La Comunidad reactiva el diseño del Plan de Ordenación Territorial del Mar Menor

En la Administración autonómica evitaron comprometer una fecha para la entrada en vigor de la norma que completará la regulación actual de los usos del suelo en diez municipios a nivel de urbanismo, agricultura, turismo, ganadería, transporte, entre otras tareas. No obstante, en la Consejería de Fomento e Infraestructuras, que dirige Jorge García Montoro, destacaron la importancia de este hito administrativo; y mostraron su confianza en que el Plan sea una realidad lo antes posible para contribuir a la recuperación y conservación del Mar Menor y de su zona de influencia, tras un amplio proceso de participación social e institucional.

Para imprimir velocidad a este proceso burocrático y cumplir las exigencias de la Ley de recuperación y protección del Mar Menor, de julio de 2020, «de forma paralela» al periodo de información público se «inicia la ronda de consultas institucionales para completar y actualizar la información técnica necesaria», añadieron en la Consejería. Y explicaron que desde la incorporación de García Montoro a Fomento (en julio de 2024, tras la decisión de Vox de romper la coalición de gobierno con el PP), la Consejería «ha realizado un análisis pormenorizado y exhaustivo del Documento de Avance», publicado en febrero del año pasado.

En ese chequeo, que incluyó un informe jurídico, la Comunidad ha «detectado la necesidad de actualizar determinados contenidos para garantizar que cumple con todas las garantías jurídicas y técnicas». Así, «en la ronda de consultas institucionales se recabará información de distintos organismos para integrarla en el Estudio Ambiental Estratégico y en el propio documento del Plan antes de su aprobación inicial». Las instituciones u organismos a los que van dirigidas estas consultas son los ayuntamientos, la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), la Dirección General del Mar Menor, la Consejería de Agua, Agricultura y Pesca y el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco), indicaron en Fomento. Y detallaron que pedirá a ocho consistorios (San Pedro del Pinatar, San Javier, Los Alcázares, Cartagena, La Unión, Torre Pacheco, Fuente Álamo y Murcia, si bien la regulación alcanza también a Mazarrón y Alhama de Murcia) «datos poblacionales».

Planes generales municipales

Asimismo, la CHS deberá aportar información relativa a «la cartografía de ramblas y zonas inundables y las infraestructuras hidráulicas de defensa ejecutadas, pendientes de ejecución y previstas; y al Miteco, para tener detalles sobre «el estado ecológico de la masa de agua» y la lista de «las actuaciones ejecutadas, pendientes de ejecución y previstas en la cuenca, entre ellas el Cinturón Verde (dos humedales seminaturales, cuatro filtros verdes y varias áreas de renaturalización). Por último, Fomento reclamará a la Secretaría General de la Consejería de Agua, Agricultura y Pesca «información sobre las infraestructuras de laminación y retención de avenidas (tanques de tormenta y otras) construidas». Con toda esa documentación en y las alegaciones, «se procederá a la redacción completa de las Directrices y del Plan, así como del Documento Ambiental Estratégico, que volverán a someterse a participación pública», señalaron en la Comunidad. Y agregaron que «cuando el Plan cuente con el informe de alegaciones, el dictamen favorable del Consejo Asesor de Política Territorial y la posterior Declaración Ambiental Estratégica, se procederá a su aprobación provisional y, finalmente, a su aprobación definitiva» por parte del Consejo de Gobierno.

«El procedimiento que se inicia este viernes complementa el trámite ambiental ya realizado, donde 41 entidades públicas y privadas presentaron sus aportaciones y alegaciones y dieron lugar al Documento de alcance del Estudio Ambiental Estratégico», señalaron. Y recordaron que el Plan «se define como un instrumento de ordenación territorial y urbanística de carácter complementario y aglutinante de los Planes Generales Municipales de Ordenación, que a su vez materializa en un documento técnico las determinaciones urbanísticas y medioambientales previstas en la Ley del Mar Menor». En los tres primeros años de vigencia de esta ley hubo una moratoria urbanística. A pesar del retraso en el plan de ordenación territorial, esa suspensión general de nuevos desarrollos residenciales no fue renovada.

Ley de Aguas

En Fomento pusieron el acento, no obstante, en que «por encima de este Plan están la Ley del Mar Menor, que ordena los usos del suelo y fija las condiciones necesarias para su desarrollo teniendo en cuenta la protección del Mar Menor; así como la normativa estatal, tanto el Texto Refundido de la Ley de Aguas como el Reglamento de Dominio Público Hidráulico que la desarrolla, que también contienen regulación y limitaciones de usos del suelo ya vigentes y de obligado cumplimiento».

El Plan de Ordenación Territorial de la Cuenca Vertiente del Mar Menor parte de un documento inicial que destaca la necesidad de establecer criterios de racionalidad y sostenibilidad ambiental y económica en los usos del suelo, para limitar el impacto de las actividades humanas, atajar las presiones excesivas que han contribuido al deterioro ecológico de la laguna y garantizar la prestación de servicios a los ciudadanos sobre la base de la cercanía y la eficiencia económica y energética.

El primer ‘borrador’ del Plan indica que los municipios del Área 1 (Cartagena, La Unión, Los Alcázares, San Javier y San Pedro del Pinatar) «deberán revisar sus planes generales y normas subsidiarias.Además, señala que «el incremento de viviendas previsto por planeamiento se cifra en un 62,89%». Y detalla que eso supondría pasar de 111.408 a 177.134, un «enorme crecimiento». Además, reclama «un consumo racional de suelo y de recursos y la movilidad sostenible».

Los consistorios habrán de cumplir ciertos «índices de sostenibilidad territorial y urbana», para ir a un modelo compacto, que evite la dispersión; de «reducción del consumo de suelo mediante la potenciación de la regeneración urbana»; y de «potenciación de los usos turísticos.

Sobre el modelo agrícola, insta a «acelerar su proceso de transformación, para reducir su dependencia hídrica y el exceso de nitratos»; y promover el cambio de cultivos de regadío a secano.