Casi 15.000 contratos de alquiler subirán más de mil euros el próximo año en la Región

La ley de arrendamientos urbanos establece un plazo de cinco años para firmar un nuevo contrato para el alquiler de una vivienda. Dentro de ese periodo, la prórroga se sucede de forma automática: el alquilado puede seguir en ese piso o casa gracias a una renovación anual, con subidas de precio en base al IPC (si el alquiler es anterior a 2023) o según el Índice de Referencia de Arrendamientos de Vivienda (si es posterior a esa fecha). Una vez que se cumple un lustro, el dueño del inmueble puede decidir extinguir ese contrato y realizar uno nuevo, en el que la subida ya no está fijada por ninguno de estos indicadores.

Precisamente esta es la advertencia que ha lanzado el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, liderado por Pablo Bustinduy, en lo que se está dando a conocer como ‘la gran revisión’. Según un informe elaborado por esta entidad y recogido por Europa Press, con datos extraídos del Panel de Hogares elaborado por la Agencia Tributaria en colaboración con el INE y el Instituto de Estudios Fiscales, la extinción de esos contratos de alquiler va a afectar a casi 43.000 personas en la Región de Murcia, que son las que firmaron los 14.635 contratos de arrendamiento que se registraron durante ese 2021. El informe del Ministerio considera que la revisión de esos acuerdos encarecerá cada uno de los alquileres en casi 85 euros al mes, hasta alcanzar 1.013 euros más por vivienda en el año.

De media en el país, el Ministerio advierte que el encarecimiento llegará a los 1.735 euros, aunque las cifras varían extremadamente entre comunidades. La más afectada sería Baleares, donde el aumento supera los 4.600 euros más por alquiler al año, seguida de la Comunidad Valenciana, con 2.686 euros más, y Canarias, con 2.267. Solo el año que viene, se calcula que se extinguirán más de 630.000 rentas de pisos y casas en todo el país.

La subida en la Región de Murcia sería superior a la que el Ministerio calcula que se podrá dar en Galicia (980 euros), Extremadura (960), Castilla y León (902), Aragón, (831), Ceuta (784) y Melilla (328). Cataluña queda excluida de los cálculos por contar con zonas tensionadas que abarcan al 80% de su población. Asimismo, se excluyen el País Vasco y Navarra, dado que su situación no se recoge en el Panel de Hogares al tratarse de comunidades con régimen foral.

Dos euros más por metro

La diferencia entre los precios del alquiler de hace un lustro con los que hay en la actualidad queda clara al comparar el precio del metro cuadrado. En enero de 2021, este indicador alcanzaba en la Región de Murcia los 6,4 euros, lo que significa que una vivienda de 70 metros cuadrados se alquilaba por una media de 450 euros, según los datos del portal inmobiliario Idealista. En la ciudad de Murcia, este precio era de siete euros, mientras que en Cartagena rozaba los seis, el mismo coste que en Lorca. Tan solo cinco años después, la media de la Región de Murcia para un piso del mismo tamaño está ya en 616 euros: el metro cuadrado alcanza ya los 8,8 euros en toda la Comunidad. Pero en Murcia, este indicador está ya a 9,4 euros, y camino de rozar la barrera de los 10 euros, ya que ha subido en el último año un 9,6%; en Cartagena se queda en 8,5 euros por metro cuadrado, mientras que en Lorca cuesta ya 7,3 euros.

«Estamos en un periodo de la historia en el que prima la función económica de la vivienda en lugar de la social», resume Pablo Vidal, del Sindicato de Vivienda de la Región de Murcia. Desde esta organización, también recalcan que la subida del precio del alquiler afecta especialmente a una comunidad con la cuarta renta media más baja del país, lo que supone que «se sobrepasan con creces el 30% de los ingresos», en una precarización de los ciudadanos, que «ni siquiera con un empleo pueden asumir el coste». Para el sindicato, esta situación «no es una casualidad», sino que es «fruto de unas políticas neoliberales» y la falta de soluciones a largo plazo. «Esto no necesita una medida estrella, sino configurar un sistema de vivienda pública. Uno puede elegir comprar un coche más caro u otro, pero no puedes elegir tener una vivienda o no. Es necesario para tener una vida digna», recalcan desde la organización.

Para el Gobierno regional, la solución al problema es la «creación de un nuevo modelo de vivienda asequible», que ya tumbaron el resto de fuerzas en la Asamblea y que ahora se convertirá en un proyecto de ley para aumentar la oferta, «tanto en alquiler como en venta, para familias de rentas medias y para jóvenes». Para este último grupo saldrá la nueva convocatoria de ayudas al arrendamiento, después de que se denegaran cientos de solicitudes al haberse acabado los fondos. Desde la Comunidad, señalan que este mes se lanzarán las bases, con una financiación de dos millones de euros, y que incluirán puntos extra para aquellos que se quedaron fuera por falta de crédito y que cumplían los requisitos.