La falta de autonomía financiera se ha convertido en un serio inconveniente para las confederaciones hidrográficas en España. Los organismos de cuenca, administraciones dependientes del … Ministerio para la Transición Ecológica, han alertado de la «insuficiencia presupuestaria» que sufren para acometer los objetivos ambientales que se plantean para cada ciclo hidrológico y el desarrollo de las medidas que obliga a implantar la directiva europea del agua.
Esa «falta de financiación», un problema «actual» que también golpea a la Confederación Hidrográfica del Segura, propicia el lento avance del programa de actuaciones que deben acometer estas instituciones para cumplir sus planes de cuenca. Este escenario se agrava aún más con la prórroga desde 2023 de los Presupuestos Generales del Estado, lo que ha obligado depender más de los fondos europeos Next Generation.
La solución que plantea el Ministerio, a través de las confederaciones, es impulsar de cara a la próxima planificación hidrológica 2028/2033 una reforma tributaria del régimen financiero del Texto Refundido de la Ley de Aguas en España, de forma que estos organismos puedan ganar independencia económica. La propuesta pasa por que la CHS se beneficie de nuevas figuras impositivas «que permitan recaudar» el 100% de los costes ambientales que asume, unos 278 millones de euros anuales, y ganar así autonomía financiera.
La Confederación, que plantea este tema como un debate importante que debe tenerse en cuenta de cara al siguiente plan de cuenca, considera «necesarias» nuevas tasas ambientales «sobre la contaminación difusa, el deterioro hidromorfológico que se observa en nuestras masas de agua, la presencia de especies alóctonas e incluso de especies invasoras peligrosas». Esto permitiría a los organismos «aplicar el principio de ‘quien contamina paga’ y obtener la financiación necesaria para afrontar la resolución de estos problemas», que cuestan mucho dinero a las arcas estatales.
Las cifras
65%
grado de recuperación
de costes totales por la CHS, tanto financieros como ambientales
96
millones de euros
ingresó la CHS entre 2017 y 2023 por pago de cánones, tarifas, transferencias o multas
Estas figuras impositivas «podrían establecerse como un tributo ambiental general unido a un tributo sobre el agua misma, que aun siendo bien de dominio público, está actualmente exento de tributación» por la Ley de Aguas. En líneas generales, la CHS plantea que la financiación de las distintas actividades relacionadas con la planificación, gestión y control de la utilización del agua queden ligadas a distintas figuras impositivas (tarifas, cánones o tasas) que ya existen o que pudieran crearse, o bien elevar la tributación general de los ciudadanos (IRPF u otros impuestos) para destinar más fondos a cubrir las obras y actuaciones pendientes en la cuenca del Segura, de las que se hace cargo tanto el Estado como el Gobierno regional.
Industria farmacéutica
Dichas medidas traspasan las fronteras competenciales de Transición Ecológica, y deberán negociarse con el Ministerio de Hacienda y otros departamentos. La Confederación propone otras alternativas para salvar la falta de financiación, como que la industria farmacéutica y de cosméticos asuma el 80% del coste del tratamiento cuaternario en las depuradoras para eliminar sustancias químicas asociadas a esta actividad, un coste total que asciende a 21 millones de euros anuales.
La institución apremia también a «mejorar la justificación de la aplicación del principio de ‘quien contamina paga’» para que sectores como el agrícola o el ganadero asuman el impacto que causan sobre acuíferos o cauces por los fertilizantes nitrogenados o los purines. Emplaza también al Gobierno regional a revisar sus tasas y cánones de los servicios de depuración para recuperar los costes ambientales.
El Estado debe asumir más de 2.300 millones de euros (otros mil millones los ponen los gobiernos autonómicos y ayuntamientos) para cumplir en su totalidad con el programa de medidas del presente plan del Segura. Como recordó el pasado jueves la consejera de Agricultura, Sara Rubira, el presupuesto de la CHS para la planificación vigente está invertido en un 50% a falta de dos años para su finalización.
La propia Confederación reconoce en su documento de ‘Esquema provisional de Temas Importantes’ para el cuarto plan del Segura que «los problemas presupuestarios han derivado en una paulatina reducción de las inversiones que ha acometido» el Gobierno central en la demarcación del Segura: «Las inversiones desde 2013 se han reducido considerablemente frente a los valores previos a la crisis de 2008».
Por otro lado, existe el problema de la «inelasticidad de las tarifas y cánones», que impiden trasladar al usuario «los incrementos de coste hasta la revisión formal de las mismas». En el caso de la CHS, este problema se centra en los costes de operación y mantenimiento del Trasvase Tajo-Segura, que son variables año a año y dependen de la cantidad de agua trasvasada, así como del coste energético de los bombeos (variable en función del mercado eléctrico). «Los sobrecostes que puedan producirse en un determinado año no se regularizan hasta la aprobación de la siguiente tarifa», lamenta la Confederación.
Exención de costes
La Confederación Hidrográfica del Segura tiene tres herramientas para recuperar los costes financieros y ambientales que asume: el canon de regulación de los recursos hídricos de la cuenca, la tarifa de utilización del agua y el canon de control de vertidos. Estas tasas no incluyen un precio sobre el agua, sino exclusivamente sobre los servicios de regulación y transporte que proporciona a los usuarios el Estado a través del organismo de cuenca. La tarifa del Trasvase permitió a la CHS recaudar 40,5 millones de euros entre 2017 y 2023, mientras que por la regulación de agua para la agricultura de regadío en la cuenca cobró en el mismo periodo 1,65 millones de euros.
La Confederación recuerda que el incremento de la producción de agua desalada por la ampliación de las desaladoras de Torrevieja, Águilas y Valdelentisco, así como por la construcción de dos nuevas plantas en Alicante y Águilas con una capacidad de 150 hectómetros cúbicos, «estaría condicionado a la existencia de un régimen tarifario que no comprometiera la viabilidad de los usos socioeconómicos actuales, ya que el recurso desalinizado presenta una elevada tarifa media frente a las tarifas inferiores de otros recursos naturales y convencionales».
Es por ello que prevé mantener la exención de costes, con la subvención pública en la compra de agua desalada, para los regantes de la Región de Murcia hasta 2033, si los recursos se destinan a «eliminar situaciones de infradotación y de sobreexplotación de aguas subterráneas».
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Enlace de origen : El Miteco plantea más fiscalidad ambiental para salvar la falta de financiación de la CHS
