Castejón, subrayó que el entonces ejecutivo local solicitó gran cantidad de informes a organismos públicos y despachos de abogados externos para avalar sus nombramientos y comprobar que no estaban cometiendo ningún «error». Valoró asimismo que hicieron un trabajo «digno», así como instó a esperar a ver en qué quedan los recursos que el Ayuntamiento va a presentar ante instancias judiciales superiores.
En esta misma línea se pronunció el portavoz del PP, Nacho Jáudenes, que ratificó que el Consistorio acudirá al Supremo si es preciso para defender que no hubo transfuguismo y que lo que verdaderamente hubo, al entender del equipo de gobierno, fue un pacto entre PP y PSOE. Solo que, posteriormente a dicho acuerdo, los ediles socialistas fueron expulsados de su partido. Asimismo, defendió que dichos concejales mantuvieron siempre las mismas funciones salvo Castejón, que pasó de ser alcaldesa a vicealcaldesa, con la disminución en responsabilidad y sueldo que ello conlleva.
Por todo ello, Jáudenes acusó a MC de querer magnificar la sentencia para generar en los cartageneros la inquietud de que deberán pagar más impuestos para solucionar un problema supuestamente generado por su alcaldesa. Algo que enmarcó en una táctica propia de la «propaganda».
También tuvo ocasión de pronunciarse el portavoz de Vox, Gonzalo López Pretel. El socio de gobierno de Noelia Arroyo cerró filas con sus compañeros de ejecutivo y negó que la alcaldesa comprara los votos de tránsfugas. Eso, dijo, es lo que Giménez Gallo dictó a los medios de comunicación nacionales.
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Enlace de origen : La sentencia que anula la entrada de los expulsados del PSOE en el gobierno de Cartagena enfrenta a Arroyo con MC
