La Unión Europea debatirá en 2026 la posible moratoria para los pozos de la Región

En la misma línea, el presidente de los regantes del Trasvase, Lucas Jiménez, comentó que están avisando desde años de que «viene el lobo», la amenaza al sector primario del Levante. «No queremos alarmar a la gente, pero esto ya ha llegado». La continua presión de los regantes y del sector agro ha tenido algunos efectos. Por un lado, la CHS apuesta en el próximo plan de cuenca por suavizar la clausura de pozos, acompasando los plazos con el aumento de la desalación. Al mismo tiempo, con el creciente malestar del Levante, el Ministerio ha frenado de momento las nuevas reglas del Trasvase. Una decisión en la que ha intervenido el delegado del Gobierno, Francisco Lucas. Para los regantes, estos pasos se consideran insuficientes para disipar sus recelos e incertidumbres, toda vez que el recorte del Trasvase es una realidad y en enero los caudales ecológicos subirán a 8 m³ por segundo. Exigen garantías.

El planteamiento de la Confederación Hidrográfica precisa que la Unión Europea acepte un nuevo periodo transitorio. No será fácil, aunque la Directiva Marco de Agua prevé situaciones de excepcionalidad perfectamente aplicables a la cuenca del Segura y otros territorios. Dicha moratoria podría empezar a discutirse en Bruselas a principios del año que viene, según señalan fuentes de la Delegación del Gobierno, que pueden traer avances positivos. Mientras eso llega, existe un reconocimiento implícito del Ministerio de que no hay recursos sustitutivos a los pozos –nada menos que 200 hm³ anuales– y de que la desalación adicional tardará tiempo en hacerse realidad. Si se suma el mazazo al Trasvase, habrá una reducción global de más de 300 hm³ para la agricultura, sin contar las aguas regeneradas. El diagnóstico era tan evidente que el Miteco tenía que haber reaccionado mucho antes. Y no será porque no se haya avisado con insistencia. Existe una vía de urgencia para acelerar la construcción de desaladoras, que ya se utilizó en la etapa de Narbona (la planta de San Pedro II se hizo en tiempo récord). Es una posibilidad que podría estar barajando el Gobierno de la nación.

Francisco Lucas pretende que haya una garantía y una certidumbre de suministro lo antes posible, y poder salvar el negro panorama de 2027. Espera ir ganando tiempo, como ha sucedido con el retraso de las reglas del Trasvase. En el fuerte pulso territorial del agua, el secretario de los socialistas murcianos presiona al Ministerio, como también hace Emiliano García Page desde Castilla-La Mancha. En este contexto, Lucas considera que la Región de Murcia tendría más fuerza si PSOE y PP estuvieran unidos y con una misma voz.

La gran amenaza, el recorte del Trasvase, se mantiene tal cual pese a que el departamento de Sara Aagesen mantiene en el aire la revisión de las reglas. La subida de los caudales ecológicos en el Tajo obliga a adaptar las reglas del régimen de desembalses al Segura; son dos aspectos relacionados pero diferentes. En contra de lo que se esperaba, el orden del día del Consejo Nacional del Agua no incluye la revisión de las reglas, que se retrasan nuevamente. Según el calendario inicial, tenían que estar vigentes el año pasado. No obstante, la revisión de las reglas tendrá que efectuarse inexorablemente; quizás, en el próximo Consejo. Cosa distinta es cómo se articule, ya que la propuesta que hizo el Cedex antes del verano incrementó las alarmas. El presidente del Scrats, Lucas Jiménez, recalca en cualquier caso que el recorte del Trasvase es un hecho.

¿Qué sucede ahora? Con las protestas de fondo del regadío del Levante, los motivos del Ministerio para frenar las reglas pueden ser múltiples: la interpretación de la confusa sentencia del Tribunal Supremo para subir los caudales ecológicos; el recurso pendiente del Scrats contra el Plan del Tajo; o que el Ministerio se lo tome con calma, con casi 1.300 hm³ almacenados en Entrepeñas y Buendía. También está una posible variable política: el enfrentamiento de García-Page con Pedro Sánchez podría pasarle factura. El dirigente castellano-manchego viene reclamando con insistencia las nuevas reglas y ha avisado con acudir a los tribunales en enero.

Es probable que el Miteco espere a conocer el fallo del Supremo del recurso del Scrats, el último, y que a la vez intente ganar tiempo para ofrecer algunas garantías a los regantes. Sería bastante duro privar de 300 hm³ a la agricultura del Levante, con las pérdidas socioeconómicas que conlleva, sin ofrecer alternativas casi de modo simultáneo.

Luis Garrote, catedrático de Ingeniería Hidráulica de la Universidad Politécnica de Madrid, y Francisco Cabezas, director del Instituto Euromediterráneo del Agua, sostienen que la clave está en los desembalses de referencia para los usos del Tajo, y no tanto en la revisión de las reglas. Explican que el agua que sale de Entrepeñas y Buendía se reparte entre el Tajo, el Segura y la evaporación. Tratándose de megaembalses, el volumen que se evapora no es baladí: en julio fueron 15,3 hm³ y 13,9 en agosto. Mucha agua, el equivalente a cuatro asignaciones mensuales para abastecer a la población del Segura.

El agua que se desembalsa para los usos consuntivos del Tajo son, algunos años, inferiores a lo que se deriva al Segura. No así con los caudales ecológicos mínimos, que pasarán de 6 a 8,6 hectómetros cúbicos en el año 2027, el equivalente a 80 hm³ anuales que irán a cargo de las reservas de la cabecera y, por lo tanto, a costa del Trasvase. También crecerán las demandas para abastecimiento en Madrid y Ciudad Real.

Garrote y Cabezas señalan que la merma del Trasvase –esos 80 hectómetros, como mínimo– está ligada a los desembalses de referencia y a los caudales ecológicos, que, a juicio de ambos, se basan en unos cálculos débiles. Añaden que el papel de las reglas es adaptarse a los excedentes que queden disponibles para ser distribuidos de forma mensual o trimestral. En términos globales, el volumen medio anual trasvasado para abastecimientos y regadíos bajará de 320 a 220 hectómetros, principalmente para la agricultura.

Los expertos, junto a la abogada Isabel Caro y el catedrático de Derecho Administrativo y director del Instituto del Agua de la Universidad de Alicante, Andrés Molina, coinciden en que nos encontramos ante una «planificación fallida» por parte del Ministerio. No hay coordinación entre los planes de cuenca, las medidas en el Alto Tajo no se han llevado a cabo, y tampoco la depuración de las aguas del Jarama. ¿Se repetirá este escenario el próximo ciclo?

Mientras tanto, crecen las críticas y la desazón de los regantes por lo que consideran un trato privilegiado a Portugal (que recibe hasta 6.500 hm³ del Tajo) y un maltrato al Levante español (al que se le niegan 100 hm³). «Agua para Portugal, pero que no vaya nada al Levante. Así es la lógica demencial del Gobierno español. Para el Levante, desaladoras a 15 años vista y caras», se lamenta Lucas Jiménez.