El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña, instructor de la nueva causa abierta esta semana por el presunto amaño de contratos públicos, ha dejado … este sábado en libertad provisional a la exmilitante del PSOE Leire Díez, al expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández y al empresario Antxon Alonso, dueño de la mercantil Servinabar, que aparece también en el centro de la causa que se investiga en el Tribunal Supremo contra el exdirigente socialista Santos Cerdán.
El instructor ha tomado esta decisión a petición de la Fiscalía Anticorrupción, única parte personada en la causa abierta el pasado miércoles y que se encuentra bajo secreto. Los tres sí quedaron libres con medidas cautelares: retirada del pasaporte, prohibición de salida del país y comparecencias quincenales en una sede judicial. Todos salieron por su propio pie del juzgado, acompañados de sus abogados.
Fuentes jurídicas presentes en los interrogatorios señalaron que Leire Díez y Antxon Alonso se acogieron a su derecho a no declarar porque desconocen el motivo de su detención ni los hechos que se le atribuyen. Vicente Fernández, presidente de la SEPI entre junio de 2018 y diciembre de 2019, sí respondió a preguntas del juez, del fiscal y de su defensa. Le preguntaron en concreto por su etapa como asesor comercial de Servinabar entre 2021 y 2023, aunque negó haberse aprovechado de su influencia por su anterior condición de máximo responsable de la sociedad estatal.
Las mismas fuentes señalaron que los contratos presuntamente amañados serían cinco, valorados en más de 132 millones de euros y su adjudicación se habría producido entre 2021 y 2022. Entre ellos están acuerdos licitados por las empresas públicas Tubos Reunidos, Enusa y Mercasa, y también los adjudicados por el Parque Empresarial del Principado de Asturias, en Avilés, gestionado por la compañía estatal Sepides, y otro por Residuos Melilla (Remesa).
Díez, Alonso y Fernández tenían además un grupo de WhatsApp llamado ‘Hirurok’, que traducido del euskera viene a significar ‘los tres’. En dicho grupo o en diversos correos electrónicos se han intervenido comunicaciones sobre sus actividades presuntamente ilegales. La investigación, no obstante, se encuentra en un estado muy embrionario, por lo que todavía restan muchas diligencias por practicar para conocer si hubo un delito de cohecho también por el presunto reparto de mordidas y cuantificar el daño al erario público.
Los tres fueron arrestados el pasado miércoles por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a raíz de sendas órdenes de detención del juez. Estuvieron en los calabozos de la comandancia de Tres Cantos (Madrid) las 72 horas que permite la ley antes de comparecer este sábado en sede judicial.
Más investigados
La operación de la Guardia Civil incluyó 19 registros en Madrid, Zaragoza, Sevilla y Bizkaia, y requerimientos de información a entes públicos y direcciones generales de varios ministerios. Las pesquisas de la Unidad Central Operativa (UCO) están amparadas por una querella de Anticorrupción presentada ante el juzgado de guardia de la Audiencia Nacional el pasado martes. Se investigan delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal.
Los agentes registraron además dos sedes de Forestalia, una empresa de energías renovables, en Madrid y Zaragoza. Asimismo, se personaron en la SEPI y en empresas con participación pública como Mercasa (mercados mayoristas), Conaudure y Enusa (empresa nacional de uranio) para requerir información sobre adjudicaciones. También acudieron para solicitar documentación a Correos y direcciones generales de los ministerios de Hacienda y Transición Ecológica. Este departamento precisó que la Guardia Civil acudió a su sede para reclamar dos expedientes administrativos, que fueron facilitados a los uniformados «con total colaboración», agregando que «fueron tramitados con todas las garantías y siguiendo los procedimientos habituales establecidos».
Además de Díez, Fernández y Alonso, en la causa se encuentra investigado el expresidente de Enusa José Vicente Berlanga. Los investigados en estas pesquisas se elevan a más de una docena. En el caso de Leire, también figura como imputada por delitos de tráfico de influencias y cohecho en una causa que dirige el titular del Juzgado de Instrucción número nueve de Madrid, por presuntamente ofrecer favores a cambio de información sobre miembros del Instituto Armado y la Fiscalía Anticorrupción.
Por su parte, Vicente Fernández fue nombrado por el Gobierno presidente de la SEPI en junio de 2018, cargo del que dimitió en octubre de 2019 por su imputación en el ‘caso Aznalcóllar’, por el que acabó sentado en el banquillo por el supuesto amaño del concurso internacional para la adjudicación de la explotación de la mina sevillana. Le pedían 19 años de prisión pero fue absuelto hace solo una semana.
Además, Fernández aparece en la documentación que la Hacienda Foral de Navarra remitió al Tribunal Supremo en el marco del ‘caso Koldo’ sobre la información tributaria de Servinabar. En esos documentos se detalla que recibió un total de 68.632,48 euros en 2021 y 33.251 euros en 2023. También consta que le fueron retenidos 40.800 euros en 2022. Según fuentes de su defensa, trabajó como comercial para abrir nicho de negocio en el sur de España. Antes fue letrado de la Junta de Andalucía, interventor de la administración autonómica y secretario general de Industria durante el Gobierno de Susana Díaz.
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Enlace de origen : El juez deja en libertad a Leire Díez, Antxon Alonso y el expresidente de la SEPI
